El pelotazo de los colegios concertados de Madrid: pagan 1.500 euros al mes de media por usar parcelas públicas hasta casi el siglo XXII

Los concesionarios que gestionan la treintena de colegios privados concertados adjudicados por la Comunidad de Madrid en el siglo XXI apenas pagan 17.543,45 euros al año de media a la Administración autonómica por explotar las parcelas públicas sobre las que han construido sus centros, según información referente a 2021 y obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Eso equivale a casi 1.500 euros al mes. Sin embargo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, apuestan ahora por facilitar aún más que maximicen sus beneficios: están dispuestos a ceder a coste cero, gratis total, dos parcelas valoradas en más de 11 millones de euros para construir dos nuevos privados concertados que el concesionario explotará hasta casi el siglo XXII. En paralelo, la Administración regional financiará los estudios de los alumnos, permitirá que los concesionarios multipliquen ingresos al abrir etapas educativas en régimen privado (de pago directo por las familias), y también engordará sus cuentas dando becas públicas en esos cursos privados puros y no obligatorios (como bachillerato). Una operación perfecta.

“Los cánones que pagan los colegios privados concertados que usan parcelas públicas los fijan los Ayuntamientos y son ellos mayoritariamente quienes reciben estos pagos”, afirma un portavoz gubernamental, pese a que los pliegos de las concesiones los redacta la Comunidad y en el listado proporcionado por ella misma solo figura un caso en el que se detalla que es un municipio quien recibe el ingreso (los 65.000 euros que se paga a Leganés por usar la parcela del colegio Antanes).

Así, en 2021, la Comunidad de Madrid había adjudicado más de 600.000 metros cuadrados de parcelas públicas a gestores privados a cambio de 578.933,84 euros, lo que supuso valorar el uso del suelo público en menos de un euro por metro cuadrado al año durante aquel ejercicio. Y eso, cuando la Administración cobra: hay pliegos que llegan a recoger un periodo de carencia para que no se pague nada durante los primeros años de la concesión de ese suelo, muchas veces de origen municipal, aunque lo ceda la Comunidad. Por eso, el gasto de los concesionarios está en la diana incluso de los colegios privados: del suelo de los 2.663,92 euros de canon anual que se pagó en 2021 por la ampliación del colegio Ártica al techo de los 131.822,19 del colegio Valdefuentes, la competencia no pierde detalle de las cifras.

“La Comunidad de Madrid impulsa un modelo basado en la cesión de suelo público que atrae a empresas que encuentran en el concierto una forma de negocio y gran lucro, lejos del carácter social y el espíritu educativo”, lamentó ya en noviembre la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), inquieta porque el Ejecutivo de Díaz Ayuso haya empezado a promover los primeros privados concertados de la región desde 2013. “La crítica se basa en la experiencia que ya se ha vivido anteriormente con este sistema, en el que se ceden terrenos públicos por debajo del precio de mercado y ahora, por primera vez, de manera gratuita”, se leía en un comunicado. “Se suma que el adjudicatario cuenta con exenciones fiscales, con el pago de los gastos del personal y de funcionamiento a través del concierto [con dinero público] y con una doble vía de financiación, al percibir cuotas muy elevadas que cobran a las familias por la escolaridad de los alumnos en etapas obligatorias, bajo autorización de la Administración”, añadía. Y denunciaba, en defensa de los intereses de sus asociados: “Esta iniciativa es un paso más hacia el desarrollo de un modelo, contrario a la ley, en el que los centros concertados funcionan como privados, aunque subvencionados por fondos públicos”.

Además, CICAE se unió a la FAPA Francisco Giner de los Ríos para presentar un estudio lleno de cifras llamativas. Por ejemplo, que el 100% de los centros concertados de la Comunidad de Madrid analizados cobra cuotas a las familias (119,5 euros de media mensual), y que la tasa de exclusión ante la imposibilidad de pago es la más alta de España (31%), según sus datos.

“La normativa en esta materia es clara”, defendió entonces el número dos del Gobierno regional y consejero de Educación, Enrique Ossorio. “La administración educativa de la Comunidad de Madrid lo que quiere es que se cumpla, aplicando el principio de voluntariedad de los padres a la hora de decidir si sus hijos hacen unas u otras actividades, el carácter no lucrativo de los precios y las cuotas, la no discriminación de los alumnos que no quieran participar y la información a las familias”, añadió. Y precisó: “En el curso 2021-2022, la Inspección Educativa supervisó todos los concertados de Madrid capital, y 38 del resto de la Comunidad de Madrid, y solo hubo cuatro comisiones de conciliación”.

Una posición coincidente con la de Educare, referente en el sector de la gestión de colegios concertados, y que en 2022 pagará 615.275 euros en cánones a las distintas administraciones públicas de la región con las que tiene un acuerdo, según información proporcionada por su departamento de prensa.

“El horario lectivo oficial que se presta en nuestros colegios es gratuito y obligatorio, para todas las familias en horario de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 en Infantil y Primaria, y de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 en la ESO”, puntualiza un portavoz. “Todas las demás actividades educativas y servicios escolares son voluntarias para las familias y se realizan fuera del horario lectivo oficial”, añade. “Todos nuestros centros son supervisados frecuentemente por la alta inspección educativa de la Comunidad de Madrid, sin encontrar defecto alguno”, sigue. “Todas las familias que escogen nuestros colegios para escolarizar a sus hijos lo hacen libremente y contratan o se matriculan en aquellas actividades o servicios escolares que desean”.

El modelo educativo de Madrid, y el renovado impulso decidido por Ayuso para dotar a la región de más privados concertados, estarán en el corazón de la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. No obstante, poco cambiará el resultado, incluso si gobierna la izquierda. La mayoría de los conciertos educativos tiene una vigencia de 75 años. Los que ahora quiere firmar la presidenta regional serán de 40, extensibles al tope legal de 75. De esta manera, los hay que estarán en vigor en 2087, e incluso en 2.098, si los que ahora se tramitan apuran el plazo máximo. Dicho de otra forma: el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están cediendo terrenos públicos a empresas privadas hasta casi el siglo XXII.

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