Protesta en El Cairo contra la tentación de la Junta Militar de fraude electoral
Los magistrados de la Junta Electoral son conocidos por su lealtad al régimen de Mubarak
Islamistas y jóvenes revolucionarios han vuelto a encontrarse en la plaza Tahrir después de que sus caminos se separaran hace meses. Juntos, llenaron a rebosar el centro de El Cairo para lanzar una clara advertencia a la Junta Militar contra la manipulación o aplazamiento de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para los días 23 y 24 de mayo. Las suspicacias respecto a la limpieza de los comicios se han disparado, sobre todo, entre las corrientes islamistas, después de que la Junta Electoral descalificara a 10 de los 23 aspirantes a la presidencia del país árabe, entre ellos, los dos candidatos islamistas más fuertes, Jairat al Shater, el "arquitecto" de los Hermanos Musulmanes, y Hazem Abu Ismail, un popular predicador salafista. Sorprendentemente, de la carrera electoral también fue excluido Omar Suleimán, el jefe de los servicios de inteligencia durante las dos últimas décadas de la era Mubarak. La percepción entre expertos y activistas es que la Junta Militar decidió sacrificar la candidatura de Suleimán para aparentar neutralidad, a la vez que apartaba a los dos aspirantes que le resultaban más incómodos.
"Me temo que la Junta Militar manipulará las elecciones para que no gane un candidato revolucionario o islamista", asegura Omar Ibrahim, un joven estudiante de Derecho de la Universidad de Al Azhar que se confiesa miembro de los Hermanos Musulmanes. Una vez más, la cofradía realizó una demostración de su capacidad organizativa y de convocatoria, con sus militantes controlando las entradas a la plaza. Muchos de ellos llevaban colgando del cuello una fotografía de Mohamed Morsi, el “candidato de reserva” que presentó la Hermandad en previsión de una hipotética descalificación de al Shater. Aunque Morsi es el presidente del PLJ, la marca electoral de la cofradía, es un personaje desconocido para buena parte de la sociedad egipcia, lo que le sitúa en una posición de desventaja respecto a los dos únicos favoritos que se salvaron de la criba de la comisión electoral: Amr Musa, ex secretario general de la Liga Árabe y ex ministro de Exteriores; y Abdel Moneim Abulfutuh, un islamista moderado expulsado de la Hermandad. Además de las controvertidas descalificaciones, los recelos sobre la limpieza de los comicios derivan del artículo 28 de la declaración constitucional que gobierna el país y que establece que las decisiones de la Junta Electoral son inapelables y no se pueden recurrir en los tribunales. La comisión ha sido blanco de los ataques de la oposición desde su formación, pues todos sus miembros son magistrados conocidos por su lealtad al régimen de Mubarak. Y para más inri, alguno tiene una larga experiencia en supervisar elecciones amañadas.
La manifestación de los Hermanos Musulmanes demuestra su capacidad de convocatoria
"Se busca un presidente revolucionario, no un fulul (remanente)", rezaba una de las pancartas en Tahrir, haciendo alusión a los candidatos conectados con el antiguo régimen. Con la exclusión de Suleimán, dos son los principales vestigios electorales de la era Mubarak: Amr Musa y Ahmed Shafiq, el último primer ministro del rais destronado. Sin embargo, la candidatura de Shafiq se encuentra en el alero, pues el Parlamento aprobó la semana pasada una enmienda que prohíbe a los altos cargos de la dictadura concurrir a las presidenciales. En estos momentos, el Tribunal Constitucional está estudiando la legalidad de la normativa. La situación de bloqueo en la Asamblea Constituyente ha provocado una nueva discrepancia entre los partidos políticos y la Junta Militar, que pretende que la nueva Carta Magna sea aprobada antes de la celebración de las presidenciales. En una reunión con los líderes de las fuerzas parlamentarias celebrada esta semana, el presidente de la Junta, el mariscal Tantawi, sugirió la posibilidad de retrasar los comicios, lo que provocó una reacción contundente de los líderes políticos, que no están dispuestos a aceptar la prolongación de la transición más allá del 30 de junio.
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