Activismo burgués vs. activismo obrero: por qué los vecinos de barrios acomodados son más combativos contra Almeida

Hace tres años, el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida decidió de manera oscura la ubicación de 16 nuevos cantones de basura por toda la capital. Poco después, comenzó una oleada de protestas contra la construcción de estas instalaciones. Los resultados han sido desiguales. Algunos barrios han ganado, otros han perdido. Con diferencia, la lucha vecinal que ha tenido más músculo se ha producido donde acaba la zona urbanizada en el norte de Madrid, en el barrio de Montecarmelo, junto al monte del Pardo. Allí viven unos 25.000 habitantes y en abril se manifestaron 9.000 personas, según los organizadores —3.000, según Delegación del Gobierno—. Es una cifra que contrasta con los poco más de 100 vecinos que salieron a la calle en otro de los barrios afectados por otro cantón al este de la M-30, la zona obrera de La Elipa.

Montecarmelo destaca también por ser el barrio más pudiente de los involucrados en el plan de cantones de Almeida. Ese poder adquisitivo se nota a simple vista en algo tan básico como las pancartas. Algunas son sábanas pintadas a mano, pero muchas son lonas serigrafiadas que dan un aspecto profesional a esta protesta. También se nota en los aspectos que pueden torcer el brazo de Almeida: la capacidad para pagar abogados y peritos que actúen en los juzgados, o para encontrar entre los residentes a expertos con conocimiento técnico que sepan interpretar los pliegos del contrato, o a periodistas con capacidad de hacer una buena campaña de medios, o a empresarios y altos funcionarios que puedan hablar con sus contactos en las altas esferas. Entre otras medidas, los vecinos de Montecarmelo han contratado a la consultora Andersen (heredera de la conocida firma Arthur Andersen) para que elaborara un informe técnico. En total, los vecinos han recolectado cerca de 30.000 euros.

Son recaudaciones impensables en otros barrios afectados. En La Elipa, la portavoz de los vecinos contra el cantón, Pilar Pardo, cuenta que han conseguido poco más de 200 euros. “Nos ha dado para fotocopias en una copistería de Ciudad Lineal y para un sonómetro de 30 euros”, detalla esta vigilante jurado de 50 años. “Un vecino nos dijo que iba a preguntar a un abogado por sus honorarios. Cuando volvimos a verlo, le preguntamos qué le había dicho y ni nos quiso contar cuánto era. Nos dijo simplemente que nos olvidáramos”.

En otro barrio acomodado, el del Santiago Bernabéu, el dinero tampoco fue un problema para pagar los cerca de 30.000 euros que les llevaron a una victoria judicial en mayo. Estos vecinos alzados contra las molestias que ha supuesto la remodelación del estadio del Real Madrid consiguieron el fallo de un juzgado de lo contencioso contra el proyecto aprobado por Almeida para construir dos parkings y un túnel junto al estadio. El Ayuntamiento y el Real Madrid lo han recurrido ante el TSJM. “Esto va a ser una batalla larga y costosa”, cuenta al teléfono Enrique Martínez de Azagra, un ingeniero industrial jubilado de 78 años que preside Perjudicados por el Bernabéu. “El dineral” que supone esta lucha le ha llevado a reflexionar sobre cómo la desigualdad económica perjudica a los vecinos humildes que sufren por decisiones del Ayuntamiento.

“He pensado mucho sobre esto y desgraciadamente veo que la justicia no es para pobres”, cuenta. “Tengo mi sensibilidad. Visito a menudo los barrios humildes y tengo ahí amigos. Me doy cuenta de que cuando tienen una necesidad queda desatendida por esa forma despótica de usar el poder. Imagina qué pueden hacer con gente que no llega a fin de mes. En España tenemos más de un 25% de pobreza, que es una bestialidad. ¿Les vas a pedir 60.000 o 70.000 euros a esos vecinos? Están completamente desasistidos”.

Como en Montecarmelo, Perjudicados por el Bernabéu hizo una colecta voluntaria. Unos pusieron 20 euros; otros, 2.000. Con eso han llenado la cesta para aguantar una buena temporada. Son más de 1.500 personas involucradas, una cifra que “crece a velocidad de vértigo” y que incluye a colaboradores que viven fuera del barrio.

Entre otras medidas, han contratado a una empresa de mediciones acústicas acreditada para actuar ante los tribunales que les cuesta 1.500 euros por cada día de trabajo. Otro gasto muy elevado han sido los peritos especializados en medio ambiente, urbanismo y movilidad que elaboraron un informe para el pleito contra los parkings y el túnel.

Expertos generosos

El dinero es una ayuda fundamental que puede determinar el fracaso o éxito de una reivindicación vecinal, según un histórico del movimiento vecinal en Vallecas, Pepe Molina. En los sesenta y setenta, los barrios populares contaron con las aportaciones desinteresadas de numerosos profesionales como abogados, periodistas o arquitectos, explica. Dedicaban su tiempo a defender a vecinos del sur de la ciudad que demandaban vivienda digna o servicios públicos. “Esa generosidad ha decaído mucho”, lamenta Molina. “Antes, los jóvenes con ideas dedicaban muchas horas de forma voluntaria. Ese activismo se organizaba dentro de los propios colegios profesionales, pero ya no se ve algo parecido porque ya no tienen tanto compromiso social”.

