Cuánto más difíciles son las cosas…

Cuánto más difíciles son las cosas, peor funciona el sistema de laissez-faire”, declaró Keynes en el año 1924. Y las cosas se están poniendo difíciles de verdad en el ámbito global. El Fondo Monetario Internacional FMI) ha rebajado cuatro veces las perspectivas de crecimiento en el mundo para el año que viene, y ahora la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las ha empeorado una vez más.

Ante este deterioro de la economía que tenemos delante de nosotros, los instrumentos que existen para combatirlo son cada vez más parcos. En general, desde el año 2008, cuando comenzó la Gran Recesión, la deuda pública no ha parado de aumentar y se ha utilizado en cantidades ingentes para corregir los peores efectos sobre la mayor parte de la gente. Como, según esos pronósticos, habrá que seguir haciéndolo, los organismos internacionales y el club al que pertenecemos, la Unión Europa (UE), recomiendan abiertamente que el núcleo ciudadano sobre el que se aplican los escudos sociales se vaya reduciendo, lo que no deja de ser una contradicción si hay agravamiento de la situación. En un principio sirvieron las ayudas universales (como la bonificación de los combustibles y la bajada de impuestos a la electricidad), a continuación el relato ha sido el de las muletas para la clase media y trabajadora (que en realidad es la mayoría poblacional; así es como se siente una gran parte de la sociedad aunque sus recursos, por abajo o por encima, no se correspondan con esa definición), y finalmente se está poniendo el foco en los denominados más vulnerables, que es la clase baja.

Todos sabemos quiénes son los más vulnerables. Quizá sean aquellos a los que se dirigen las ayudas hipotecarias a las que se ha referido el Gobierno. La definición técnica de vulnerable es la de aquellas personas que perteneciendo a la clase baja ascienden a la clase media en los buenos momentos, y corren del riesgo de volver a caer en coyunturas como la recesión, la pandemia o los efectos de la guerra de Ucrania.

El FMI, la OCDE y la UE han coincidido en esa focalización, y algunas ministras ya han manifestado sus dudas de que se deban renovar algunos de los apoyos que vencen a final de año. En el informe del FMI sobre España se enfatizan los beneficios fiscales a los más vulnerables “con un coste fiscal relativamente bajo” y no los auxilios a los hogares de mayores ingresos. La OCDE demanda apoyos “específicos y temporales”, de nuevo para los de abajo y exige, de paso, que las medidas para combatir la inflación no detengan la transición verde. Por último, la Comisión Europea pide que se protejan los sueldos más bajos y los salarios mínimos, y alerta sobre los seis países europeos con más endeudamiento público: Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica y Francia.

Este giro, que reducirá medio en silencio el número de personas sobre las que se aplica ahora el welfare del Estado, habrá de hacerse con mucho cuidado, ya que el golpe más duro lo sufrirán probablemente las rentas intermedias, ya que dejarán de beneficiarse de las ayudas selectivas y sus salarios seguirán perdiendo poder adquisitivo a causa de la inflación (más allá que ésta se reduzca un poco), además de que las subidas de impuestos, si las hubiere, suelen recaer sobre ellas. Ya tenemos experiencias de que el voto al extremo derecho o las movilizaciones en las calles no están protagonizadas por los pobres sino por los descontentos, decepcionados en sus expectativas de bienestar.

En una conferencia previa a la asamblea del pasado octubre del FMI, su directora gerente, la búlgara Kristalina Georgieva dijo que “es muy probable que las cosas se pongan peor que mejor”, y que aunque el crecimiento de la economía seguirá, aunque sea en dosis homeopáticas, muchos ciudadanos “se sentirán en recesión” por la disminución de sus ingresos reales y el incremento de los precios.

Este no es un problema específicamente español como proclama, protestona y sin alternativa, la oposición.

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