El Congreso estadounidense cierra la crisis de los aeropuertos

La Autoridad Federal de Aviación estadounidense se había visto obligada a cerrar parcialmente sus operaciones por la falta de acuerdo en el Congreso. La FAA, por sus siglas en inglés, despidió temporalmente a 4.000 personas al no poder cubrir el coste de sus salarios. Era una de las leyes afectadas por las duras negociaciones que tuvieron lugar en Washington las tres últimas semanas. Obama pidió en repetidas ocasiones que se reanudaran las sesiones en el Congreso -en receso durante el mes de agosto- y que tomara las medidas necesarias para poner fin a la situación actual. Esta tarde el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha anunciado que ambos partidos tienen un acuerdo para desbloquear el cierre parcial de la agencia.

La FAA tiene 47.000 empleados. Los sueldos de 43.000 de ellos, que trabajaron con normalidad durante este cierre parcial, son financiados por el gobierno. Los otros 4.000 empleos son financiados a través de los impuestos que recaudan las compañías aéreas por la venta de billetes. El gobierno tenía autoridad para cobrar ese dinero a las compañías hasta el pasado día 22 de julio pero, ante la situación de bloqueo político en Washington, ni la Casa Blanca ni la Cámara de Representantes lograron un acuerdo para renovar dicha autoridad.

Debido al cierre, la FAA pidió a los empleados afectados que trabajen sin sueldo y que financiaran sus desplazamientos personalmente. Este grupo de trabajadores, considerados como "no esenciales", se encarga de inspecciones de seguridad en construcciones y labores de mejora como la iluminación de las pistas o nuevas torres de control. Se estima además que cierre parcial dejó sin empleo a 70.000 trabajadores de la construcción vinculados a proyectos en aeropuertos. "Proyectos en todo el país en los que participan decenas de miles de trabajadores de la construcción se encuentran suspendidos porque el Congreso no hizo su trabajo", alertó Obama la semana pasada durante una de las reuniones. Ray LaHood, secretario de Transporte, ha reiterado en varias comparecencias que la seguridad de los aeropuertos no se vería afectada.

La situación mantiene enfrentados a demócratas y republicanos, y a la Casa Blanca, a través del Departamento de Transporte, con algunas compañías aéreas. Según informa The New York Times, las negociaciones se vieron bloqueadas por la falta de acuerdo entre los dos partidos políticos sobre un programa que financia los vuelos comerciales a zonas rurales. Dicho programa está congelado por las diferencias en las reglas de votación dentro de las compañías aéreas, donde la Casa Blanca y los demócratas abogan por la creación de sindicatos y los republicanos no. "El Congreso decidió jugar a la política con esto y, como consecuencia, se fue en receso sin lograr una extensión", dijo el presidente. "Esta es una situación en la que todos pierden y que podría resolverse con facilidad si el Congreso regresa y hace su trabajo".

Obama criticó públicamente esta semana a las compañías aéreas por seguir cobrando tasas especiales a los clientes, a pesar de que luego no iban a ser compartidas con el gobierno. Desde el 23 de julio, cuando comenzó el cierre parcial de la FAA, las pérdidas ascienden a 200 millones de dólares semanales. La compañía Delta, por su parte, anunció este lunes que devolvería a los clientes los impuestos sobre el precio de los billetes que ha cobrado desde el 23 de julio -o que compraron antes del día 22 para volar a partir del día después.