Brasil encarcela a un mando de la policía por el asesinato de una juez

La justicia brasileña ordenó el pasado lunes el ingreso en prisión del teniente coronel de la Policía Militar Cláudio Luiz de Oliveira, acusado de haber dado la orden de ejecución de la juez Patricia Acioli, conocida por su inclinación a la mano dura con los policías corruptos. El sonado asesinato de la juez, que murió el pasado agosto tras recibir 21 impactos de bala en la puerta de su casa de Niteroi (localidad satélite de Río de Janeiro), ha levantado una nueva polvareda social y política sobre la necesidad de extirpar el cáncer de la corrupción y la violencia policial en Río, una ciudad que pretende limpiar su imagen de cara a los eventos deportivos que se avecinan en 2014 y 2016.

La jurista, que sufría amenazas continuas, se desplazaba sin escolta

Tras varias semanas de investigaciones, el propio De Oliveira se entregó en una comisaría el pasado lunes al hacerse eco de la orden de detención decretada contra él por un juez de Niteroi. Según la prensa local, la orden fue lanzada después de que un cabo de la Policía Militar, encarcelado desde hace semanas, admitiera en un interrogatorio haber participado en el crimen y nombrara a De Oliveira como autor intelectual del asesinato. La confesión del agente se produjo tras acogerse a su derecho de delación premiada (probablemente con una reducción de la condena) y a un programa de protección de testigos para él y su familia.

Acioli, objeto de permanentes amenazas por haber mandado a prisión a lo largo de los últimos años a cerca de 60 agentes que participaron en grupos parapoliciales y de exterminio, hacía meses que se desplazaba sin escolta y aseguraba no tener miedo a morir. Uno de sus grandes enemigos era, probablemente, el teniente coronel De Oliveira, que tuvo su primer encontronazo con ella hace más de 20 años por una denuncia de abuso de autoridad.

El mando policial, que ayer fue trasladado al centro penitenciario Bangú 8, estaba en el momento del crimen al frente del Séptimo Batallón de la Policía Militar en la localidad de São Gonçalo ?cercana a Río de Janeiro?, precisamente la circunscripción donde la juez Acioli impartía justicia. La magistrada se encargaba de juzgar todos los casos de asesinato y homicidio en el municipio e incluso llegó a mantener contacto personal con el presunto ordenante de su muerte. Según diversas informaciones, varios de los hombres de De Oliveira recibían dinero del narcotráfico local para que ejecutaran a rivales o personas incómodas para sus negocios. Junto al teniente coronel también han sido encarcelados cinco agentes del Grupo de Acciones Tácticas de la Policía Militar de São Gonçalo, detenidos desde hace días y acusados de fingir un caso de resistencia a la autoridad que desembocó en el asesinato a quemarropa de un joven de 18 años.

Semanas después del crimen, el mando de la Policía Militar de Río trasladó a De Oliveira al Duodécimo Batallón de Maré, un complejo de favelas donde la violencia y la ley paralela del narco son la tónica general. Hasta su arresto el lunes, el teniente coronel permaneció al mando de ese contingente policial.

La muerte de la juez Acioli ha servido para amplificar una de las principales cuentas pendientes de Río en su carrera para pacificar definitivamente las favelas: la sangrante corrupción policial. El Gobierno estatal ya ha dado los primeros pasos en la buena dirección para la resolución del problema, aunque aun queda mucho trabajo por hacer.