Un país dañado, pero institucionalmente firme

España está conmocionada tras dos monumentales e inesperados mazazos: una epidemia que no cesa y un desplome sin precedentes de nuestra economía y del empleo. Y en este extraño verano, el caso del rey emérito supone, según algunos, un motivo adicional de inseguridad: la posibilidad de una crisis (o incluso quiebra) institucional. Con las opiniones ciudadanas recogidas diariamente por Metroscopia durante los cinco meses de pandemia, el balance de urgencia que cabe alzar respecto del estado de ánimo actual de la sociedad española quedaría articulado en torno a los tres siguientes ejes.

1. Intenso y persistente temor al contagio

A finales de febrero, el 39% de los españoles se declaraba preocupado por contraer el coronavirus. A mediados de abril, era un 83%. Este porcentaje bajó al 67% a principios de junio, pero a finales de julio subió hasta quedar de nuevo en un 84%. El alivio fue, pues, efímero y la renovada preocupación por la epidemia puede incrementarse dentro de poco, pues dos de cada tres españoles dan por seguro que una segunda oleada en otoño se sumará a la actual, aún no controlada. Un sombrío panorama. No puede por ello extrañar que para un 77% de los españoles el destino prioritario del dinero que llegue de Europa deba ser nuestra admirable, pero maltrecha (y maltratada) sanidad pública. La reconocida competencia e ilimitada entrega de los profesionales que la integran no puede seguir siendo el principal capital de nuestro sistema de salud: necesita muchos más medios personales y materiales.

2. Confianza en las empresas, pero creciente temor a perder el trabajo

De forma unánime (más del 90%) los españoles reconocen el impecable funcionamiento durante esta emergencia nacional de las empresas de abastecimiento de agua, de suministro eléctrico, de telefonía e Internet y de alimentos y productos básicos. Este reconocimiento sin duda explica el sustantivo repunte en nuestra sociedad de la imagen de las empresas. Así, ahora un 92% de los españoles afirma que, en adelante, debe promoverse la iniciativa privada; un 93% considera indispensable la colaboración público-privada para la reconstrucción de nuestra economía; y un 70% se declara contrario a cualquier control público de las empresas (su nacionalización solo debería ser temporal y para reflotarlas).

Sin embargo, esta renovada confianza en el sector económico-empresarial en nada altera la generalizada convicción de que la ralentización de la economía (como modo de afrontar la epidemia) ha propiciado una espiral de desempleo que puede alcanzar niveles inéditos, con el consiguiente daño a las condiciones de vida de muchos hogares. Según los datos de Metroscopia, en solo un trimestre (abril-junio) las familias que cabe considerar como acomodadas han bajado del 26% al 20% y las modestas han subido del 48% al 61%. Y el deterioro no ha hecho más que empezar. A la ansiedad sanitaria se suma así para muchos españoles la angustiada certeza de un inminente y generalizado descenso en su calidad de vida.

3. ¿Crisis institucional?

¿Pierde apoyo popular el actual Gobierno? No: su presidente tiene la aprobación del 50% de la ciudadanía (32 puntos más, sobre censo, respecto del 18% que el pasado noviembre le votó). Los españoles detectan aciertos y errores en el modo en que Pedro Sánchez ha pilotado esta crisis, pero creen que son muy similares a los que perciben en quienes gobiernan países comparables al nuestro. Y en todo caso, la idea mayoritaria es que un Gobierno alternativo no lo hubiera hecho mejor. La doble crisis que pesa sobre España no pasa, por ahora, factura alguna al actual Ejecutivo.

¿Es inminente una crisis de Estado, como secuela ineludible del caso del rey emérito? Tampoco. Los españoles comparten masivamente (80%) la idea de que los errores y culpas son de las personas que los cometen, no de sus descendientes, ni de las instituciones que representan. Así, un 87% de los españoles piensa que los actos que se imputan a Juan Carlos I solo dañan su imagen personal; y un 81% cree que marcarán el recuerdo que quede de su reinado. Su otrora elevada y sostenida popularidad, aparentemente inquebrantable, está fuertemente ensombrecida. No necesariamente para siempre: por ejemplo, pocas figuras públicas fueron tan vituperadas en activo como Adolfo Suárez ni tan alabadas tras fallecer.

En cuanto a la Corona como institución, ha sufrido un deterioro muy leve con este asunto. En nuestro actual sistema político, la figura del Rey es la que aporta legitimidad, con el buen desempeño de sus funciones, a la Corona; y no al revés. Juan Carlos I es ya rey emérito: la Corona la desempeña Felipe VI. Y la imagen pública del actual Rey suscita los mismos elevados niveles de aprobación ciudadana que, con ligeras oscilaciones ocasionales, han podido detectar a lo largo del tiempo los sucesivos sondeos de Metroscopia. En todo caso, un dato especialmente significativo es que, para el 71% de los españoles, el hecho de que se pueda investigar (y, si procediera, llevar ante los tribunales) a quien fue rey durante casi cuatro decenios constituye una prueba de la solidez de nuestro actual andamiaje político-institucional —es decir, de la propia Monarquía parlamentaria—.

En suma: España se tambalea, está doble y fuertemente asustada, pero —contra lo que muchos temen y algunos parecen desear— no presenta síntoma tangible alguno de encaminarse hacia una quiebra del actual entramado institucional.

José Juan Toharia es catedrático emérito de Sociología y presidente de Metroscopia.