El PP y Vox de Majadahonda votan en contra de reducir el tráfico y tachan la política ambiental de “religión climática de Occidente”

En Majadahonda hay un medidor de calidad del aire en la entrada de un campo de golf. Pero ni aun así, lo que marca este aparato cumple con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación. No lo hace casi ningún sitio, matizan los expertos. Por eso, la ley de Cambio Climático y Transición Energética marca unos plazos para que las ciudades de más de 50.000 habitantes bajen paulatinamente las emisiones de gases y partículas a la atmósfera. Pero en este municipio de 71.000 vecinos, que está obligado a crear unas zonas de bajas emisiones con restricciones al tráfico, algo parecido a un Madrid Central, los que gobiernan han decidido que se niegan a cualquier medida ambiental que “modifique la vida de las personas”. Otra vez su libertad. Así, el PP ha apoyado a Vox en una propuesta aprobada en el pleno del Ayuntamiento el 26 de enero que rechaza todo lo que huela a “la religión climática de Occidente”.

Para las fuerzas conservadoras, las restricciones al tráfico no son negociables. Como si “la vida de las personas” que mencionan no dependiera de este tipo de medidas también. La ley no contempla qué sucederá si un municipio se declara insumiso en esta cuestión y se niega a obedecer un mandato nacional, y hasta ahora en toda la Comunidad de Madrid solo Rivas-Vaciamadrid y la capital cuentan con este tipo de áreas operativas. El resto de los municipios debían adherirse a lo que marca la norma antes de 2023.

El texto, redactado por Vox, y aprobado con algunas modificaciones por los 10 concejales del PP —como las que criticaban el Madrid Central, que mantiene su colega José Luis Martínez Almeida—, se muestra impasible a lo recomendado no solo por la OMS, la Comisión Europea y la comunidad científica. Y asegura tajante: “Estas agendas globalistas no tienen ningún plan realista que garantice la preservación del medio ambiente, sus medidas, únicamente van destinadas a crear un orden político nuevo que modifique sustancialmente la vida de las personas. Las llamadas “transiciones ecológicas” consisten en trasferir ingentes cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites que impulsan la agenda climática”.

Las fuerzas de Gobierno de este municipio residencial, ubicado a unos 15 kilómetros de Madrid, consideran —sin base científica alguna— que no existe ninguna relación entre el tráfico y los niveles de contaminación. Para justificar su tesis, muestran en el documento unas gráficas con datos difícilmente visibles que tratan de sostener objetivamente sus argumentos. Pero esos mismos datos de calidad del aire por años (que puede consultar aquí) son los que contradicen sus argumentos. Ellos aseguran que en 2020, en pleno confinamiento y restricción de desplazamientos, las emisiones no variaron respecto a años anteriores. No obstante, las cifras de emisiones sí bajaron en todos los valores, excepto del ozono. En el caso del dióxido de nitrógeno, que está fuertemente relacionado al tráfico, cayeron en cuatro puntos en pandemia, cerca de un 20% respecto al año 2019.

La propuesta aprobada por un voto de diferencia con la oposición —Ciudadanos y PSOE suman 12 concejales, frente a los 13 de la coalición PP-Vox— concluye que las zonas de bajas emisiones son una “imposición” que “ni los españoles ni majariegos hemos votado y que van en contra de nuestros intereses”; que “no existen datos contrastados que lleven a pensar que las restricciones al tráfico mejoren la calidad del aire y, en cambio, sí suponen un claro trastorno de los hábitos de los ciudadanos”, y, por último, dejan abierta “la posibilidad de cumplir con la normativa” siempre y cuanto no se establezcan restricciones al tráfico. Algo que los expertos consideran imposible, pues más del 70% de las emisiones las provocan los vehículos.

“Estos señores se creen que están por encima de la comunidad científica mundial, es la sinrazón total y absoluta. Pueden sublevarse como insumisos también contra la ley de la gravedad si quieren. Es un brindis al sol lo que hacen”, se queja uno de los miembros de la comisión de Movilidad y Transporte de Ecologistas en Acción, Juan García. “Esta propuesta de Vox es demencial, diciendo que obedece a criterios de grandes monopolios, cuando con esto son ellos los que defienden a las compañías petrolíferas. Es completamente falso y dudo que alguien se lo crea. No tiene ninguna base científica”, agrega.

No es el único que se ha indignado con la medida. Desde la Plataforma por la Educación pública en el municipio denuncian también que esta medida va en contra de lo que llevan pidiendo años para contar con espacios escolares con mejor calidad de aire, pero también con menos tráfico, por la seguridad de los niños: “Llevamos meses trabajando en un proyecto de entornos escolares seguros y saludables, que es mucho más amplio, pero incluye zonas restringidas al tráfico en zonas de colegios. Nos parece terrible esta medida y que sitúa al equipo de Gobierno en la insumisión. De hecho tenían que estar ya creadas estas zonas, la ley dice antes de 2023″, apunta Elsa Campano.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena, va más allá en su crítica a la medida. Explica que Madrid, así como la mayoría de municipios contaminantes del país, aprobó por los pelos el límite que marcó la Comisión Europea para antes de este año. Y advierte que el organismo ya ha presentado un nuevo proyecto que reduce los niveles de emisiones a la mitad de lo que permitía hasta ahora, una medida que está prevista para mediados de año. “Por tanto, con propuestas de este tipo van en contra de todo lo que se ha propuesto en Europa en ese sentido”, señala Bárcena. “Que lo haya propuesto Vox no me extraña. Me asombra que el PP lo haya apoyado”, agrega.

Bárcena lamenta que se abra un debate que “niega el vínculo entre la contaminación atmosférica y la salud”. “Esto es negacionismo puro, es lo mismo que se decía sobre el tabaco. No hay vuelta de hoja”, sentencia el activista. Insiste en que le resulta más grave que el PP haya apoyado una medida después de que hayan celebrado los resultados ambientales que les dio Madrid Central —promovido por la anterior alcaldesa de la capital, Manuela Carmena—, pese a que prometieron en campaña eliminarlo en cuanto llegara Almeida (del PP) al poder. “Intentaron cargárselo por todos los medios y gracias a que no lo consiguieron, cumplieron con los objetivos ambientales este año, aunque fuera por los pelos. Y ahora se ponen la medalla”, remata.

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