El PP de Ayuso y Vox se alían para dejar en pausa la investigación a Begoña Gómez cuando Sánchez no acuda a la Asamblea

El PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox se han aliado este lunes para dejar en pausa la investigación abierta en la Asamblea de Madrid sobre el presunto trato de favor recibido de la Universidad Complutense (UCM) por Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando el jefe del ejecutivo no acuda este miércoles a comparecer ante la comisión parlamentaria, a la que está convocado. Como el también secretario general del PSOE no tiene previsto asistir, según ha trasladado el Gobierno a Efe, pues no está obligado, eso significa que los trabajos quedarán en suspenso hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el caso, como le ha pedido la Asamblea bajo la iniciativa de ambos partidos. Aunque el organismo consultivo ya ha dictaminado en otras ocasiones que los integrantes del gobierno central no están obligados a responder a la llamada de los Parlamentos regionales, el PP y Vox se agarran a un clavo ardiendo: argumentan que quieren entrevistar a Sánchez como esposo de Gómez, y no como presidente, pese a que su convocatoria formal fue enviada a La Moncloa mencionando esa doble condición.

La Mesa del Parlamento regional, que dirige el día a día de la Cámara con mayoría absoluta de los conservadores, aprobó el viernes pedir un dictamen al Consejo de Estado a través de la Comunidad de Madrid. Este organismo consultivo tiene la obligación de pronunciarse en un plazo de 15 días desde la entrada en el registro de la petición, según Vox. Como solo queda una sesión con comparecencias de la comisión, programada para este miércoles, el partido de extrema derecha reclama desde entonces que se amplíe el calendario, para que así dé tiempo de que resuelva el organismo consultivo, o de que se pueda convocar a otros comparecientes, como el empresario Carlos Barrabés, que declinó una primera citación por razones de salud.

No obstante, lo que ha conseguido este lunes es que la comisión quede en suspenso si Sánchez no se presenta, como está previsto, y el dictamen del Consejo de Estado aún no ha llegado.

“La Mesa de la Comisión ha acordado que, en caso de que el presidente no acudiese a comparecer, la sesión se suspenderá hasta que el Consejo de Estado emita su dictamen”, sostienen en el partido de extrema derecha, único partido con representación, junto al PP, en una comisión abandonada por PSOE y Más Madrid en señal de protesta. “Una vez emitido el dictamen, se remitirá un nuevo requerimiento en el que se especificará, en su caso, la obligatoriedad de la comparecencia en calidad de particular -marido de Begoña Gómez- y no en función de su cargo de presidente del Gobierno y las consecuencias jurídicas de una negativa a comparecer”, abundan. “Finalmente, la Mesa de la Comisión fijará la fecha para reanudar la sesión y concluir el plan de trabajo, en el que también comparecerán otros citados, como Joaquín Doadrio [exvicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la UCM, que ya ha confirmado su asistencia], y Cristina Álvarez [asesora de Gómez en La Moncloa], que no ha comunicado su asistencia formalmente”.

Sin embargo, un portavoz oficial de la Asamblea precisa que estos dos comparecientes, de acudir, si declararían el miércoles, pues Sánchez es el último convocado en el orden del día. La sesión, detalla, solo quedaría suspendida en ese momento, coinciden en el PP. Con ello, también quedaría pendiente la deliberación del dictamen, pues esta sexta sesión es la última prevista en el calendario de trabajo.

La maniobra del PP y Vox causa estupor en el PSOE desde la semana pasada. Primero, porque el propio partido conservador ha rechazado en el pasado que puedan comparecer en la Asamblea delegados del gobierno de sus siglas precisamente por representar al ejecutivo central. Segundo, porque el Consejo de Estado ya rechazó que los integrantes del gobierno de Mariano Rajoy estuvieran obligados a comparecer en una comisión del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, con el mismo argumento: el ejecutivo central es solo fiscalizable por el Congreso y el Senado. Y tercero, porque la convocatoria que ya se ha enviado a La Moncloa de cara al 19 de febrero recoge negro sobre blanco que se cita a Sánchez como presidente del Gobierno.

De ahí que ahora Vox plantee enviar una nueva convocatoria en el más que improbable caso de que el dictamen del Consejo de Estado sea favorable a sus intereses. Una forma de estirar la investigación, diseñada para desgastar en lo posible a Sánchez y el gobierno central.

Gómez comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

El PP, que goza de mayoría absoluta en la Asamblea, impulsó esta comisión en verano con la excusa de que el caso que afecta a Gómez, investigada también judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su trabajo en la UCM, afectaba al prestigio del centro educativo.

Sin embargo, la investigación parlamentaria languidece desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar. De hecho, ese mismo día, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.

Y el pasado miércoles, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que “el proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software (...) Fue un proyecto más”.