A Samir le ordenaron limpiar sin protección un techo para el Ayuntamiento de Pozuelo. Ahora espera plaza en el Hospital de Parapléjicos

Los trabajadores que limpian los edificios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón llevan años jugándose la vida. Además de limpiar suelos, muebles y cristales, algunos suelen caminar por techos sin ninguna sujeción para prevenir atascos en los canalones de agua, retirando ramas y hojas. Seis empleados han relatado a EL PAÍS que los compañeros que han hecho estos trabajos peligrosos cumplían órdenes que acataban por miedo a ser despedidos. Subían, limpiaban y, milagrosamente, no pasaba nada. Cuando les pedían “hacer una altura” solían comentar entre ellos que “un día va a pasar una desgracia”. Ese día llegó el martes 15 de octubre.

La víctima se llama Samir Haj Tirari, tiene 48 años, y se encuentra ahora tumbado en la cama de un hospital en Majadahonda, el Puerta de Hierro, esperando el traslado al Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo. No puede mover sus piernas. Tampoco puede conciliar el sueño. Se despierta en la noche preso de la ansiedad, queriendo saber cómo cayó. Cree que le va a explotar la cabeza de tanto pensarlo.

Sí se acuerda de todo lo que sucedió antes. Cuenta que fichó antes del amanecer y, como cada día, recibió de una superior la orden con las tareas para esa jornada: a un compañero y a él les tocaba limpiar los canalones del Centro de Mayores Prados de Torrejón, después de un fin de semana tormentoso, el de la festividad de la Hispanidad.

Alrededor de las 8.30 entraron al edificio y saludaron al conserje, Moha. El centro estaba vacío. Aún no habían llegado los mayores que cada mañana toman aquí sus clases de dibujo y pintura, taichí o mindfulness. Subieron a la cubierta plana del edificio por una escalera vertical interior y Samir se puso a recoger hojas y ramas con sus manos, mientras su compañero bajó a por las escobas y recogedores. Es lo último que recuerda Samir.

Dentro del edificio, Moha oyó un golpe seco. Pensó que era un mueble que se había caído. En medio de la escalera se encontró el cuerpo inerte de Samir, sobre un charco de sangre. Se había caído por una claraboya de plástico en el techo que cedió con su peso.

Samir atiende a este periódico dos semanas después del accidente. Aquel día fatídico fue sometido a una operación de casi ocho horas para recomponer su columna, que se había partido en pedazos “como un cristal”. Luego lo mantuvieron durante una semana entubado en la UCI porque también resultó dañado un pulmón. Poco a poco fueron descartando los peores escenarios, cuenta su esposa, Dounia el Charef. Iba a sobrevivir. Iba a mover los brazos. Lo de las piernas, sin embargo, es otra historia.

La única responsable del Ayuntamiento que les ha visitado ha sido la técnico municipal que se coordina con Samyl para las tareas del contrato, Isidra Esteban, encargada de la brigada de limpieza, cuenta Dounia. La alcaldesa, la popular Paloma Tejero, llamó a Dounia el miércoles 16 y tuvieron una breve conversación: “Si necesitáis cualquier cosa, pasad por mi despacho”.

Esta mañana, están presentes en la habitación otras dos limpiadoras. Todos, incluida Dounia, trabajan para la contrata que se encarga de limpiar 61 edificios municipales de Pozuelo, Samyl, una de las grandes empresas de limpieza y mantenimiento de España. Pozuelo (de 88.784 habitantes, al oeste de la capital) es el municipio con la mayor renta de España.

Las colegas hablan junto a la cama de Samir de que un par de empleados, ambos delegados de prevención en la empresa, se habían opuesto a “hacer alturas”, alegando que la empresa incumpliría la ley si les obligaba a subir sin garantías. Samir, que fue contratado en 2017 y gana 1.100 euros mensuales, no ocupa ningún cargo en el comité de empresa, un puesto votado por sus compañeros que en cierta medida es una garantía contra despidos.

―Tontorrón, tú nunca te has opuesto.

―No, tontorrón no. Tú sabes la presión de la empresa. Si te niegas puedes terminar en la puta calle.

El día anterior visitó a Samir una pareja de policías municipales de Pozuelo, haciendo tareas de Policía Judicial. Le entregaron un formulario que ni él ni su esposa entendieron muy bien. Se trata de un documento en el que se informa a Samir de que un juez ha abierto una causa penal y de que tiene derecho a personarse como víctima. La pareja no ha tenido tiempo de buscar un abogado. Lo prioritario es la salud y organizar sus vidas. Tienen un par de hijos, una niña de siete años y un niño de 12, que están siendo cuidados por unos amigos. “Los pobrecitos están en shock”, dice Samir. “No quiero que me vean así. La niña lo lleva mal. Pregunta dónde está papá y el chico se pone de los nervios. Entra y a los dos minutos dice ‘voy a dar una vuelta’”.

