Así incrustó Ayuso un colegio internacional en el corazón del Ramiro de Maeztu: “Dossier aceptado; el centro será auditado en otoño”

El punto de inflexión llega en un AVE, allá por el 7 de noviembre de 2023. Faltan aún casi seis meses para que la Comunidad de Madrid comunique a las familias y los profesionales del Ramiro de Maeztu que va a incrustar en su colegio otro colegio público y gratuito destinado a hijos de diplomáticos, pero las gestiones ya han comenzado. Ese día, Ignacio García Rodríguez, un ejecutivo de la Consejería de Educación, se marcha a Alicante para visitar una escuela similar a la que inaugurará Madrid el próximo curso dentro de las instalaciones de este referente de la enseñanza pública. El proyecto, según los afectados, supondrá “la segregación del alumnado”, ya que los hijos de funcionarios de la UE tendrán preferencia de ingreso; implicará “mermar los espacios, recursos y capacidades” del centro original; y abrirá la puerta a un posible recorte de plazas públicas en el futuro. Los tres representantes que envía el Gobierno regional a intentar contener la polémica aun consejo escolar extraordinario celebrado el 21 de mayo apenas pueden justificar la opacidad de un proceso que arranca el 10 de octubre de 2023, cuando se registra en Bruselas la solicitud de acoger una Escuela Acreditada Europea (EEA).

“Se ha informado cuando se ha tenido la conformidad [para crear el nuevo centro], para evitar crear falsas expectativas”, dicen, según el acta del encuentro. Para entonces, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso lleva meses trabajando, sin que lo sepa la comunidad educativa, para elaborar un plan que de cara al próximo curso supondría invertir al menos 1,5 millones de euros y acoger a 100 nuevos alumnos en un centro ya saturado, según las familias.

Esta es la cronología de la polémica. El 10 de octubre de 2023, Madrid presenta en Bruselas, con la intermediación del Ministerio de Educación, el Expediente de Interés General para la implantación de una Escuela Acreditada Europea en la capital. En noviembre, empiezan a diseñarse las obras necesarias para acoger a los nuevos alumnos, según un contrato publicado en el portal de transparencia. Entre el 5 y el 7 de diciembre, se suceden las reuniones en la capital europea, antesala del dictamen favorable del Consejo Superior de las Escuelas Europeas. En enero, el vicesecretario general de Escuelas Europeas visita las instalaciones del Ramiro, acompañado por los dos inspectores del Ministerio de Educación y Formación Profesional vinculados a Escuelas Europeas a través de la Unidad de Acción Educativa Exterior. El 8 de febrero, el dosier madrileño vuelve a ser defendido. Finalmente, el 12 de abril, el Consejo Superior de las Escuelas Europeas da su visto bueno y lo notifica a través de una comunicación de su secretario general, Andreas Beckmann, entregada el 29 de abril de 2024. La misiva, a la que ha accedido EL PAÍS, llega con una felicitación y una advertencia.

“Con esta carta, confirmo que el dosier ha sido aprobado”, se lee. “Eso permite que la escuela reciba a sus alumnos en el curso 2024-2025″, sigue el texto. “Como establecen las regulaciones de las escuelas europeas acreditadas, la escuela será auditada en otoño de 2024″. La necesidad de superar ese examen de confirmación no alienta las esperanzas de las familias y los profesionales que protestan contra el proyecto: solo hay un precedente negativo, en el Reino Unido, y estuvo relacionado con el Brexit, según explicaron representantes de la Consejería de Educación. En consecuencia, los que se oponen a la inclusión de un segundo colegio dentro de su colegio, que describen como ya saturado, buscan nuevas vías para luchar contra el proyecto.

Así, la Junta Directiva del AMPA del instituto Ramiro de Maeztu acordó el pasado martes por unanimidad la oposición al proceso de implantación de la EEA “mientras la Consejería de Educación no aporte información y garantías suficientes sobre cómo se van a implantar las aulas de dicha escuela en las instalaciones del instituto en el curso 2025/2026 y siguientes, que ya presentan importantes carencias a día de hoy”.

Además, informa la agencia Efe, un grupo de alumnos convocados por el Sindicato de Estudiantes se concentró el pasado miércoles a las puertas del centro público para protestar contra la creación de la Escuela Europea Acreditada, alegando que esto supone una “privatización indirecta” y que priorizará a los hijos de funcionarios de la Unión Europea. Los participantes exhibieron carteles con lemas como El Ramiro no se vende; No nos quites algo tan básico como una biblioteca, en alusión a que habrá que utilizar espacios comunes para acoger a nuevos alumnos; o Todos tenemos los mismos derechos, así que a la cola; y corearon consignas como Educación pública y de calidad, Con estas ratios no cabemos ni en el patio y El Ramiro unido jamás será vencido.

En paralelo, tanto el PSOE como CC OO vienen reclamando al Gobierno regional que retire el proyecto, al considerar que adolece de defectos de forma. “La Ley Orgánica de Educación (LOE) requiere la aprobación de los Consejos Escolares y Claustros de profesores, lo cual no se ha cumplido”, explica Esteban Álvarez, diputado del grupo socialista que dirige Juan Lobato en la Asamblea de Madrid. “Falta un proyecto claro de funcionamiento e inversiones garantizadas. Docentes y familias no ven clara una viabilidad física y económica”, denuncia. Y remata: “Que las inversiones y reformas no estén reflejadas en el presupuesto oficial generan dudas sobre la viabilidad financiera”.

En la misma línea crítica se expresa Isabel Galvín, de Comisiones Obreras. “No se ha realizado un estudio ni informe de viabilidad según las infraestructuras del centro”, denunció a través de sus redes sociales. “Se está vulnerando la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común”, añadió. “Se está vulnerando normativa básica y autonómica en materia de escolarización, de oferta y de los derechos regulados para la asignación y nombramiento de profesorado”.

Por ahora, la Consejería de Educación sigue defendiendo el proyecto y recuerda que “ha contado con la colaboración, el asesoramiento y el apoyo del Ministerio de Educación, que ha sido el encargado de presentar institucionalmente esta propuesta como iniciativa de un Estado miembro en la Junta de Gobierno de Escuelas Europeas”. El plan, en todo caso, está aún rodeado de dudas: por eso se canceló la comisión de dictámenes del Consejo Escolar que debía dar luz verde a la tramitación de urgencia del proyecto. Como resultado, cientos de familias del Ramiro contienen el aliento.

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