El peligro de las ‘querellas mordaza’: cómo los poderosos usan la ley contra el periodismo

Una amenaza silenciosa se cierne sobre la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia en Europa. Se llama demandas estratégicas contra la participación pública, aunque comúnmente se la conoce por el acrónimo del término en inglés: SLAPP. Fue acuñado en 1996 por dos académicos estadounidenses en el libro SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (SLAPPs: ser querellado por denunciar), en el que describían cómo “una nueva variedad de procesos judiciales” estaba siendo usada por los poderosos en Estados Unidos para “silenciar a ciudadanos y grupos, con potenciales graves consecuencias para el futuro de la democracia representativa”. Casi tres décadas después, las SLAPPs proliferan en el Viejo Continente con el objetivo de intimidar y reprimir la participación pública. Entre 2018 y 2022, el número de estas causas se ha duplicado, según un informe independiente publicado a finales de agosto. Ello ha llevado a Europa a diseñar cambios legislativos que salvaguarden la libertad de expresión. Tras años de debates y presiones, este proceso puede culminar justo durante los seis meses en los que España ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea.

Las SLAPPs “son un abuso del sistema legal por parte de personas ricas y poderosas que inician demandas largas, caras y por lo general sin fundamento que pretenden acabar con las críticas y con los esfuerzos para que haya rendición de cuentas”, se lee en el informe Shutting out Criticism: how SLAPPs Threaten European Democracy (Callando las críticas: cómo las SLAPPs amenazan la democracia europea), publicado por una coalición de organizaciones civiles europeas llamada CASE. Este grupo ha documentado y diseccionado más de 800 de denuncias por difamación, por calumnia o por violación del secreto mercantil o de la privacidad presentadas en los últimos años por influyentes políticos o corporaciones en tribunales de toda Europa, de España a Hungría. El principal denominador común que CASE ha hallado es que quien presenta una SLAPP, a diferencia de un litigio común, no pretende, en realidad, obtener un resarcimiento por un daño, ni siquiera una sentencia favorable, sino atemorizar al querellado como represalia por haber expuesto una realidad oculta, desde un potencial caso de corrupción hasta daños medioambientales.

“Quienes interponen una SLAPP no quieren ganar el caso, sino destruir a un periodista o a un medio de comunicación porque han publicado investigaciones sobre crímenes o actos ilícitos”, concuerda la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, quien en entrevista por videoconferencia explica que desde hace un lustro está involucrada en convencer a los Estados miembros de la UE de que es urgente aprobar leyes anti-SLAPP, como ya han hecho Canadá y Estados Unidos implementando cambios legislativos que permiten la desestimación rápida de casos manifiestamente infundados. Para Mijatović, las SLAPPs son nada menos que “la segunda amenaza más peligrosa para la libertad de expresión y la disensión, tras la violencia física”. Ambas formas de coacción no se excluyen; algunos de los periodistas asesinados en Europa recientemente eran también objeto de decenas de querellas mordaza, como la maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017.

Explotar las asimetrías

El poder intimidatorio de las­­ SLAPPs reposa en su capacidad de causar daños financieros al demandado mediante el propio proceso judicial. Así, es común que los abogados de los querellantes soliciten cifras exorbitantes de resarcimiento por una supuesta difamación o violación de la privacidad, o que acudan a los tribunales donde los costes de defensa son más altos, como el Reino Unido. Otra forma de acosar al demandado es denunciarlo en varias jurisdicciones a la vez y dilatar el proceso legal “con el objetivo de que la espada de Damocles penda sobre el periodista por mucho tiempo”, dice la comisaria Mijatović. En no pocas ocasiones esas demandas son retiradas por los propios demandantes cuando el caso, tras años de instrucción y apelaciones, se encamina hacia una sentencia en firme. “Atacan en la Justicia, pero saben muy bien que van a perder el caso… Por eso retiran las demandas en el último momento”, explica la directora de la oficina de Bruselas de Reporteros sin Fronteras (RSF), Julie Majerczak, que recuerda que para entonces la SLAPP ya ha cumplido su objetivo: “Intimidar, hostigar y causar pérdidas financieras” al reportero o al medio, que debe sufragar el coste de su defensa legal. Además, muchas demandas son presentadas contemporáneamente en tribunales civiles y penales, pues en algunos países de la UE como España, Italia o Hungría aún se castiga con la cárcel el delito de difamación, aunque no hay ningún periodista encarcelado en Europa por este motivo, según RSF.

