Un cuerpo policial especial custodiará a los diplomáticos en Venezuela

Domingo, 8 de abril: fue secuestrado en Caracas el agregado comercial de la embajada Costa Rica, Ricardo Cholele. Sábado, 7 de abril: fue asaltada la residencia del embajador de México en Caracas, Carlos Pujalte, quien también fue secuestrado a fines de enero. Viernes, 16 de marzo: fue asesinada Karen Berendique, hija del cónsul de Chile en la ciudad noroccidental de Maracaibo, Fernando Berendique. Y así, suman al menos diez los episodios violentos ocurridos en Venezuela durante el último año y medio, que involucran como víctimas al personal diplomático extranjero y a sus familiares. Como respuesta, el Gobierno de Hugo Chávez ha decidido esta semana conformar un cuerpo especial de custodia para ellos, similar al que les brindaba protección hasta abril de 2011, cuando fue desmantelado.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció el martes que está haciendo “las coordinaciones necesarias” y que está “tomando acciones y medidas estratégicas” para que en el futuro exista un “servicio de custodia diplomática”, adscrito a la recién creada Policía Nacional. Lo dijo durante la misma conferencia de prensa en la que confirmó la liberación del agregado comercial de Costa Rica, quien fue secuestrado la noche del domingo, en la entrada de su casa de la urbanización La Urbina de Caracas, y que según la versión oficial, reapareció horas más tarde por cuenta propia y sin que mediara pago de rescate, desorientado y con una herida menor en la cabeza,  en la población de Charallave, cerca de la capital.

La idea de conformar un grupo especial que brinde seguridad a embajadas, consulados y residencias de diplomáticos, sin embargo, comenzó a ser considerada por la cancillería de Venezuela a mediados del año pasado, a petición de las delegaciones extranjeras. Pero la iniciativa no se concretó por falta de presupuesto. Hasta abril de 2011, una brigada especial integrada por 400 funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas (PM) era la encargada de esta tarea, pero fue eliminada con la sustitución de la PM por la Policía Nacional.

Desde entonces, el personal diplomático acreditado en Venezuela ha estado abandonado a su suerte, en un país donde la cifra oficial más conservadora calcula la tasa de homicidios en 48 muertes por cada 100.000 habitantes. Como medidas preventivas, algunos contratan servicios privados de vigilancia, compran coches blindados y procuran circulan por Caracas en caravanas.

La inseguridad, a su vez, es Venezuela en un gran negocio: blindar un coche contra armas de fuego cuesta, por ejemplo, unos 30 mil euros al tipo de cambio oficial. Solo en 2010, 2.700 vehículos fueron reconvertidos con este sistema. Servicios como estos se anuncian en los diarios como cualquier otro producto: hace poco menos de un mes, una empresa de puertas de seguridad publicó un anuncio para promocionar el blindaje AK-47, “anti-Kalashnikov”, bajo el eslogan: “Ahora, máxima protección en cualquiera de sus modelos”.

Pero el personal diplomático no ha podido salvarse de la inseguridad venezolana por cuenta propia. Un día antes del secuestro de Cholele, fue asaltada la residencia del embajador de México en Venezuela, Carlos Pujalte, de donde se llevaron joyas y artefactos valorados en unos 40 mil dólares. El 29 de enero pasado, el embajador Pujalte y su esposa, Paloma Ojeda, fueron víctimas de un secuestro express. Lo mismo le ocurrió el viernes 11 de noviembre de 2011, al cónsul general de Chile en Caracas, Juan Carlos Fernández, quien fue secuestrado, herido de un disparo en la ingle y abandonado en mitad de la vía, dos horas más tarde. También fueron víctimas de secuestros similares el agregado militar de Bolivia y el hijo del embajador de Vietnam.

El episodio más cruento de esta secuencia ocurrió el 16 de marzo, cuando Karen Berendique, hija del cónsul chileno en Maracaibo, Fernando Berendique, fue asesinada por un grupo de agentes policiales. La chica, de 19 años de edad, viajaba en coche con su hermano, cuando el grupo de policías que hacía un control de carreteras dio la orden de que se detuvieran. Los hermanos Berendique la ignoraron y fueron perseguidos y tiroteados.

La última vez que el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, aportó cifras oficiales de violencia, en 2009, dijo que los cuerpos de seguridad del Estado eran responsables de entre el 15% y el 20% de los crímenes que se cometían país y de allí la desconfianza de los ciudadanos a operativos policiales como éstos. Por este caso, hay 12 funcionarios detenidos.