El Gobierno de Ayuso crea un cuerpo de voluntarios “ilegal”, según asociaciones sociales que critican el empleo de mano de obra gratis

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la creación del primer Cuerpo del Voluntariado Joven de la región, integrado por adolescentes y jóvenes que trabajarán en comedores sociales y acompañando a personas con discapacidad y a mayores, en sus hogares particulares o en residencias. La idea suena bien, pero las apariencias engañan, según varias asociaciones con fines sociales consultadas por este periódico que han puesto el grito en el cielo, apuntando a la “ilegalidad” de la medida.

Estas entidades reprochan que las administraciones no pueden recurrir al trabajo gratis para cumplir...

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la creación del primer Cuerpo del Voluntariado Joven de la región, integrado por adolescentes y jóvenes que trabajarán en comedores sociales y acompañando a personas con discapacidad y a mayores, en sus hogares particulares o en residencias. La idea suena bien, pero las apariencias engañan, según varias asociaciones con fines sociales consultadas por este periódico que han puesto el grito en el cielo, apuntando a la “ilegalidad” de la medida.

Estas entidades reprochan que las administraciones no pueden recurrir al trabajo gratis para cumplir sus obligaciones y señalan que una ley estatal y otra autonómica lo prohíben. Recuerdan que en 2012 el equipo de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), tuvo que dar marcha atrás a su idea de buscar voluntarios para las bibliotecas públicas en medio de la gran recesión económica.

La Plataforma del Voluntariado Español, que impulsó la Ley del Voluntariado estatal de 2015, es tajante: “Es ilegal y esto no es una opinión”, dice su presidente, Luciano Poyato. “Las administraciones pueden fomentar que las personas se unan a asociaciones de voluntarios, pero no crear cuerpos propios de voluntarios”.

La Coordinadora del Tercer Sector en la Comunidad de Madrid, que agrupa a 214 pequeñas y medianas entidades sociales, también se opone con rotundidad a este nuevo órgano. “Los mayores necesitan la asistencia de profesionales y no puede ser que busquen ahorrar dinero reclutando voluntarios”, dice su secretario técnico, Rafael Escudero. “Se acabó el concepto de la caridad en los servicios sociales. Esto es lo mismo que quería Botella, pero ahora quieren ahorrarse pasta en trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales en las residencias”.

La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, hizo el anuncio del nuevo cuerpo de voluntarios el viernes durante un encuentro con periodistas, adelantando una información embargada hasta este lunes. Dávila explicó que los voluntarios, de entre 14 y 30 años, podrían “contagiar alegría” a las personas mayores o con discapacidad y que el nuevo órgano estaba guiado por la “filosofía del intercambio generacional”.

Dávila dijo que estos adolescentes y jóvenes cooperarían en proyectos del tipo Mil llamadas al día, que se irían poniendo en marcha de manera progresiva. Los voluntarios serían coordinados por los trabajadores de la Comunidad que se dedican a gestionar el Carné Joven, una tarjeta que ofrece descuentos en el transporte, el ocio y la cultura. Los participantes accederían a actividades deportivas y culturales junto con las personas mayores o con discapacidad.

Esta labor de acompañamiento a mayores lleva años siendo realizada por asociaciones. La propia Comunidad de Madrid puso en marcha el año pasado una Red Regional contra la Soledad No Deseada que coordina a esas entidades con 24 ayuntamientos y mancomunidades. Esa es una labor oportuna para los críticos del proyecto madrileño. Argumentan que los voluntarios deben participar en cuerpos externos a las administraciones y trabajar de manera puntual como complemento del sector público.

La Ley estatal del Voluntariado dice expresamente que las administraciones pueden fomentar, sensibilizar, promover, acompañar o impulsar el trabajo voluntario, pero no pueden crear este tipo de organizaciones. “La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley”, señala esta norma.

Y la Ley autonómica del Voluntariado, también del año 2015, contiene una prohibición semejante: “El voluntario y las organizaciones de voluntariado no llevarán a cabo actividades que sean realizadas por el personal al servicio de las administraciones públicas, no tendrán la consideración de personal al servicio de las administraciones públicas, ni asumirán el ejercicio de funciones públicas ni obligaciones propias de la Administración”.

Escudero, de la Coordinadora del Tercer Sector, recuerda que ya durante la elaboración de la norma autonómica hubo polémica por la inclusión de esa cláusula porque el PP se oponía. “Querían dejar abierta esa posibilidad de crear cuerpos de voluntariado”, recuerda.

La Plataforma del Voluntariado Español precisa que una excepción conocida a estas leyes es el trabajo de los voluntarios de protección civil en el ámbito de las emergencias. Esa función está regulada por su propia ley estatal.

Una región en la cola del gasto social

Los críticos del cuerpo del voluntariado desconfían de las intenciones de la Comunidad de Madrid porque es una autonomía famosa por su escasa inversión en el sector de los más vulnerables. Año tras año, la región ha aparecido en el grupo de cola del ranking de inversión per cápita en servicios sociales, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. En 2022, fue la penúltima con 348 euros por habitante, solo por encima de Murcia y muy por debajo de la primera, País Vasco, con 1.007 euros.

El presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, advierte de que Madrid debe aspirar a mejorar sus servicios con más dinero público. “Nadie puede estar en contra de la buena voluntad de las personas que quieran ayudar, pero sería una canallada que la Comunidad sustituya de esta forma el derecho a una atención de calidad en las residencias”.

La polémica por el empleo de voluntarios en la Administración tuvo su punto álgido en 2012, cuando la entonces alcaldesa de la capital, Botella, planteó cubrir con voluntarios las necesidades de instalaciones municipales ante las estrecheces presupuestarias que padecía el Ayuntamiento. Tras recibir un aluvión de críticas, la regidora reculó.

A pesar de aquel paso atrás, el Ayuntamiento mantiene desde hace años el cuerpo de Voluntari@s por Madrid, que también es cuestionado por las asociaciones. La Plataforma del Voluntariado Español agradece que el equipo del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ponga a estas personas al servicio de las asociaciones, pero critica que los emplee de modo directo para organizar eventos propios como la cabalgata de Reyes Magos o para el recuento anual de personas sin hogar.

En 2020, el Ayuntamiento les dio una nueva función: acompañar a los mayores a la hora de ir al médico, hacer la compra, dar un paseo o ir al cine. Es un programa conocido como Madrid te acompaña que parece haber inspirado a la Comunidad de Madrid para crear el nuevo Cuerpo del Voluntariado Joven.

La directora de la Plataforma del Voluntariado Español, Mar Amate, añade que un buen ejemplo que deberían seguir las administraciones madrileñas es el del voluntariado juvenil europeo, un programa de la Comisión Europea que promueve que los jóvenes participen en asociaciones, lo que ha permitido a muchos irse de cooperantes al extranjero.

“Lo que hacen es conectarlos con otras entidades sociales, pero no los reclutan para que hagan tareas propias [de la Administración]”, dice Amate. “Pero me parece que este Cuerpo del Voluntariado Joven retuerce el concepto de voluntariado y ningunea a las entidades que trabajan en estos ámbitos con su propio personal voluntario”.

¿Tienes más información? Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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