El otro lado de la historia de Joseph Kony: la violencia del Ejército de Uganda

Joseph Kony y su Ejército de la Liberación del Señor (Lord's Resistance Army, LRA) nunca habían sido tan famosos como estos días, al menos en Occidente. Las atrocidades cometidas por esta milicia de origen ugandés y la campaña militar en su contra liderada por el Ejército de este país (Uganda People's Defense Force, UPDF) se han convertido en el centro de atención desde que la organización Invisible Children lanzara la semana pasada su campaña Kony 2012 para pedir que el líder del LRA sea detenido cuanto antes. Sin embargo, la historia tiene sombras que el impactante vídeo que ha sacudido Internet elude en su relato.

Mucha más gente es ahora consciente de los terribles crímenes cometidos por el LRA: asesinatos, reclutamiento forzado, usos de niños soldado y de esclavas sexuales, violaciones y mutilaciones. Lo que quizá es menos conocido son los abusos que también ha cometido el UPDF y que toda una serie de informes han sacado a la luz. Estos describen una guerra muy sucia en la que la población civil ha sufrido a manos tanto del LRA como de sus perseguidores.

"Varias fuentes acusaron a varios miembros del UPDF de explotar sexualmente a niños y un delegado de una organización de la ONU dijo que había información sobre varias niñas, algunas de tan sólo 12 años, prostituyéndose para soldados del UPDF", se lee en el informe "El LRA en la República Centroafricana (RCA)", de diciembre de 2011 y realizado por el Social Science Reserach Council (SSRC), con sede en Estados Unidos.

El LRA no está en Uganda desde 2006 y en la actualidad existe en forma de pequeñas unidades repartidas en una enorme zona poblada de selvas entre Sudán del Sur, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Tropas ugandesas, acompañadas de asesores militares estadounidenses, están presentes en estos tres países, donde colaboran más o menos estrechamente con los Ejércitos locales en la búsqueda de miembros del LRA.

Estados Unidos lleva años ayudando al UPDF en su lucha contra el LRA. Le ha proporcionado una media de 1,5 millones de dólares al mes desde diciembre de 2008 y, actualmente, un grupo de fuerzas especiales estadounidenses apoya al UPDF en el terreno.

El documento del SSRC cita a representantes del Gobierno de la RCA que acusan a los oficiales del UPDF de permitir una cultura de impunidad porque ellos mismos presuntamente participan en las actividades ilegales. Estas incluyen la tala ilegal de árboles, el saqueo de recursos minerales y la venta en la RCA de rifles AK-47 y munición.

El informe señala que la ministra de Comercio, Marlyn Mouliom Roosalem, dice que "el UPDF no es bienvenido en la RCA y que está más interesado en saquear recursos que en perseguir al LRA". En él también se asegura que al menos un tercio de las tropas ugandesas en la RCA está formado de excombatientes del LRA. El documento dice que los que abandonaron el LRA desde 2008 son integrados en las tropas ugandesas sin entrenamiento y, en algunos casos, a la fuerza y bajo amenazas. Muchos de ellos no reciben ningún salario.

"Todo eso no ocurre y en la realización del informe del SSRC en realidad no entrevistaron a oficiales del Gobierno de la RCA", contesta indignado en conversación telefónica desde Uganda el teniente coronel Felix Kulayigye, portavoz del UPDF. "Todos esos informes lo que quieren es empañar nuestra imagen y que parezca que los malos somos nosotros".

Otra investigación, redactada conjuntamente por la Comisión ugandesa de derechos humanos y por el Alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, va más allá y describe todo tipo de abusos cometidos por el UPDF en Uganda los últimos años.

"Hubo informaciones de testigos que dijeron que durante su tiempo en cautividad vieron a oficiales del UPDF ordenar las violaciones masivas de mujeres capturadas al LRA (y que antes habían sido secuestradas por esta milicia) y luego matarlas a cuchillazos o con disparos", dice el informe.

