El Salvador, en el banquillo de los acusados por la masacre de El Mozote

El Estado salvadoreño, después de 31 años de la espeluznante masacre de El Mozote podría ser condenado al fin por un tribunal internacional. Se le acusa de no investigar, juzgar ni castigar a los responsables del mayor asesinato masivo que se haya dado en América Latina. En El Mozote fueron exterminadas cerca de mil personas, en su mayoría menores de edad y mujeres.

Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseveró en Guayaquil (Ecuador) -donde el lunes se celebró la 45ª Sesión Extraordinaria de dicha corte- que “espera tomar una decisión” antes de que termine el presente año.

Esa decisión podría ser la condena a El Salvador, que antes de acudir a la Corte ya había incumplido las recomendaciones de una instancia inferior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le había “sugerido” llevar adelante un proceso de investigación para juzgar y castigar a los ejecutores de este crimen, además de reparar a las víctimas sobrevivientes.

La brutal acción fue ejecutada por el Batallón Atlacatl (de fuerzas especiales contrainsurgentes y entrenadas por EE UU), que actuaba bajo el mando del ya fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa. Los miembros del batallón nunca han sido juzgados en El Salvador, al estar protegidos por una amnistía general promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani.

“Que haya justicia”, reclamó una familiar de las víctimas, Dorina Márquez, ante los magistrados de la Corte al concluir su testimonio. Toda su familia fue masacrada entonces. Padres. Hermanos. Tíos. Sobrinos

La masacre ocurrió en el caserío El Mozote y en sus alrededores, en la provincia oriental de Morazán, en El Salvador. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. La justificación del Ejército fue que allí existía un campo de entrenamiento de la guerrilla de izquierda que combatía entonces al Estado, el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN). Tres décadas después, aún hay militares que sostienen públicamente la validez de ese argumento para la matanza.

Según testimonios de sobrevivientes, aquello fue un acto peor que “inhumano”. Existen pruebas documentales de decenas de menores de edad que fueron arrancados de sus madres y llevados a la casa convento de la iglesia católica. Estando encerrados allí fueron abrasados vivos con lanzallamas accionados por soldados. Osamentas y huellas de la acción fueron localizadas por un equipo conjunto de antropólogos forenses de Argentina y El Salvador después de concluida la guerra civil que comenzó en 1980 y terminó en 1992. En la guerra civil salvadoreña murieron 75.000 personas y desaparecieron 8.000. Los responsables de estas muertes y desaparecimientos forzosos, sean militares o guerrilleros, se mantienen en la impunidad gracias a la amnistía de 1993.

Durante décadas, muchas de las víctimas no denunciaron los hechos por miedo, como relató ante la corte instalada en Guayaquil la señora María del Rosario López Sánchez, vecina entonces del caserío La Joya, cercano a El Mozote. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos donde vivió oculta durante seis años.

Para la perita española María Sol Yáñez -psicóloga social de la Universidad del País Vasco que acude como experta a petición de la Corte-, después de más de 31 años de ocurridos los hechos “el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia”.

Yáñez urgió a implementar un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación a las víctimas que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia actual en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto del pasado", insistió la psicóloga española.

El proceso que se lleva a cabo en Ecuador refuerza la dinámica de resarcimiento por la masacre abierta por el presidente Mauricio Funes en el 20 aniversario de la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil. Funes aprovechó para pedir perdón por la masacre. En una acción sin precedentes, nombró a los culpables de la acción, entre ellos al teniente coronel Monterrosa, a quien el ejército había reconocido como un “héroe”. Funes también prohibió rendir homenajes a militares envueltos en crímenes de guerra.

En aquel acto también habló una sobreviviente de El Mozote, Dorina Márquez, que le pidió al presidente Funes lo que todas las víctimas llevan ansiado durante tres décadas: “Queremos justicia y verdad; queremos perdonar, pero queremos saber qué y a quiénes perdonar”.