La plantilla de 175 limpiadores de edificios municipales en Pozuelo lleva muchos años pasando de una contrata a otra. Inicialmente sus tareas eran barrer, fregar y limpiar cristales, pero conforme se renovaba la licitación, el Ayuntamiento ha sumado otras funciones que implican peligro, como limpiar cubiertas, según explica el presidente del comité de empresa de Samyl en Pozuelo, Olmedo Marín, que lleva 17 años en este empleo. Samir forma parte del equipo “de ruta”, un pequeño grupo que no está asignado a uno de los 61 edificios del contrato (colegios, polideportivos o bibliotecas).

Una de sus compañeras en ese grupo “de ruta”, María Jesús García, dice que llevan subiendo a las alturas sin protección desde hace más de diez años, primero para limpiar ventanas, y desde hace cuatro para desatascar canalones. “Antes, esa tarea la hacía el personal de mantenimiento del propio Ayuntamiento, pero han ido pasándonos esos trabajos a la contrata”, afirma García.

La última licitación, que ganó Samyl en junio de 2023, daba hasta 75 puntos a la oferta más económica, según ha comprobado EL PAÍS. Los trabajadores critican que este tipo de selección se arrastra desde anteriores adjudicaciones y ha impedido que las empresas inviertan en medios.

Hasta noviembre del año pasado, los trabajadores han desempeñado las tareas en altura sin haber hecho el curso obligatorio por ley para esas funciones. Poco después de asumir el contrato, en junio de 2023, Samyl comunicó al grupo “de ruta” que les inscribirían para recibir esta formación de un día (cuatro horas teóricas y cuatro prácticas). Este nuevo conocimiento les sirvió para tomar conciencia y presionar a la compañía para que les protegiera. La empresa compró arneses, que están guardados en los vestuarios. Pero de nada sirven si los techos carecen de líneas de vida, unos sistemas que permiten al trabajador conectar su cuerda o sistema de amarre para frenar en seco una posible caída al vacío. El sindicato UGT asegura que, antes del accidentes, sus representantes habían informado en reiteradas ocasiones, tanto al ayuntamiento como a la empresa, de que en algunos edificios del contrato los anclajes y líneas de vida estaban deteriorados y en otros, como el centro de mayores, simplemente no existían.

De hecho, los trabajadores ya se habían llevado un susto antes del verano: una trabajadora se subió a una escalera para limpiar el canalón del aula de educación medioambiental, un edificio en mitad de un parque forestal. A cuatro metros de altura, metió la mano en el conducto y dio con un avispero. Recibió cinco picotazos y casi cayó de golpe. Samir, que la acompañaba, presenció todo esto y le puso una pomada. Luego, comunicaron lo sucedido a la empresa, que en una reunión les pidió que no subieran más a las alturas. Sin embargo, los trabajadores consultados aseguran que tras este incidente continuaron las órdenes para hacer esos trabajos peligrosos.

Investigación penal

La investigación del accidente de Samir corre a cargo de Laura Bueso, titular del juzgado número dos de instrucción de Pozuelo, que ha remitido una diligencia a inspección de trabajo para que averigüe las causas. Samyl no ha contestado a varios requerimientos de EL PAÍS, por correo y teléfono.

El Ayuntamiento de Tejero ha respondido por escrito que es responsabilidad de la empresa formar a los trabajadores y dotarlos de los equipos de protección precisos, así como facilitar los elementos auxiliares de elevación que resulten necesarios. Sin embargo, el sindicato UGT considera que la investigación deberá determinar si empresa o Ayuntamiento son responsables.

“En los pliegos, las administraciones suelen delegar todas las medidas de prevención de riesgos laborales a las empresas, pero eso no les protege si se demuestra que han incumplido la ley”, señala su secretario para la zona oeste de Madrid, Tomás Martín. El PSOE de Pozuelo ha registrado una solicitud para obtener, entre otros, un listado con los elementos de seguridad en las cubiertas, y otro listado con las órdenes de trabajo dadas por el Ayuntamiento a la empresa en el último trimestre.

El Ayuntamiento también recalca que no dan ninguna orden directa a los trabajadores y que es la empresa la que organiza los planes de trabajo. Los limpiadores precisan que, aunque esto es cierto, una técnico municipal elige los edificios y tareas a realizar, sin excluir las que entrañan peligro.

Según el Ayuntamiento, la empresa les ha asegurado que Samir tenía orden de ir a un centro escolar y no al centro de mayores. Este extremo es denegado por Samir y por el compañero que le acompañaba en el techo.

El miércoles 16, cuando Inspección de Trabajo ya examinaba lo sucedido, Samyl mandó un comunicado a su plantilla: “Queda totalmente prohibido la realización de trabajos en altura hasta nueva confirmación de la empresa (sic). De realizarse algún trabajo de esta índole sin autorización expresa de la empresa el trabajador será sancionado y evidentemente la empresa no se hará responsable de los trabajos realizados”.

Esa misma mañana, el Ayuntamiento envió su petición del día: de nuevo, a pesar de que el accidente estaba fresco, pedían “hacer una altura”. Los trabajadores del comité estaban reunidos de urgencia con los responsables. Según dos de ellos, el Ayuntamiento se encontró con una respuesta inusual: no. Se trataba de reparar una gotera y, aseguran, nadie en Samil la ha arreglado.

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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