Los responsables de la federación que agrupa a 300 asociaciones vecinales madrileñas, la FRAVM, son muy conscientes del daño que ha supuesto esta transformación. “Madrid se ha vuelto más conservadora y esos profesionales se han ido alejando de las necesidades de los barrios, al menos a la hora de hacer aportaciones altruistas”, dice su presidente, Quique Villalobos. Para revitalizar la alianza entre técnicos y vecinos, la FRAVM está explorando colaboraciones con la universidad. “Intentamos que implanten un modelo de aprendizaje-servicio por el que los estudiantes desarrollan un proyecto con las asociaciones”.

Ricos contra el modelo de ciudad

Esta desigualdad de recursos se percibe quizás ahora más que nunca debido al auge del activismo en los barrios acomodados. Zonas que históricamente han sido lugares residenciales tranquilos ven ahora cómo proliferan las formas de negocio que atentan contra su paz: las terrazas, las cocinas fantasma, los pisos turísticos o los eventos masivos. Si durante mucho tiempo el movimiento vecinal ha estado dominado por las asociaciones del sur y el este de la capital, ahora están ganando protagonismo las zonas prósperas. Entre esos conflictos se encuentran los que han surgido en el entorno de la calle Ponzano (distrito de Chamberí), del WiZink (Salamanca), Bernabéu (Chamartín), Letras, Malasaña y Chueca (Centro) o Montecarmelo (Fuencarral). “Está surgiendo una especie de ola contestataria contra el modelo de ciudad que están promoviendo las políticas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid”, valora Villalobos.

Mientras, el activismo se ha desinflado en los barrios populares. “Usera, Puente de Vallecas o Carabanchel han envejecido mucho y el relevo ha sido lento”, continúa el presidente de la FRAVM. “Estos territorios sufren una frustración cronificada. Son muchos años en los que las políticas de derechas han parado las reivindicaciones. La gente padece desidia porque ve que de un tiempo a esta parte el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid apenas se reúnen a negociar”.

Esto responde a una estrategia de desgaste, según una líder vecinal que fue concejala del PP (1999-2003), María Dolores Flores, que hoy es vicepresidenta de Perjudicados por el Bernabéu. “La administración nunca tiene prisa, ni le faltan recursos. Al ciudadano le pasa lo contrario”, explica. “Hay que resistir”.

Por supuesto, el dinero no lo es todo. Rafael Llanes, portavoz de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo, subraya que la aportación monetaria por vecino no es tan elevada. “Se hizo una colecta y cada uno puso diez euros. Es lo que cuestan dos cafés y una cerveza”, dice. “El secreto ha sido la unión y la solidaridad”.

La indignación en Montecarmelo se ha visto alimentada por la falta de honestidad del Ayuntamiento. En abril, justo antes de las elecciones, Almeida paralizó 12 cantones, entre ellos el de Montecarmelo. Su delegado de Urbanismo, Borja Carabante, prometió que solo retomaría esas instalaciones si había consenso con la oposición.

“Mientras no exista ese acuerdo, no ejecutaremos ningún cantón”, le dijo a Telemadrid.

Tras las elecciones, el Ayuntamiento recuperó el proyecto sin contar con nadie, esta vez en un nuevo lugar. Esa promesa rota ha sido vista como la peor de las traiciones en un barrio que vota abrumadoramente al PP.

Por último, también han tenido suerte. Un vecino muy aficionado a la historia, Luis González, intuía que el cantón iba a ser levantado en el mismo lugar que una fosa donde yacen 451 brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra Civil. Tras comprobar esta información en los archivos municipales, el Ayuntamiento tuvo que contratar a una empresa especializada que ha obtenido muestras de terreno “altamente compatibles” con la presencia de restos humanos, según reveló EL PAÍS. El Ministerio de Memoria Democrática ha pedido el informe, pero el Ayuntamiento no lo ha entregado. Exhumar los cuerpos paralizaría los planes municipales. Tras casi un año de conflicto, aún no se ha puesto una sola piedra del cantón.

En La Elipa, los camiones descargan basura 24 horas al día en el cantón ya finalizado. Desde su piso, a solo 50 metros, Pilar Pardo cuenta que el Ayuntamiento les puso una mampara que, en teoría, iba a acabar con el ruido. Pero el sonido se expande por los laterales y por arriba: “Ya sabemos que nos lo comemos. Ahora nuestra lucha es cuestión de que insonoricen mejor”.

El problema es que se ha impuesto la resignación. La gente se desanimó mucho cuando el PP arrasó en el barrio en las municipales, cuenta. Eso fue la estocada para los pocos movilizados, unos vecinos humildes cuya única arma era la esperanza.

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