Familias de niños con discapacidad física en colegios ordinarios denuncian que el Gobierno de Ayuso les deja sin ruta y sin comedor gratis

Familias de alumnos con discapacidad física que acuden a centros escolares ordinarios en los que cuentan con recursos especiales (enfermera, fisioterapeuta, técnicos, estructuras y rutas acondicionados...) denuncian que una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid les ha dejado sin el transporte adaptado y el comedor gratis de los que disfrutaban hasta ahora en las mismas condiciones que los estudiantes que acuden a centros especiales o que viven en un entorno rural. Aunque la Comunidad recalca que la norma no ha cambiado desde 2005, y que es falso que se hayan endurecido los criterios, tanto los afectados como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) afirman que había un pacto tácito para que estos alumnos disfrutaran de esos servicios sin cumplir con el requisito, por ejemplo, de vivir a más de tres kilómetros de su colegio. Un criterio que va aparejado a la gratuidad del comedor, que ahora sí tendrían que cumplir, y que afectaría a un número indeterminado de los más de 1.600 niños con discapacidad física escolarizados en centros públicos ordinarios, según denuncian.

“Es absolutamente falso que se vayan a endurecer los criterios para que los alumnos con discapacidad física escolarizados en centros públicos ordinarios disfruten de transporte y comedor escolar gratuitos como hasta ahora”, ha afirmado un portavoz de la consejería de Educación. “Estos alumnos van a seguir teniendo acceso a estos servicios exactamente en las mismas condiciones que en el presente curso 2023/24 o en los cursos anteriores, condiciones establecidas en una orden que está vigente desde 2005″, añade. “Ni se retira ni se restringe nada”.

“Aquellas familias que se venían beneficiando porque cumplían los requisitos, van a seguir haciéndolo”, ha ampliado este miércoles el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín.

Ese, sin embargo, es el problema: que hay familias que se beneficiaban hasta ahora de la gratuidad del transporte sin cumplir el requisito de vivir a más de tres kilómetros del centro educativo, porque se les había aplicado el mismo criterio que si sus hijos acudieran a un centro especial y no ordinario. La razón es que los recursos especiales que necesitan estos alumnos se concentran en 59 centros de Primaria de la región (alrededor del 7% del total). En consecuencia, los padres no tienen libertad de elección a la hora de decidir dónde estudian sus hijos. Eso les coloca ahora en una situación difícilmente resoluble, según sus quejas: no pueden cambiar a cualquier centro para cumplir con los requisitos que hasta ahora no se les exigían, y así mantener la ayuda en la ruta y el comedor.

“La normativa en vigor es anterior a la creación de este modelo de organización”, sostiene en una reclamación a la administración una madre afectada, que afirma que la orden de 2005 a la que ahora se acoge la Administración se elaboró “cuando no se contemplaba que un niño con una discapacidad motórica pudiera estar escolarizado en un centro ordinario, pues iban todos a centros especiales”.

De hecho, esa limitación a la hora de elegir el colegio estaría en el origen de que los alumnos hayan recibido hasta ahora las ayudas sin que la norma recoja específicamente su casuística. Según los afectados, para compensar esta necesidad forzada de desplazamiento, la Comunidad de Madrid ha ofrecido en los últimos años la gratuidad en el transporte escolar y el comedor, equiparando a este colectivo con aquellos alumnos de entorno rural que tienen derecho legal al mismo, junto a otros colectivos como los alumnos escolarizados en centros de educación especial. Hasta ahora.

“Yo estoy pagando comedor por mi hijo desde febrero, cuando en sus anteriores cinco años de escolarización nunca lo pagó”, explica Laura. “El curso que viene solo podrán ir en la ruta unos seis niños de los diez que van ahora porque han cambiado el criterio de cercanía de un kilómetro a tres mínimo...”, añade tras la emisión de un comunicado de prensa de los afectados en el que reclaman que se mantenga la situación que tenían hasta ahora, que se desvincule la ayuda del comedor del reconocimiento de la del transporte, y que se concrete “un cambio en la normativa que garantice que el servicio se disfruta en las mismas condiciones que se venía disfrutando hasta este curso”.

“Quitan por la vía de los hechos unas ayudas a alumnos en situación de especial vulnerabilidad que se ven obligados a trasladarse a un puñado de colegios porque es allí donde se concentran los recursos necesarios para garantizar su derecho fundamental a una educación inclusiva”, se queja Óscar, otro conocedor de la problemática.

Ante esta situación, la FAMMA pide una reunión de urgencia con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y lamenta que “la propia administración no conozca la casuística de las personas con discapacidad ni la de sus familias y que se desconecte de su realidad de una manera tan alarmante”.

Así explican los afectados lo que les está ocurriendo. “La instrucción que se está transmitiendo a las familias es que se mantendrán las rutas escolares adaptadas, pero con criterios mucho más restrictivos para este colectivo: para disfrutar de la misma tendrán que vivir a más de 3 kilómetros del centro escolar”, cuentan en un comunicado. “Este mismo criterio, para alumnos en la misma casuística (discapacidad física) pero escolarizados en centros de educación especial, se amplia a todos aquellos que vivan a más de 1 kilómetro”, añaden. “Además, para disfrutar de la ayuda por comedor, se exige que el alumno utilice la ruta escolar”, siguen. Y recalcan: “Hay que recordar que la ruta escolar es solo para alumnos con discapacidad física, por lo que si éste tenía hermanos escolarizados en el mismo centro para poder acceder a la gratuidad del comedor deberían ir por separado al colegio”.

1.000 euros al año

A finales de abril, la Comunidad de Madrid anunció que va a invertir 68 millones de euros para conceder más de 137.000 becas de comedor durante el próximo curso 2024/25, con un aumento de 30.000 beneficiarios con respecto a este curso. Las normas reguladoras del procedimiento de estas ayudas incluyen novedades como el incremento del límite de renta o la simplificación de los trámites de solicitud con el objetivo de llegar a más beneficiarios.

Sin embargo, los alumnos con discapacidad física que viven a menos de tres kilómetros de sus colegios se quedarían fuera de la ayuda gratuita, lo que obligaría a sus familias a decidir entre llevarles a casa a almorzar (con el consecuente desafío logístico) o pagar la tarifa de 5,5 euros diarios establecidos para el comedor por la Comunidad de Madrid.

“Eso supone casi 1.000 euros por alumno y curso escolar”, resumen las familias en un comunicado. “Un coste a sumar al que ya tienen que soportar las familias en situación de especial vulnerabilidad: intervenciones terapéuticas, productos ortoprotésicos, apoyos educativos... por la deficiente financiación de los servicios públicos en los ámbitos sanitario, educativo y social”.

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