Las SLAPPs explotan, en realidad, las debilidades inherentes de una profesión cuyas condiciones laborales se han degradado en las últimas décadas. Para los freelances o para los medios locales —por lo general dotados de menos músculo económico y carentes de un departamento legal propio— afrontar un proceso legal largo y costoso tiene un poderoso efecto disuasorio. “Tengo clientes que han cobrado 20 euros por un artículo que después les ha costado decenas de miles de euros de defensa legal. Algunos han tenido que vender sus casas. ¿Qué efecto tienen estos casos en la profesión aquí en Italia? Totalmente disuasorio”, explica el abogado italiano Andrea di Pietro, consejero legal de la organización Ossigeno per l’Informazione, que brinda asistencia legal gratuita a freelances y denuncia que la mayoría de causas son infundadas. “Solo una de cada diez querellas presentadas se resuelve con una condena”.

Uno de los mejores ejemplos de los riesgos que conlleva hacer periodismo de investigación sobre el poder económico es el de la reportera de The Guardian Carole Cadwalladr, quien escudriñó el origen de la financiación de la campaña del Brexit. Fue procesada por difamación por Arron Banks, el mayor donante de la campaña del Brexit y magnate de los seguros, y en mayo, tras cuatro años de proceso, un tribunal de apelación revirtió una sentencia previa favorable a Cadwalladr y le ordenó pagar 35.000 libras a Banks como reparación. Pero lo que hizo que varias asociaciones de prensa pusieran el grito en el cielo fue que la corte también impuso a la periodista sufragar 400.000 libras de las costas procesales del empresario. Cadwalladr ha apelado la decisión y ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inglaterra es desde hace años un destino especialmente atractivo para los opulentos que emprenden querellas mordaza, debido a los prohibitivos costes legales y a las ventajosas leyes antidifamación. Londres ultima ahora modificaciones legislativas para frenar las SLAPPs, después de que oligarcas rusos sospechosos de tener lazos con Vladímir Putin procesaran a periodistas con el aparente objetivo de reprimir investigaciones.

La dimensión desconocida

Si bien Londres es desde hace años la capital del llamado “turismo de la difamación” por su conveniencia para emprender allí procesos legales, sin importar si el querellado reside o no en el Reino Unido, este problema afecta predominantemente a otras regiones del planeta, como Asia o América Latina, la más impactada del mundo, según un estudio del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Los países de Latinoamérica donde más se utilizan las SLAPPs con fines intimidatorios son Honduras, Perú, Guatemala y México.

En Europa, la coalición CASE ha documentado 820 casos entre 2010 y 2023 en más de 30 jurisdicciones. Los datos de CASE dan cuenta de un auge reciente de esta estrategia silenciadora: desde 2016, cuando hubo 26 casos, no han cesado de crecer anualmente excepto en 2018 y 2021, hasta alcanzar la cifra récord de 161 casos en 2022. En su último informe, CASE advierte de que se trata apenas de “la superficie del problema de las SLAPP en Europa” y revela que las categorías más afectadas son periodistas, medios de comunicación y activistas. La cifra media de daños reclamados por los querellantes es de 15.150 euros.

Algunos de los países en los que se registra una pujanza de este fenómeno son Francia, Croacia, Grecia, Malta, Reino Unido, Hungría y Polonia, donde miembros del partido ultraconservador en el poder Ley y Justicia se han querellado decenas de veces contra medios de comunicación críticos, como el diario Gazeta Wyborcza. España figura en la parte baja de la tabla en lo referente al volumen de causas. CASE ha documentado “16 casos con características de SLAPP desde 2010 hasta hoy”, explica por correo electrónico Joanna Demarco, investigadora de la coalición. Sin embargo, sí ha habido casos emblemáticos, como el del activista gallego que recibió un burofax de una empresa ganadera a la que había previamente criticado por contaminación medioambiental, en el que se le exigía el pago de un millón de euros en concepto de daños. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, hoy suspendido por la FIFA, fue acusado la semana pasada por El Confidencial de hacer un uso intimidatorio de las querellas. El despacho de abogados GC Legal, que ha representado a Rubiales en 12 causas (querellas y demandas) contra periodistas en tanto que presidente de la RFEF, matiza en entrevista por correo electrónico que algunas acabaron en sentencias que dieron la razón al exmandatario, por lo que la acusación no procede ya que la justicia sí avaló la posición de su representado, que ha preferido no manifestarse en este reportaje. En esas causas, explica GC Legal, Rubiales solicitaba desde una rectificación hasta indemnizaciones que iban desde 1 euro hasta 50.000 euros.

