Beveridge está por todas partes

El estado de ánimo en Europa mejora según avanzan las cifras de vacunación y se presentan los planes para salir de la crisis con apoyo de la Unión. “Beveridge is everywhere” (“Beveridge” —­el economista liberal que proporcionó a los laboristas [1942] el innovador plan de Estado de bienestar— “está en todas partes”), anunciaba hace pocos días el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en un artículo en una revista progresista británica. Welby ha hablado durante toda la pandemia para alabar la sanidad pública y para pedir que se introduzcan cambios políticos para luchar contra la desigualdad social creciente. (¿Alguien recuerda si el presidente de la Conferencia Episcopal española ha comparecido públicamente para decir algo al respecto?).

Sea como sea, Welby (un personaje curioso, que antes de estudiar teología y convertirse en obispo fue ejecutivo de una petrolera) sí que ha reclamado a los políticos “construir un nuevo Beveridge” y llegar a un nuevo pacto basado en valores de “cohesión, coraje y estabilidad”. La necesidad de reconstruir el Estado de bienestar “está en todas partes”, incluido Estados Unidos y, lógicamente, también en España.

Pocos economistas españoles niegan que este es un momento importante en el que se deben tomar decisiones políticas serias. No se trata ya de parchear técnicamente los problemas, sino de introducir cambios políticos reales en el sistema, visto que hay demasiadas personas para las que no funciona. Demasiadas personas para las que la “economía de mercado” ha pasado a ser una “sociedad de mercado”, en la que no queda espacio para ellas. Un paso, de “economía” a “sociedad” de mercado, que ha denunciado con enfado otro personaje curioso, el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney, canadiense, convencido activista ecologista, que defiende “estrategias de crecimiento” en varios presupuestos seguidos para poder relanzar las economías tras la pandemia.

Por eso es tan difícil entender que en España parezca imposible llegar a un puñado de acuerdos básicos que permitan encarrilar esas estrategias de crecimiento. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos años por delante, dos Presupuestos, para impulsar un plan de cambios imprescindibles. Pregonen lo que pregonen sus críticos, no hay síntomas de que la coalición parlamentaria que le sustenta vaya a romperse antes de plazo, y las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid no cambian ese hecho. En realidad, es ahora el PP, en sus próximos dos años de gestión en Madrid, el que tiene que demostrar que hace algo. No es el Gobierno el que debería estar a la defensiva. La falta de iniciativa de La Moncloa para buscar acuerdos puntuales con los populares, aunque cierta, no autoriza al principal partido de la oposición a intentar bloquear las instituciones ni a prometer para dentro de dos años lo mismo que impide llevar a cabo en este.

España es en este momento como el conejo blanco de Alicia: miramos un reloj y murmuramos: “Llego tarde, llego tarde”. No hay tiempo para una estrategia tan descarada de asedio sin poner en riesgo aspectos vitales de nuestra vida en común. No hay tiempo para más parches cuando siete reformas laborales no han conseguido cambiar la tasa de temporalidad, que sigue siendo la de hace 30 años, según José Ignacio Conde-Ruiz. La solución será la que la ministra de Trabajo, sindicatos y patronal decidan, pero, sea la que sea, debe llegarse ya a un cambio sustancial con garantías de éxito. No se pueden aplicar tampoco más parches para que el paro entre los menores de 25 años baje del actual 40%. La única voz institucional que parece alzarse todos los días pidiendo rapidez es la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, harto de mostrar el reloj.

En realidad, no hay ningún motivo por el que el estado de ánimo en España no pueda mejorar al ritmo del de Europa. El único obstáculo es el bloqueo institucional. Resulta insoportable (y habrá que decirlo a todas horas) que el PP siga bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o que algo tan importante como la reforma de la Administración pública o el nuevo sistema de formación profesional vayan a encontrar no enmiendas, sino murallas y fosos.