El pacto de Ayuso con Glovo para distribuir comida a población vulnerable: sin almuerzos entre semana y 29.000 envíos al año

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y la multisancionada Glovo firmaron el 17 de marzo un convenio para distribuir comida entre la población vulnerable de la región que recoge cláusulas para evitar que ese servicio gratuito interrumpa la marcha diaria del negocio. Desayunos y cenas deben ser solicitados en “horarios valle (mañanas hasta las 12 y primeras horas de la tarde de 16 a 19 horas) y en las zonas habilitadas por Glovo en su aplicación”. Y los almuerzos no se mandan entre semana. Así se recoge en el texto del acuerdo, publicado en plena Semana Santa en el boletín regional tras la polémica que provocó que en febrero se conocieran las negociaciones entre las dos partes. ¿La razón? La compañía, que ahora ofrecerá 80 servicios diarios y 29.000 anuales a usuarios de los cuatro comedores sociales públicos de la región, ha sido sancionada con más de 205 millones de euros por vulnerar los derechos de los trabajadores.

“El convenio establece 80 repartos [diarios], que pueden incluir varios desayunos, comidas o cenas para una sola persona o para varias, siempre con el límite establecido de ocho kilos por envío”, explica un portavoz gubernamental, que añade que es posible entregar varios días de comidas de una sola vez porque los platos correspondientes a los desayunos y cenas de toda la semana, y a los almuerzos del fin de semana, se envían ya cocinados y envasados. “Las comidas de lunes a viernes, en cambio, se preparan y sirven en las instalaciones”, añade este interlocutor para explicar que el almuerzo de lunes a viernes no sea parte del acuerdo con Glovo. “No obstante, en casos justificados de enfermedad temporal o problemas que impidan totalmente su desplazamiento al comedor por un tiempo, también se les enviará la comida de esta franja a su casa”, añade.

20 de febrero. La oposición estalla ante el contenido de la comparecencia del director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Ignacio Ayres, que avanza que será la Administración quien elija a los solicitantes beneficiarios (en función de problemas de salud temporales, movilidad reducida, o minusvalía) y luego se erige en el mejor defensor de la compañía. Así, llega a citar un artículo de Expansión que recoge que dos sentencias dan la razón a Glovo en su pugna con el Ministerio de Trabajo. Una noticia a la que la oposición contrapone otros datos. Por ejemplo, que Glovo ha sido castigada por actuar de forma improcedente con 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. Y que eso le ha supuesto sanciones por 205,3 millones de euros, 125,3 millones en multas y 80 millones en actas de liquidación de cotizaciones.

“¿Qué demonios hace la Comunidad de Madrid lavándole la cara a una empresa multirreincidente que si se ha destacado por algo ha sido precisamente por la vulneración de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras?”, pregunta, indignado, Emilio Delgado, de Más Madrid, el diputado que llevó la polémica a la Cámara y pidió explicaciones a la consejera del ramo, Concepción Dancausa.

“Ustedes no salen del modelo caritativo y del modelo del voluntarismo”, se queja Lorena Morales, del PSOE, en alusión a la erosión de los servicios públicos y a la apuesta gubernamental por depender de la buena disposición de la iniciativa privada, que en Madrid ya se ocupa, por ejemplo, de atender parte de la lista de espera de atención temprana. “¿Si no viene una empresa a regalárselo, no lo pensaban hacer? ¿Y lo van a hacer por parches?”, inquiere sobre el envío de comida a los beneficiarios con problemas de movilidad. “Porque, como Glovo no les va a dar la comida a estas personas, no comen; solo desayunan y cenan los días de diario y, luego, ya veremos cómo hacemos lo de la comida y si encontramos otra entidad que nos lo haga gratis”.

“Detrás de esto hay lobistas que han pensado que sería una buena manera de publicidad gratuita para una empresa como Glovo”, critica Paloma García Villa, de Podemos. “Yo creo que esto es algo ideológico, que ustedes creen que el modelo de Glovo es un modelo adecuado, que la gente trabaje a comisión sin un sueldo y como falsos autónomos les parece bien”.

Ninguna de esas críticas impide la firma del acuerdo, en el que se adquiere el compromiso de que los datos obtenidos solo se apliquen para dar el servicio. Son muchos los precedentes de la coordinación entre el gobierno de Ayuso (que visitó la sede de Glovo en 2021) y empresas privadas relacionadas con la comida. Así, durante lo peor de la pandemia del coronavirus, la presidenta regional defendió múltiples veces enviar menús de Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes a familias con derecho a beca de comedor por ser perceptoras de la renta mínima de inserción (RMI).

Este periódico solicitó aclaraciones sobre el convenio a Glovo, sin obtener respuesta. El acuerdo con la Administración estará en vigor hasta finales de año, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo cuatro años más.

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