El presidente de Bolivia se resiste a dimitir pese a los graves disturbios que asolan La Paz
La violencia en el país se ha cobrado la vida de 43 personas, dos esta tarde
"Yo no voy a renunciar". Así de tajante ha reaccionado el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, a los disturbios callejeros en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto, que se han cobrado la vida de 43 personas en tres semanas (las dos últimas, esta tarde). En un mensaje dirigido al país por radio y televisión después de reunirse de urgencia con sus ministros y el Ejército, el presidente ha acusado a los sindicatos -que se oponen a los planes del Gobierno de exportar gas- de querer terminar con la democracia e instaurar una dictadura.
Dos civiles han muerto hoy en los disturbios que se han desatado en La Paz protagonizados por miles de manifestantes que saquean e incendian comercios mientras avanzan hacia los barrios residenciales. Los dos hombres han resultado muertos por heridas de bala en una dura represión policial.
A la crítica situación social se ha unido hoy un brusco cambio de escenario político. El Ejecutivo liderado por Sánchez de Lozada ha sufrido la baja inesperada de cuatro de sus miembros más destacados. El primero en desmarcarse de la postura oficial ha sido el todavía vicepresidente, Carlos Mesa, que ha expresado esta tarde su disconformidad con las medidas policiales puestas en práctica por el presidente para atajar la violencia que azota al país desde hace semanas. A esa retirada de apoyo se ha unido poco más tarde el anuncio efectuado por el principal partido aliado del Gobierno, Nueva Fuerza republicana (NFR), que ha confirmado que los tres ministros que tenía en el Gabinete abandonan sus cargos.
Antes de conocerse el abandono de varios miembros del Ejecutivo boliviano, en un desesperado intento por frenar los disturbios, Sánchez de Lozada ha dictado un decreto en el que establece que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte con la población y los sectores sociales, que desde hace más de un mes se manifiestan en contra de un multimillonario proyecto de Repsol YPF de exportar gas a EE UU a través de Chile. En una rueda de prensa convocada de urgencia, el presidente ha presentado el Decreto Supremo 27210, el cual "determina que no se exportará a nuevos mercados mientras no se realicen consultas y debates sobre este recurso".
Aeropuertos bloqueados
Los líderes sindicales, que rechazan la exportación de gas natural y exigen la revisión de la Ley de Hidrocarburos, no han tardado en mostrar su escepticismo sobre las medidas anunciadas por el presidente. El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, ha mantenido que el Gobierno "no da ningún resultado positivo ni siquiera en primera instancia para pacificar el país". En la misma línea, el líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Angel Villca, ha descartado las negociaciones que "no vamos a dar ni un paso atrás, porque estamos velando por el futuro de nuestros hijos".
Ayer, todas las aerolíneas comerciales suspendieron los vuelos en el aeropuerto de la capital, en cuyos alrededores el Ejército mantenía enfrentamientos con la población civil. Además al menos 15 camiones cisterna de gasolina y diesel llegaron ayer a La Paz desde El Alto custodiados por tropas apoyadas por tanquetas del Ejército. Los camiones permanecían retenidos en la planta de Senkata desde el pasado miércoles por los vecinos, que habían levantado barricadas.
Según los opositores al plan gubernamental, Bolivia detenta la segunda reserva de gas más importante de Suramérica, y según los actuales planes de exportación se quedaría con sólo el 18% de los ingresos por la venta del combustible, mientras las petroleras se llevarían el mayor beneficio.
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