Absueltos los exconcejales Mato y Mayer y condenado el PP por actuar “con mala fe” en el ‘caso Open de Tenis’

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los exconcejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, que formaron parte del equipo municipal de Manuela Carmena, y a la exresponsable de Madrid Destino Ana Varela de los delitos de prevaricación y malversación en el denominado caso Open de Tenis de Madrid. El tribunal no solo les exime de responsabilidad penal, sino que condena a la acusación, que ejercía el Grupo Municipal Popular del Consistorio, al pago de las costas por actuar “con temeridad” y “mala fe” al mantener la acusación contra Mayer “sin ninguna concreción acusatoria” y sabiendo que cuando se produjeron los hechos ella se encontraba en situación de licencia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que firmó la querella por entonces, ha dicho que “respeta” la decisión judicial. “Acatamos la sentencia. Creemos que hicimos lo que debíamos hacer. No teníamos intención de recurrir”. Almeida llamó “delincuentes” a los dos ediles durante estos años.

“Nos hemos enterado por la mañana”, cuenta Mayer por teléfono. “Han sido cinco años durísimos. Nos pedían cinco años de cárcel. La condena dice que hemos actuado en defensa del interés público. Esto es una práctica habitual del PP, que está inmerso en decenas de casos de corrupción. Con esto pretenden tapar sus casos. Una vez más la justicia demuestra que esto es un uso torticero y un insulto a la ciudadanía”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado los años que sus colaboradores ―Mayer y Sánchez Mato son desde octubre altos cargos como asesores de Igualdad― han pasado “injustamente criminalizados” por el “falso escándalo creado por el PP”. “Lo grave es que llevan años siendo injustamente criminalizados y nadie reparará ese daño. Ojalá su absolución ocupe las mismas portadas que el falso escándalo creado por el PP”, ha destacado Montero. “Se lo dije al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el último pleno entre abucheos de todo su Gobierno, pero la Justicia lo confirma: usaron la Justicia para hacer política partidista e intoxicar”, ha dicho por su parte la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. La de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha celebrado también la noticia: “Después de cinco años de persecución, nuestros compañeros han sido absueltos de una denuncia que interpuso el PP contra ellos porque pretendían combatir la corrupción y abrir los cajones en el Open de Tenis”.

Fueron el PP y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, quienes se querellaron en 2017 contra los tres por encargar “a dedo” y “sin publicidad” a dos despachos de abogados que investigaran posibles irregularidades en contratos del Open de Tenis durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. “No se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales”, señala la sección séptima de la Audiencia, en una sentencia que puede ser recurrida. En el juicio, la Fiscalía de Madrid tampoco vio indicios de delito y pidió la absolución.

La resolución explica el inicio del caso, cuando Varela, consejera delegada de Madrid Destino, comenzó a sospechar sobre la legalidad de los compromisos y obligaciones que esta empresa pública asumió en previos acuerdos suscritos para la organización y celebración del Mutua Madrid Open, unos onvenios por los que el Consistorio debía afrontar importantes desembolsos económicos. Tras consultas a los expertos del Ayuntamiento y a la asesoría jurídica, solicitó diversos informes jurídicos externos, al igual que hizo Sánchez Mato, como presidente en funciones de Madrid Destino y después como Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Se encargaron informes a dos despachos de abogados, por valor de 50.000 euros, sobre los contratos suscritos entre la empresa pública y la mercantil Madrid Trophy Promotion. Lo hicieron sin el conocimiento de la entonces alcaldesa Carmena, que posteriormente lo consideró “un error”.

El pago con dinero municipal de esos informes fue objeto de la denuncia del Grupo Municipal Popular, pese a que, según la Sala, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora” Sobre todo, prosigue, tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, “que son bien elocuentes de las, cuando menos, discrepancias jurídicas y económicas llamativas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores, y de la entidad de las consecuencias perjudiciales que pudieran tener para las arcas municipales tal y como se alertaba en dichos informes jurídicos”. Tras valorar los informes jurídicos cuestionados, los tres acusados interpusieron el 23 de marzo de 2017 una denuncia por prevaricación administrativa y malversación ante la Fiscalía, que acabó siendo archivada por un juez.

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