Trujillo recupera la memoria

Gloria Amparo Espinosa, alcaldesa de la población colombiana de Trujillo, con 22.000 habitantes, se siente afortunada. "A mi padre lo mataron de un solo tiro en la cabeza, no lo torturaron ni lo desaparecieron, como pasó con los otros", cuenta.

Su padre fue una de las 342 víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares entre 1988 y 1994 en esta región, encaramada en las faldas de la cordillera occidental, al norte del departamento de Valle del Cauca. Fue tanto el horror, que a los años oscuros que duró se los conoce como los de la gran masacre continuada de Trujillo.

Aunque parezca absurdo, el alivio que expresa esta mujer menuda y enérgica es comprensible. Porque aquí los paramilitares colombianos estrenaron prácticas que más tarde generalizaron en otras zonas del país: desmembrar vivas a sus víctimas, torturar con hierros candentes, arrojar los cuerpos despedazados al río...

El informe resume los años en que los trujillenses vivieron "pegados a Dios"

Pero el drama no ha acabado, es una "tragedia que no cesa"

El mayor Urueña era conocido como 'el hombre de la motosierra'

La excusa para la macabra campaña fue la lucha contra la guerrilla del ELN

Precisamente así, sin cabeza, sin piernas y sin brazos, encontraron en abril de 1990 el cuerpo del sacerdote Tiberio, un religioso que enseñó a los campesinos a exigir sus derechos, los ayudó a crear cooperativas y los apoyó en sus marchas en demanda de carreteras y escuelas para sus aldeas.

Ayer, frente una pequeña multitud reunida en el Parque Monumento a las Víctimas, construido en una de las laderas que rodea Trujillo, la alcaldesa pidió con vehemencia que se rechace la violencia. Lo hizo al recibir un informe que resume esos años en que los trujillenses vivieron aterrorizados, "pegados a Dios", según reza el escrito, redactado por el grupo de Memoria Histórica.

Es el primer trabajo de este equipo, formado por reconocidos intelectuales, que trata de sacar a flote la verdad de las "últimas décadas de luto permanente que ha vivido este país". El grupo forma parte de la Comisión Nacional de Reparación, un órgano creado al calor de la desmovilización de las paramilitares Autedefensas Unidas de Colombia (AUC), puesta en marcha por el Gobierno al amparo de la Ley de Justicia y Paz.

Se escogió Trujillo porque, una vez pasado el tiempo, el Estado ha reconocido su responsabilidad. "Pensamos que el cierre de la tragedia permitía abordar de manera más distante lo ocurrido", cuenta la investigadora Maria Emma Wills. Pero los investigadores se llevaron una sorpresa, porque el drama continúa. Trujillo, una tragedia que no cesa, es el título del informe. Según el estudio, la reparación ha quedado en suspenso. La deuda del Estado es grande.

La responsabilidad de la policía y del Ejército colombianos en las masacres "fue central", concluyen. De hecho, colaboraron con la mafia del narcotráfico en la planificación y la ejecución de los crímenes.

El acto de ayer se celebró cerca de la fila de osarios que guardan los huesos que se han logrado encontrar y objetos que recuerdan a los desaparecidos. Para no olvidar nunca quiénes eran, están representados en relieve imágenes que reflejan los trabajos que realizaba cada uno de ellos: recolectores de café y de mora, hombres arando y sembrando la tierra, panaderos, tenderos, motoristas...

Tres son los principales culpables de la masacre: el mayor del Ejército Alirio Urueña, recientemente encarcelado; Diego Montoya y Henry Loaiza, El Alacrán, cabecillas del Cartel del Norte del Valle, una de las más poderosas organizaciones mafiosas de Colombia. El Alacrán cumplió 13 años de cárcel por narcotráfico y hoy responde ante la justicia por la masacre de Trujillo. Sin embargo, ante los familiares de las víctimas, que hace años se organizaron pidiendo justicia, lo ha negado todo. Incluso que tuviera una casa aquí y que descaradamente ofreciera dinero a las viudas para ir a buscar los cuerpos de sus maridos al río Cauca, que corre abajo, en el Valle, a media hora del casco urbano. Los lugareños conocen a Urueña como el hombre de la motosierra. Los capos prestaron sus fincas y aportaron el dinero necesario para apoyar la orgía de sangre.

La excusa para esta alianza entre el Ejército y la mafia fue la lucha contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en esa época extorsionada, secuestraba y trataba de ganar espacio en esta estratégica zona montañosa, corredor de salida al océano Pacífico y apetecida por todos los grupos armados.

Una emboscada en la que murieron siete soldados fue el detonante que desató la barbarie. Con la masacre de Trujillo, los mafiosos afianzaron un control y un poder territorial que aún hoy mantienen.

"Nosotros vivimos la película, pero no la vimos", confiesa un trujillense. No da su nombre porque todavía tiene miedo a hablar: los rastrojos y los machos, grupos de matones del cartel, rondan por las calles.

Después de la etapa estudiada en el informe, llegó el Bloque Calima de los paramilitares y dejó también su estela de muerte.

Ahora se da a cuenta gotas una limpieza social. Así interpreta la religiosa Maritze Trigos, promotora de esta iniciativa de memoria recuperada, los 20 asesinatos y desapariciones de este año.

"No podemos convivir con los ilegales: rechacemos a la guerrilla, a los narcotráficantes y a los paramilitares por todo el daño que nos han hecho", instó ayer la alcaldesa. En el acto habló también Yamileth Vargas. A su padre y sus dos tíos, ebanistas, se los llevaron en un todoterreno blanco en el que los matones recogían a sus víctimas. "Espero que el mundo ponga sus ojos en Trujillo y nos ayude a castigar a los victimarios", dijo esta joven de 22 años de frágil apariencia que habla con sorprendente vehemencia y claridad.

A su lado, con las fotos de sus dos hijos adolescentes en la mano, la escuchaba atenta Consuelo. Sus dos hijos desaparecieron a manos del Ejército y su esposo fue torturado y murió de pena. No es una muerte extraña en esta zona del mundo. Diez personas murieron así: enmudecieron ante tanta crueldad y no volvieron a comer.

Yamileth es la única familiar de víctimas que ha seguido paso a paso la elaboración del informe ?otros no han podido hacerlo porque no saben leer?. Al principio, era escéptica. Cuando llegaron los investigadores se plantó frente al director, Gonzalo Sánchez, prestigioso historiador y violentólogo ?así se llama en Colombia a los que estudian una violencia que forma parte de la vida cotidiana?, y le planteó su principal inquietud: temía que actuaran con poca independencia.

Ahora que ha revisado varias de las más de 300 páginas, piensa que refleja claramente la complicidad del Estado, pero siente que hay que ir más allá. Le duele la impunidad. No descansará hasta saber dónde están los desaparecidos, su padre, sus tíos, los tres hermanos Vargas, el nieto de Diocelina...

Para ella, que con el trabajo de lavandera de su madre, el de sus tres hermanos en un granero y el de ella en unos almacenes, logró terminar la carrera de Derecho, es positivo que se reconozca la verdad que han venido gritando a los cuatro vientos, desde hace años, todos los que sufrieron este oscuro y doloroso episodio reciente.

Para Gonzalo Sánchez, "Trujillo es, en más de un sentido, Colombia". El grupo Memoria Histórica tiene un registro provisional de 2.505 masacres con 14.000 víctimas entre 1982 y 2007. El acto de ayer sirvió para pedir al Estado que responda a las víctimas, pero también a toda la sociedad "por los silencios y los olvidos", por "haberse negado a aceptar lo que parecía inenarrable, inaceptable o imposible, pero que en verdad era muy real".