La pareja de Ayuso, citada el 29 de noviembre para declarar en la pieza por fraude fiscal

El empresario Alberto González Amador ha sido citado para comparecer el viernes 29 de noviembre en los juzgados de Plaza de Castilla en la primera de las causas que tiene abiertas, la de fraude fiscal, según la diligencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta comparecencia se producirá cinco meses después de que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viera frustradas sus expectativas de cerrar sus cuentas con la justicia mediante un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado para evitar la prisión, a cambio de reconocer su culpa. Aquel día, el 24 de junio, la jueza que lo investiga admitió una solicitud de las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, para estudiar si ampliaba las pesquisas a nuevos delitos. Esa decisión abortó el acuerdo que pretendía la pareja de Ayuso. Esta nueva citación se conoce después de que la semana pasada, la magistrada abriera una pieza separada para esclarecer si Amador pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios.

La Fiscalía mantiene su pacto, según fuentes del Ministerio Público, y queda por ver si esa es también la voluntad de la Abogacía del Estado y de Amador. Los dos abogados del empresario, Carlos Neira y Gabriel Rodríguez Ramos, no han contestado a EL PAÍS al tiempo de publicación de esta noticia. Por su parte, fuentes de la Abogacía del Estado indican que deben estudiar si los nuevos delitos estudiados pueden suponer que se modifique la cuantía que Hacienda ha estimado como defrauda, esto es, 350.910 euros.

Según el proyecto de conformidad penal, la pareja de Ayuso aceptaba ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros como sanción. Fiscalía y Abogacía del Estado manifestaban que no se oponían a que se concediera la suspensión de las penas de prisión, por ser las condenas inferiores a dos años y no constar antecedentes penales. Amador aceptaba haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública (en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021) en concurso medial cada uno de ellos con un delito de falsedad en documento mercantil (en referencia a las facturas falsas que usó para pagar menos impuestos).

Amador ha sido citado a las 10.00 del viernes 29 de noviembre por la jueza que lo investiga, la titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Junto a él, deben acudir los cuatro presuntos colaboradores de fraude fiscal: los tres empresarios del pueblo sevillano de Arahal, David Herrera Lobato, y los hermanos Agustín y José Miguel Carillo Saborido; y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer.

Las perspectivas judiciales de Amador se complicaron la semana pasada, cuando la jueza Iglesias reconsideró la petición de PSOE y Más Madrid, después de una primera decisión en la que desestimaba su pretensión de que se investigaran nuevos delitos. La magistrada consideró que algunos hechos contenidos en un voluminoso expediente de Hacienda pueden tener también cabida en los tipos de administración desleal y de corrupción en los negocios. En particular, consideró relevante que Amador usara una empresa pantalla en 2021 para obtener ilícitamente una ganancia fiscal. La defensa de Amador ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial contra la apertura de esta segunda pieza. Hasta ahora, el foco había residido en las 15 facturas falsas que, de acuerdo con Hacienda, Amador usó en 2020 y 2021 para rebajar su cuota en el impuesto de sociedades.

Amador creó la empresa Maxwell Cremona en 2016 para prestar consultoría de calidad sanitaria a terceros. Desde entonces, su principal cliente ha sido el grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada española. Sus problemas con Hacienda se originan en julio de 2021, cuando al presentar la declaración del impuesto de sociedades del año anterior incluyó gastos considerados falsos por 620.000 euros. Amador repitió esa conducta en el ejercicio fiscal siguiente, con 14 facturas que sumaban más de un millón de euros, de acuerdo con la investigación. Esta conducta del empresario se produjo después de que sus ingresos se multiplicaran por seis en 2020, gracias a intermediar en una compraventa de mascarillas.

Los problemas judiciales de Amador desataron una tormenta política en marzo, cuando trascendió que la Fiscalía había puesto una denuncia contra él, tras más de año y medio de investigación de Hacienda. Desde entonces, la presidenta Ayuso ha tratado de rebajar los hechos a una “multa” de Hacienda que su pareja trató de regularizar sin éxito pero “no han querido que se cierre”, aludiendo al Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha buscado presentar la conducta de Amador como la de un contribuyente ordinario con problemas fiscales. Sin embargo, la actuación de Amador no era una mera irregularidad que se podía resolver en el ámbito de la Agencia Tributaria, debido a que la cuantía defraudada excedía los 120.000 euros y, según Hacienda, existía dolo, es decir voluntad delictiva. Solo 184 ciudadanos han sido denunciados por fraude fiscal en 2022, último año para el que hay datos.

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