¿Para qué hablar de sanidad pública?

Doscientas mil personas en la calle, según la policía, no han sido capaces de influir en la agenda política en este país. Esta semana debió estar marcada por un gran debate social, el fracaso del modelo sanitario impuesto en la Comunidad de Madrid por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y, más en general, sobre el deterioro del sistema sanitario español y los remedios para corregir los problemas, cada vez más dramáticos, en la sanidad pública. Y, sin embargo, nada de eso se ha producido. Una vez más, se ha conseguido, con bastante éxito, desviar la atención de las causas estructurales de un problema social, que afecta a toda la ciudadanía en la raíz misma del Estado de bienestar, y desplazarla a un gran tema “nacional” —la abolición del delito de sedición—, una pelea entre temas sociales y nacionales que viene de lejos y que la izquierda, o por lo menos el PSOE, parece haber dado ya gustosamente por perdida para siempre. Donde esté un buen problema catalán, ¿para qué hablar de salud pública?

La extraordinaria manifestación ocurrida en Madrid el día 13, cuyos ecos debieron oírse en toda España, ha quedado reducida de tamaño e importancia. No se comprende bien por qué el Gobierno eligió esta semana precisamente para proceder al anuncio de la eliminación del delito de sedición. Es probable que esa decisión sea mucho más la consecuencia de un cálculo electoral que el resultado de un análisis jurídico y, desde luego, que el efecto de la presión intolerable de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como la derecha se empeña en creer. Lo cierto es que con la nueva formulación del delito de desórdenes públicos agravados (muy parecida a la del Código Penal belga) la extradición a España de Carles Puigdemont y sus colegas puede estar mucho más cerca, con el impacto en cualquier proceso electoral que tendría la foto del expresident entrando, por fin, en una cárcel española.

En el fondo, ¿cómo va a protestar ERC de que desaparezca el tantas veces denostado delito de sedición? Las prisas que se han dado los independentistas catalanes para intentar abrir otro frente, el de la malversación y la posible candidatura de Oriol Junqueras, muestran esa inquietud, pero la malversación es un hueso duro de roer porque es de muy fácil comprensión para todos los ciudadanos: vaya a donde vaya ese dinero (bolsillo particular o megalomanía política), resulta que era mío y me lo quitaron.

Es probable, pues, que la supresión del delito de sedición no tenga costes para Sánchez. Sin embargo, lo que sí deja es un regusto muy amargo entre juristas, para quienes lo dudoso no es la abolición de ese delito, sino la manera en la que se ha hecho, aislada, en lugar de incluirla dentro de una reforma más extensa del Código Penal. Esa reforma sigue pendiente y en ella se hubiera añadido la figura de delitos contra la Constitución, que existe en otros ordenamientos jurídicos europeos y que ayudaría a acotar mejor futuros problemas, mientras que la actual reforma, la de los delitos de orden público agravados, puede terminar siendo muy problemática, según en qué escenario. (José Luis Díaz Ripollés en EL PAÍS, 17 de noviembre de 2022).

En cualquier caso, ¿por qué despreciar el impacto social de la gran manifestación en favor de la sanidad pública y participar en una maniobra de distracción tan formidable? Es como si el Gobierno de Pedro Sánchez actuara a piñón fijo y fuera incapaz de procesar ningún acontecimiento que no forme parte previamente de su propia agenda electoral. Nadie en el Gobierno parece haber visto a las decenas de miles de manifestantes que llenaron las calles de Madrid. Nadie parece tomar en cuenta que la sanidad pública se está convirtiendo, según todas las encuestas, en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. La manifestación tendrá efectos, sin duda, puesto que obligará a negociar a la Comunidad de Madrid, pero se habrá perdido una magnífica ocasión de abrir un debate más profundo, y el Gobierno y los partidos de izquierda no habrán hecho nada para favorecerlo.

Quizá Puigdemont llegue a entrar en la cárcel, pero lo que es seguro es que 700.000 españoles seguirán sin poder entrar en el quirófano. No debería ser incompatible.

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