Las opciones del presidente

Las coaliciones de gobierno no son selecciones de fútbol donde los jugadores van a pasear juntos fuera del campo, pero sí es imprescindible que sus miembros respeten una regla: ni se dan sorpresas unos a otros ni se exigen disculpas o dimisiones públicas. Cuando esa norma se rompe, los reproches proliferan y las votaciones parlamentarias son además una permanente tortura; de sobresalto en sobresalto, los ciudadanos empiezan a experimentar un cierto malestar, que se refleja en las encuestas, y los políticos afectados, a plantearse cuáles son las opciones y las herramientas de que disponen para afrontar esa situación.

El catálogo no es muy amplio, pero ofrece como mínimo una alternativa. Cuando se produce un desgaste acusado del Ejecutivo o de la actividad parlamentaria, se puede anticipar las elecciones generales o plantear una cuestión de confianza que permita identificar un proyecto político común y que obligue a cada socio a posicionarse frente a lo que quede de legislatura.

Quedarse quieto es también una opción, pero posiblemente la más arriesgada. En el actual escenario político, exige tener mucha confianza en que apurar el plazo electoral permitirá a Yolanda Díaz construir una alternativa plausible a Unidas Podemos y, sobre todo, que Pedro Sánchez podrá recuperar confianza y autoridad, aprovechando su asistencia a la cumbre del G-20 en Nueva Delhi y la presidencia de turno de la Unión Eu­ropea, en julio de 2023. Y también que el PSOE será capaz en esos meses de animar a un electorado socialista cuyo grado de movilización será posible calibrar en las inmediatas elecciones autonómicas andaluzas.

A la espera de esos datos, lo que las encuestas muestran es que existe malestar en el electorado de izquierda, provocado por factores muy distintos, pero que impiden que el Gobierno le haga llegar con claridad los beneficios que proporcionan decisiones como la reforma laboral (con una bajada notable de la precariedad), la recuperación de un papel relevante en la UE o la mejora, pese a todo, del escenario político catalán. Uno de los factores más evidentes de esa escasa movilización socialista procede, sin duda, de la falta de percepción de un Gobierno unido, dispuesto a desarrollar sin vacilación una hoja de ruta en el año y medio que queda de legislatura. Falta un marco político común y sobra la percepción de que se cuenta solo con aliados de coyuntura, que mezclan problemas.

La dificultad para que los ciudadanos identifiquen un proyecto básico, centrado en la necesaria modernización del país, se junta además, en demasiadas ocasiones, con una falta de explicación racional de las decisiones políticas (como sucedió respecto al Sáhara Occidental). Tampoco ayudan a disipar el malestar las guerras culturales en las que cae el Gobierno, alejadas de los intereses reales de los ciudadanos y más destinadas a provocar antagonismos que a generar consensos, como la batalla en torno al movimiento feminista, que ha quedado roto y perplejo frente a las exigencias del empuje queer, respaldado por La Moncloa. La facilidad con la que el Gobierno se deja enredar en incómodas batallas en las que se termina expidiendo una especie de carné de “apto para votar izquierda” no ha ayudado a movilizar a su potencial electorado.

La alternativa a adelantar las elecciones generales sería solicitar la cuestión de confianza, prevista en el artículo 112 de la Constitución: “El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Dipu­tados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general”. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados, y si no se alcanzara, daría lugar a la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Pero habría obligado antes a que todos los socios de investidura se pronunciaran con claridad sobre sus objetivos políticos. ¿Existe un proyecto común o no? ¿Quieren que se complete la legislatura o no? Si se otorgara la confianza, el Gobierno y su presidente quedarían fortalecidos y se abriría un espacio de 15 meses de intensa actividad política en los que el nuevo liderazgo del Partido Popular no lo tendría fácil. Pero incluso si no lo consigue, el presidente habría reforzado su proyecto y obligado a cada uno a asumir su propia responsabilidad.

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