Un juez mexicano ordena liberar a la mujer francesa encarcelada desde 2005

La Corte Suprema de México tiene frente a sí el proyecto de resolución sobre uno de los casos más polémicos en los últimos años en este país. El próximo día 21, la primera sala de ese órgano judicial discutirá si respalda la propuesta del magistrado Arturo Zaldívar de liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez, presa desde diciembre de 2005 acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. El caso divide a la ciudadanía mexicana y ha provocado un enfriamiento sin precedentes en las relaciones entre México y Francia.

El proyecto de resolución, dado a conocer este miércoles, argumenta que a Cassez se le violaron tres derechos fundamentales –entre ellos el de la debida asistencia consular inmediata-- y que “las pruebas en contra de Florence Cassez (…) carecen de fiabilidad, ya que los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación”.

El caso se remonta al 9 de diciembre de 2005, cuando la Procuraduría General de la República (fiscalía) informó que había sido detenida la banda de secuestradores Los Zodiaco, a la que se atribuían una decena de secuestros. La televisión mostró imágenes de los detenidos, entre los que estaba Cassez. Tres meses después, sin embargo, se supo que la detención no había ocurrido de la manera ni en el lugar que dijo la policía, sino que los presuntos secuestradores habían sido retenidos durante horas y que la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), el cuerpo policíaco que llevó a cabo el operativo, escenificó al día siguiente la “detención” para que fuese recogida por la prensa como si estuviera ocurriendo en vivo. A pesar de todo ello, y de contradicciones entre testigos y víctimas a lo largo del juicio, Cassez, de 37 años, fue condenada a 60 años de prisión por su participación en tres secuestros, sentencia que fue ratificada en febrero de 2011 por un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Un ingrediente extra de la complejidad del caso se deriva de que el entonces jefe de la AFI es el hoy secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cercanísimo colaborador del presidente Felipe Calderón.

“Al quedar acreditado en el expediente que los agentes de policía que detuvieron a Cassez no contactaron de inmediato con el Consulado francés, el proyecto declara la violación al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular”, informó la Suprema Corte sobre lo que contiene la propuesta elaborada por el juez Zaldívar, que demanda otorgar el amparo solicitado por Cassez y ordenar su inmediata y absoluta libertad.

El próximo día 21, cinco jueces decidirán sobre la libertad de Cassez y el caso quedará concluido

Sobre el segundo derecho que le fue violado a Cassez, la propuesta de Zaldívar expone que al “quedar acreditado en el expediente que la detenida no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, sino que, por el contrario, fue llevada al Rancho Las Chinitas a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron, el proyecto declara la violación al derecho fundamental de los detenidos a ser puestos a disposición inmediata ante el Ministerio Público”.

El proyecto de resolución agrega que “la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora produjeron, por sí mismas, una indefensión total de Florence Cassez. (…) Estas violaciones provocaron la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”.

Cassez ha clamado su inocencia en torno a los delitos, si bien ha quedado establecido que mantenía una relación con Israel Vallarta Cisneros, líder de la banda de secuestradores. El escrito de Zaldívar no se pronuncia sobre la inocencia ni de la ciudadana francesa, pero sí establece que “la violación a estos tres derechos generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de Florence Cassez”.

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, puso particular empeño en el caso de su compatriota. Su visita de Estado a México en marzo de 2009 quedó marcada por el desencuentro entre el mandatario galo, que reclamaba una revisión al caso de su conciudadana, y la del presidente Felipe Calderón a acceder a esa petición. Las tensiones provocaron incluso la cancelación del Año de México en Francia, un ambicioso proyecto cultural de presencia mexicana en Francia en 2011. El Gobierno mexicano desmontó el proyecto después de que los franceses decidieran usar ese escaparate para reclamar a Cassez, considerada inocente en su país. Sarkozy ha dicho este jueves a una radiodifusora francesa que la propuesta de Zaldívar “es la primera verdadera buena noticia en cinco años y medio”, y que tiene confianza en la justicia mexicana.

El caso implica también división en México. Los observadores han subrayado la contradicción de que el Gobierno mexicano pase por alto la falta de un debido proceso en el caso de Cassez, al demostrarse que no se le brindó asistencia consular. Más aún cuando el Ministerio de Exteriores mexicano ha reclamado internacionalmente, en repetidas ocasiones, sobre juicios en Estados Unidos donde se ha demostrado que las autoridades fallaron al otorgar la asistencia consular debida a ciudadanos mexicanos, que incluso han sido condenados a la pena de muerte.

El magistrado argumenta que el procesó violó tres derechos fundamentales de la ciudadana gala

Organizaciones que han luchado en contra del secuestro y la impunidad, sin embargo, se han pronunciado en diversas ocasiones convencidos de la culpabilidad de Cassez y han pedido al Gobierno mexicano que no permita siquiera que la ciudadana francesa se acoja al tratado de Estrasburgo y purgue la pena en su país.

En cambio, la Corte Suprema también recibió un documento Amicus Curiae firmado por organismos defensores de derechos humanos, entre ellos el Ombudsman de la ciudad de México, Luis González Placencia, en el que sostienen que “el respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia, las pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos”.

El próximo día 21, el caso quedará concluido en última instancia. La resolución, a favor o en contra de lo planteado por Zaldívar, se decidirá con el voto de tres de los cinco jueces que integran la primera sala de la Corte Suprema mexicana.