Ayuso y Vox: cuatro años de desamor con el poder y la aversión a la izquierda como nexo de unión

Nunca fue tan verdad que el tiempo es oro, ni fue posible cuantificar tan exactamente lo que valen seis minutos. 2 de diciembre de 2022. Vox registra a las 12:06 sus 80 enmiendas a los Presupuestos para 2023 del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Como el plazo ha vencido al mediodía, sus propuestas son inadmitidas. La Mesa del Parlamento, controlada por el PP, no hace excepción alguna. Vox se niega a aprobar unas cuentas públicas en las que no ha dejado su sello. Y así estalla la alianza de conveniencia entre la extrema derecha y los conservadores: el PP se queda sin 2.705 millones más de gasto para abonar el camino de Ayuso hacia las elecciones del 28-M, y Vox aparece en fuera de juego por su error burocrático. Las escaramuzas entre los dos partidos, que habían arrancado durante la primera legislatura de Ayuso como presidenta (2019-2021), acaban en guerra abierta al final de la segunda (2021-2023).

- “Dios no me hizo perfecta, y por eso no soy de Vox”.

Esa frase, pronunciada por Díaz Ayuso nada más llegar al poder, refleja lo difícil que ha sido una relación de doble filo. De un lado, PP y Vox se sienten obligados a pactar en el Parlamento regional para evitar que la izquierda logre sus objetivos. Del otro, se sienten azuzados a competir porque luchan por seducir al mismo electorado. Eso ha provocado una tensión constante en la Cámara autonómica, donde la extrema derecha ha amagado sin pegar durante la legislatura que ahora acaba: casi siempre ha acabado plegándose a los intereses del PP.

Sobran los ejemplos. En 2021 y 2022, Vox amenazó con abrir una comisión para esclarecer las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia, y se desdijo cuando Díaz Ayuso le llamó a capítulo. Vox anunció su oposición a la ley de autonomía financiera que patrocinaba el Gobierno, y acabó permitiendo su aprobación. Vox clamó al cielo por que el Metro tuviera que endeudarse para no perder 142 trenes que ya tenía circulando por sus vías, y luego permitió que el PP sacara adelante la operación con el extraño método de no participar en la votación.

“Hemos sido un socio leal, hemos aprobado 26 leyes que son buenas para los madrileños”, se defendió este jueves Rocío Monasterio, la líder de la extrema derecha en la Cámara regional, tras escuchar las palabras de ruptura pronunciadas por Ayuso. Y eso que el botín de Vox cuando se ha plegado a los intereses del PP ha sido escaso.

En 2021, por ejemplo, le arrancó a los conservadores un compromiso para reducir el número de diputados de la Asamblea, lo que requeriría también del apoyo de la izquierda: nunca se puso en marcha.

A cambio de permitir que el PP controlara Telemadrid, obtuvo una reducción del 10% en el Presupuesto de la radio y televisión públicas madrileñas.

Por aprobar la ley ómnibus, un compendio de cambios legales clave para el Ejecutivo, logró que se eliminara la obligatoriedad de hacer estudios de impacto de género en materia urbanística, que recogen las normas de igualdad y contra la LGTBIfobia de la región.

Y, tras toda una legislatura intentando arrinconar al PP con iniciativas sobre las que Madrid no tiene competencias (menores no acompañados, memoria histórica, aborto...), vio cómo Ayuso intentaba atraer a sus votantes con un difuso compromiso con la derogación de la ley trans autonómica... para la próxima legislatura.

Así, Vox ha sucumbido a una aritmética parlamentaria favorable al PP —que no tiene mayoría absoluta pero se acerca mucho— que debilitó siempre su posición negociadora: para frenar las iniciativas de Ayuso tenía que votar junto a Más Madrid, PSOE y Podemos. Los datos lo dicen todo sobre quién se ha beneficiado de esta relación explosiva. Vox ha permitido al PP sacar adelante una treintena de iniciativas legislativas —entre ellas, varias rebajas del tramo autonómico del IRPF, La Ley de Autonomía Fiscal y Financiera, la de Infancia o la de Servicios Sociales—, y solo se ha posicionado en contra de menos de una decena de las propuestas conservadoras (como la creación de la Agencia de Ciberseguridad). En cambio, el PP ha tumbado 34 propuestas de la extrema derecha, según las cuentas de los ultras.

Por su parte, el PP se queja de las dificultades para negociar con un partido “imprevisible”, lamenta que su teórico socio rechazara en el último pleno la iniciativa para bonificar los patrimonios extranjeros que vinieran a Madrid y subraya que el balance presupuestario de las dos legislaturas de Ayuso es mínimo: unas cuentas públicas aprobadas de cuatro posibles.

Y, aun así, lo previsible es que los dos partidos vuelvan a entenderse tras las elecciones del 28-M, si de ello depende que la izquierda no gobierne.