Daphne, el asesinato que lo cambió todo

Durante años, las querellas mordaza en Europa eran tratadas como casos aislados. Sin embargo, todo cambió tras el brutal asesinato de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, de 53 años. Ella había destapado decenas de escándalos de corrupción de altos funcionarios malteses antes de que el 16 de octubre de 2017 la explosión de una bomba colocada en los bajos de su coche le quitara la vida. El atentado (en el que han confesado siete personas que han sido imputadas o condenadas, según la familia de la fallecida) hizo tambalearse los cimientos de uno de los países más opacos de la UE y expuso al mundo que Caruana Galizia, en el momento de morir, era hostigada por 47 procesos judiciales. La mayoría en Malta, pero otros en el Reino Unido e incluso Estados Unidos, donde un banquero que la acusaba de difamación solicitó 40 millones de dólares de indemnización.

“Todo eso le causó una gran presión emocional, social y profesional”, explica en entrevista telefónica su hermana, Corinne Vella. “Un tribunal llegó a congelar sus cuentas bancarias. De hecho, mi hermana fue asesinada cuando iba al banco a tratar de acceder al dinero de sus cuentas”.

Tras su muerte, algunas de las querellas fueron retiradas, pero no todas, y su familia “heredó” las causas, algo que prevé la ley maltesa, por lo que sus hijos todavía hoy deben hacer frente a media docena de procedimientos judiciales contra la periodista fallecida. A pesar de todo, la familia halló las fuerzas necesarias para plantar cara al poder en Malta y alertar en Bruselas de los manifiestos riesgos para la democracia del que se convirtió en el caso Daphne. Sus familiares crearon la Fundación Daphne Caruana Galizia y, apoyados por otros periodistas, académicos y activistas, contactaron con comisarios y europarlamentarios para explicarles cómo las SLAPPs habían atormentado a Caruana Galizia antes del atentado. Otras víctimas dieron un paso al frente y contaron sus historias, y así un problema que se creía atomizado y quizá hasta confinado a los países de la UE con las instituciones menos consolidadas se reveló, en realidad, una preo­cupante tendencia.

Con todo, el entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ignoró en 2018 los llamados de la sociedad civil y rechazó que la UE tuviera competencia para aprobar una eventual legislación anti-SLAPP. En Bruselas también inquietaba la aprobación de una directiva que pudiera cercenar un derecho básico como es el acceso de los ciudadanos a la justicia, sobre todo en tiempos en los que las redes sociales han multiplicado las violaciones a la reputación de personas y empresas. “En Europa no creían que las SLAPPs fueran un problema, sobre todo porque no había datos, pero luego se logró convencerles de que afectaban al Estado de derecho y amenazaban a la democracia”, explica en entrevista por videoconferencia Justin Borg-Barthet, profesor de Derecho Comunitario en la Universidad de Aberdeen.

En abril de 2022, tras celebrarse una consulta pública, la Comisión finalmente presentó una propuesta de directiva al Parlamento Europeo y al Consejo. Su objetivo era proteger a la sociedad “frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas” e “impedir que el fenómeno siga expandiéndose en la UE”. El texto preveía, entre otros aspectos, la supresión de las penas de prisión para la difamación, la transferencia de la “carga de la prueba” a la parte demandante, la desestimación temprana de las demandas “manifiestamente infundadas”, e incluso la posibilidad de que los ciudadanos hostigados por las SLAPPs pudieran contraatacar a las millonarias demandas reclamando por vía judicial indemnizaciones financieras a los querellantes.

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia, Věra Jouro, una de sus principales promotoras, quiso llamar la directiva ley Daphne. Pero no lo logró. Tampoco consiguió que se aprobara el ambicioso texto original. El Consejo Europeo, que representa a los Estados, rebajó las pretensiones de la directiva y presentó un nuevo borrador que, según las organizaciones civiles, ha sido desvirtuado y pierde su eficacia. “Vació toda su substancia”, critica Majerczak, de RSF.

Ahora corresponde a los llamados triálogos (negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo) llegar a un acuerdo final sobre la forma del texto antes de las elecciones europeas del próximo junio. En este proceso, del que depende que se ponga fin a un abuso que amenaza un pilar de la democracia en Europa, España puede tener un papel importante por su potestad de marcar la agenda como presidente de turno de la UE hasta final de año.

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