Ayuso usa 43 millones para dar becas a alumnos que estudian el bachillerato en colegios privados

El Gobierno de la Comunidad de Madrid destinará 43.497.750 euros el próximo curso a financiar que más de 15.000 alumnos estudien con beca pública en centros privados puros la etapa de bachillerato, que no es obligatoria. Esa decisión es tan polémica que incluso contradice la posición que había mantenido hasta ahora al respecto el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En 2020, cuando EL PAÍS adelantó que la Administración regional pagaba plazas de este tipo aprovechando un programa anunciado exclusivamente para centros concertados en ESO, el Gobierno culpó de la situación al Ejecutivo anterior (de Ángel Garrido) y avanzó que actuaría para que no volviera a suceder. Dos años después ha ocurrido lo contrario: se multiplicará el dinero público para pagar estudios de bachillerato en todos los centros privados, tuvieran o no etapas educativas obligatorias concertadas. Justo lo que reclamaba Vox, el único socio parlamentario posible del PP.

“[La libertad de elección de centro, que defiende el Gobierno autonómico] podría verse limitada si los alumnos no pueden completar sus estudios postobligatorios en el centro donde han venido realizando la enseñanza obligatoria, debido a razones socioeconómicas”, argumenta el consejero de Educación, Enrique Ossorio, en una orden publicada este lunes en el boletín oficial de la región. Y concluye: “Para el curso 2022-2023, se extiende la posibilidad de solicitar becas para el estudio de bachillerato a todos los alumnos escolarizados en centros privados autorizados por la Consejería competente en materia de educación, ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid”.

Así, la Comunidad de Madrid establecerá un límite de renta per cápita familiar (la cifra resultante de dividir el total de ingresos de una familia entre el número de sus miembros) para optar a recibir la beca. En el caso del sistema hasta ahora vigente para los privados con etapas educativas obligatorias concertadas, esa cifra era de 10.000 euros. Ahora se abre más la mano: podrán beneficiarse todas las familias con una renta per cápita inferior a 35.913 euros.

¿Por qué el sistema ha acabado beneficiando a los centros privados puros, cuando se anunció en 2018 únicamente para los privados con etapas concertadas? Los servicios jurídicos de la Comunidad advirtieron ya entonces de que la distinción que establecía el programa implantado en 2019 por el gobierno de Garrido podía suponer un problema. Y la asociación de colegios privados e independientes Cicae (Círculo de Calidad Educativa) presentó alegaciones, denunciando que el proyecto agraviaba a los privados puros al beneficiar únicamente a los privados concertados. Eso provocó un cambio para que, momentáneamente, el dinero público llegara a todos los centros de este tipo, sin distinciones.

La polémica consecuente estalló en pleno gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, la pasada legislatura, y ya con Díaz Ayuso como presidenta, puesto que el acuerdo de gobierno que unía a los dos partidos especificaba: “Impulsaremos la extensión progresiva del Cheque de Educación Infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados”.

Para acabar con la controversia, el Ejecutivo aseguró que trabajaría para que el programa impulsado por Garrido fuera reformado, y quedara “restringido solo a concertados, excluyendo a privados puros”. Y así se hizo: las becas, desde una orden de 2021, eran solo para centros que tenían la ESO concertada. Dos años después, sin embargo, se ha vuelto a abrir el grifo del dinero público a los privados puros. Y el cambio es total: se pasa de un presupuesto de nueve millones para que estudien el bachillerato unos 3.000 alumnos, a otro de 43 millones para 15.000 estudiantes.

Lo importante de esa cifra se entiende por comparación: en el curso 2021-2022 hubo 2.860 becados en bachillerato, 7.669 en FP Superior, y 29.002 en guarderías, según documentación enviada por el Gobierno al Parlamento regional.

Contactados por este diario, los sindicatos han expresado su sorpresa y malestar por la medida. Los colegios privados representados por Cicae la han celebrado, considerándola “un acierto”. Por su parte, Vox ha expresado su malestar porque el PP haya impulsado unilateralmente la medida justo cuando la extrema derecha la iba a defender en la Asamblea.

“Para UGT es un engaño disfrazar de ayuda a las familias lo que claramente es una financiación a los centros privados”, lamentan en esta organización sindical, que “denuncia la política de privatización de la Consejería, que continúa aumentando la financiación a los centros privados, así como la diferencia de trato respecto a la red pública, en la que prosiguen la disminución de la oferta de modalidades y optativas, lo que obliga a una parte importante del alumnado a abandonar su centro de referencia y solicitar un cambio de instituto”. Y añade: “Educación continúa su política de desvío de dinero público para centros privados”.

“Ahora financian a 15.130 alumnos, que van a cobrar, de media, 2.875 euros”, resume Comisiones Obreras. “Esa cantidad no garantiza la gratuidad de los estudios, es solo una ayuda a cuenta, por lo que las familias de estos alumnos seguirán teniendo que hacer frente a pagos para que sus hijos estudien”, recuerda el sindicato. “Con esos 43 millones se podían construir 2.900 plazas en institutos, es decir, unos cinco Institutos de 600 plazas cada uno”, ejemplifica. “Es una cantidad muy superior a la que se destina en el Presupuesto de 2022 para inversiones, de obra nueva o reposición, en Educación Secundaria”.

Además, durante el próximo curso 2022-2023, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estrenará las ayudas para los estudios de Formación Profesional de Grado Medio: 2,4 millones para becar a unos 1.100 alumnos beneficiarios, cerca del 20% del total en estos centros.

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