167.000 euros de premio para el abogado que logre recuperar la joya colombiana del Canal de Isabel II

El Canal de Isabel II está dispuesto a pagar una prima de 182.000 dólares (unos 168.000 euros) por recuperar el control de la compañía colombiana Triple A, que perdió en diciembre de 2021, cuando el Gobierno de Colombia permitió a la Fiscalía aplicar una ley antinarco para expropiar la empresa. Así consta en un contrato para representar a la empresa pública madrileña ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales en el que ha denunciado el caso con el visto bueno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un conflicto internacional de primer orden por el que se ha movilizado la embajada de España y el ministerio de Exteriores, hasta ahora sin éxito, y que hunde sus raíces en la investigación de una trama de corrupción madrileña, el caso Lezo.

“Los arbitrajes llevan asociado siempre una prima de éxito”, explica un portavoz gubernamental sobre el contrato de 399.000 dólares (unos 368.000 euros) ganado por el despacho Cremades & Calvo Sotelo. “En este caso, el Canal de Isabel II fija una prima inferior a lo que se suele establecer en casos internacionales”, añade sobre un bonus que se rebajó desde la oferta inicial de 202.000 dólares (unos 186.000 euros) y que solo se cobraría “en el caso de que se obtenga una sentencia que desestime totalmente la demanda de extinción de dominio”. Es decir, si el Canal recupera todas las acciones, como si no hubiera pasado nada.

El origen de este conflicto se remonta a 2018. Entonces, la Fiscalía americana congela las acciones que tiene el Canal a través de Inassa en la Triple A con el argumento de que la compañía española cobró a la colombiana más de 60 millones por asesorías técnicas que no se produjeron. La decisión deja las acciones en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad pública colombiana que administra y gestiona activos provenientes de actividades ilícitas. El Canal pierde así una empresa que controlaba a través de Inassa desde 2001, una época de optimismo sin límite, alumbrada al calor del bum del ladrillo, en la que las empresas públicas de la región (también el Metro) se pusieron a hacer negocios en el extranjero. ¿Qué es lo que provoca la intervención? Una investigación conjunta de las fiscalías colombina y española en el marco del caso Lezo, y una declaración judicial.

Esto dice en sede judicial Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa y mano derecha en América del presidente autonómico Ignacio González. “Canal cobraba una asistencia técnica, entre paréntesis, que no daba, que no daba, y la cobraba mensualmente”, explica cuando le preguntan sobre la Triple A dominicana, otra compañía del grupo, pero especificando que el sistema funcionaba en “todas” las sociedades de este. “El Canal cobraba mensualmente como dos millones de euros por una asistencia técnica que nunca ha prestado”, subraya. “Era un pacto oculto de los accionistas (...) Ese dinero lo han cobrado los accionistas para pagar menos impuestos”.

En esa afirmación se sustenta la intervención de la Fiscalía colombiana, que a finales de 2021 da un paso más y se decide a vender las acciones congeladas en la SAE aplicando un mecanismo recogido en una ley antinarco (la enajenación temprana). Así, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, celebra la compra del 82% de las acciones de Triple A que estaban en poder de la SAE por la empresa municipal Alumbrado Público de Barranquilla (hoy K-yena). Gobernaba entonces Iván Duque. Pero en junio llegó al poder Gustavo Petro. Y con ese cambio, se frenó la venta de las acciones. Y algo más. Petro ordenó investigar si el precio pactado estaba por debajo del real.

Por lo tanto, el embrollo no cesa de crecer. A ese conflicto que enfrenta al Gobierno de Petro con la Alcaldía de Barranquilla se suma en diciembre de 2022 la denuncia contra Colombia que interpuso Canal de Isabel II, por medio de su filial Canal Extensia, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales.

La empresa española sostiene sus inversiones en Triple A fueron expropiadas ilegalmente por el Gobierno de Colombia, que habría actuado “sin la más mínima transparencia y en violación de las garantías básicas del debido proceso”. “Quebranta gravemente las obligaciones que Colombia adquirió en virtud del Acuerdo entre el Reino de España y Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2005 y en vigor desde el 22 de septiembre de 2007″, añade la denuncia, según recoge Efe.

Y así, con un conflicto jurídico y político enquistado, el Canal prepara su estrategia legal dispuesto a apurar todas las instancias necesarias.

“Canal Extensia, S.A.U. es una Sociedad Pública mercantil española que ostenta la titularidad directa en el accionariado de la sociedad de nacionalidad colombiana INASSA en un 81,84 %, a través de la cual ostenta la titularidad indirecta en la sociedad Triple A de Barranquilla en un 67,24% y directamente en un 1,16% de esta última”, se lee en el acuerdo. “Los servicios objeto del presente contrato comprenden, aunque de manera no exclusiva, la realización de todas aquellas acciones legales necesarias para la debida defensa y representación de los derechos e intereses de Canal Extensia, S.A.U. en todo el curso del procedimiento de extinción de dominio que se ha presentado contra INASSA sobre las acciones que mantiene esta última en Triple A de Barranquilla, en todas las fases del proceso, incluyendo el ejercicio de recursos hasta las últimas instancias hasta la emisión de la sentencia definitivamente firme”.

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