El documento detalla todo tipo de crímenes cometidos tanto por el LRA como por el UPDF, aunque aclara que en el caso del Ejército ugandés los abusos no se producen de forma sistemática como sí ocurre en el caso del LRA, cuya única estrategia consiste en aterrorizar a la población civil.

Según este informe, soldados ugandeses violaron tanto a civiles hombres como mujeres, en ocasiones públicamente, para castigar e intimidar a poblaciones para que no se opongan a sus órdenes. También han sido acusados de violar a mujeres refugiadas en campos para personas desplazadas.

Además, señala que soldados del UPDF robaron en las casas abandonadas durante la existencia de los "poblados protegidos", en los que el Gobierno ugandés obligó a vivir a gran parte de la población del norte de Uganda hasta hace unos años."Casi todos los entrevistados hablaron de la violencia, empobrecimiento y la humillación que sufrieron a causa de este desplazamiento forzado".

Además, los campos no estaban bien protegidos y el LRA llevó a cabo algunas de sus mayores masacres en y alrededor de estos lugares. "Como mínimo, decenas de miles murieron en estos campos por culpa de enfermedades y violencia", indica el informe.

También cuenta cómo, según varios testigos, el LRA mató y cocinó a algunos de sus rehenes antes de abandonar algunos de sus campos. Lo hizo para que los soldados ugandeses creyeran que se trataba de alimentos y se los comieran cuando llegaran a esos lugares.

Según este y otros informes, el UPDF no es bienvenido en la República Democrática de Congo, país que ya invadió tras el genocidio ruandés en 1994 y cuyas tropas fueron entonces acusadas de abusar de la población civil y de robar minerales.

“Cuando nos llegan esas acusaciones, las investigamos y nunca hemos encontrado nada”, asegura el teniente coronel Kulayigye del Ejército ugandés.

Hay que señalar, además, que varios informes indican que el ambiente y la actitud de las tropas ugandesas en la República Centroafricana han mejorado desde la llegada en diciembre de los militares estadounidenses.

"Estados Unidos se toma muy en serio las acusaciones de violaciones de los derechos humanos y de mala conducta y discutirá las acusaciones más recientes con oficiales ugandeses", responde a este diario Hilary Renner, portavoz del Departamento de Estado.

"Cuando trabajamos con Ejércitos extranjeros, buscamos promover una cultura en la que oficiales y soldados deban rendir cuentas de sus acciones como regla general, y en esta ocasión no es diferente", añade Renner. "Estados Unidos no proporciona entrenamiento a individuos o unidades de los que se crea que han podido cometer graves violaciones de los derechos humanos".

La iniciativa militar liderada por Uganda cuenta también con el apoyo de Naciones Unidas, de la Unión Africana y de la Unión Europea (UE). De hecho, en diciembre el ministro de Defensa ugandés, Crispus Kiyonga, anunció que la UE iba a donar 1,2 millones de dólares para la construcción de una base militar que funcione como centro conjunto de operaciones en la lucha contra el LRA.

Tras el éxito extraordinario de la campaña Kony 2012, organizaciones como Human Rights Watch y Aministía Internacional han pedido a todos los actores implicados en la búsqueda de Joseph Kony que respeten los derechos humanos y la legislación internacional.

Además, y aunque todos los informes señalan que el arresto de Kony sería evidentemente una noticia muy positiva, también coinciden en indicar que no significaría el fin de la historia. En general, todos piden que la búsqueda de Kony y de sus oficiales vaya acompañada de una estrategia global que también incluya incentivos para que combatientes del LRA abandonen la milicia y una mejora de la protección a la población civil. Además, se deberían realizar programas de asistencia médica y psicológica en las áreas afectadas por la violencia, junto con planes de educación y reintegración social y laboral para excombatientes y víctimas, así como proyectos de reconciliación y justicia local. El informe realizado por la Comisión ugandesa de derechos humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos señala que deberían ser llevados ante la justicia tanto los responsables del LRA como los responsables de los abusos cometidos por el UPDF, tanto por principio como para evitar desagravios en el caso de que sólo una parte de las víctimas reciba justicia.