La mili de los ultraortodoxos desgarra al Gobierno de coalición israelí

El debate político en Israel se centra en un solo tema desde hace semanas: la nueva ley que debe obligar a ultrarreligiosos judíos y árabes a alistarse en el Ejército. Las diferencias entre los partidos que forman la coalición de Gobierno han puesto en peligro la supervivencia del Ejecutivo, que amenaza con desmembrarse de no alcanzarse un consenso en los próximos días.

El domingo, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quiso vender como un triunfo las negociaciones que líderes políticos, grandes rabinos y ciudadanos-soldados mantienen en Israel para decidir quién está obligado a ir al Ejército. “Durante 64 años, no hemos manejado bien este asunto. Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de una decisión histórica”, dijo durante la reunión dominical del Consejo de Ministros, en la que adelantó sin embargo que el cambio ha de ser “gradual”, al contrario de lo que exige buena parte del Israel laico. Con sus palabras, Netanyahu trató de disfrazar la crisis descomunal que atraviesa su Ejecutivo y sobre todo las tensiones internas que desgarran al país.

La cuestión es de máxima envergadura. No se trata solo de las desavenencias políticas de turno, lo que se juegan los israelíes con esta ley es la propia identidad de un país, en el que la población ultraortodoxa crece a paso de gigante y acumula privilegios que los sectores laicos dicen no estar dispuestos a tolerar más.

Decenas de miles de israelíes laicos han salido a las calles para presionar al Ejecutivo y exigirle que los hijos de los religiosos se jueguen el tipo en las guerras como los demás. Esta semana le toca el turno a los ultrarreligiosos, que prometen sembrar el caos con tal de preservar sus privilegios y de que nadie les separe del estudio intensivo de los textos religiosos. La nueva ley debe estar en vigor el 1 de agosto próximo, según al fecha fijada por la justicia israelí.

La de la composición del Ejército y el papel de las minorías en Israel es una cuestión tan polémica que ningún Gobierno ha sido capaz de dar con una solución desde la creación del Estado en 1948. En aquel entonces, el primer ministro, David ben Gurión, aprobó la exención del Ejército de medio millar de estudiosos de la Torá. La idea era que pudieran dedicar todo su tiempo y energías a desentrañar los textos talmúdicos. Lo que probablemente no previó Ben Gurión es que esos cientos de haredim pasarían a ser cientos de miles con el paso de los años. Las familias ultrarreligiosas tienen una media de casi siete hijos y representan hoy cerca del 11% de la población. Las proyecciones demográficas se disparan para la próxima década.

Los judíos ultraortodoxos y los palestinos ciudadanos de Israel, a los que la nueva ley podría obligar a hacer algún tipo de servicio civil, suman cerca de un tercio de la población. El resto de los israelíes están obligados a cumplir el servicio militar (tres años los hombres y dos años las mujeres). Hasta pasados los 40 permanecen en la reserva.

Netanyahu no ha dejado de dar bandazos políticos en las últimas semanas, mientras su socio de gobierno, Shaúl Mofaz, amenaza con dejarle plantado y romper el Ejecutivo. La actual coalición de Gobierno se formó precisamente con esa condición; la de sacar adelante la nueva ley que obligue a los ultraortodoxos a ir al Ejército. De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, Kadima, el partido de Mofaz, habría pulverizado la escasa popularidad que le queda. A ese precio, piensa Mofaz, es mejor pasar a la oposición.

Los partidos religiosos, también miembros de la coalición de Gobierno, están en pie de guerra ante unos cambios que consideran amenazan su propia existencia. De momento, el gran líder espiritual sefardí, Ovadía Yosef, ha cancelado las vacaciones de los estudiantes de las yeshivas –las escuelas religiosas- para que con sus oraciones logren tumbar la ley en ciernes. De aprobarse, la nueva medida afectaría a unos 60.000 estudiantes de yeshivas y kollels (escuelas religiosas a las que acuden los hombres casados).

Yerach Tucker, portavoz en la Kneset de uno de los representantes más combativos de Torá y Judaísmo unido, el partido religioso que pelea en contra de la ley, explica la posición de su colectivo: “Nuestra misión en la vida es estudiar la Torá. La nación judía ha sobrevivido al Holocausto, a todo, porque rezábamos. Israel no es como España. Esta es la tierra de Dios como dicen los libros. La nación judía no puede sobrevivir sin gente que rece noche y día. Somos un Ejército de gente que reza”. Y añade Tucker, quien ha pasado siete años de su vida estudiando en una escuela talmúdica: “Si hay nueva ley que nos obligue a ir al Ejército, esto va a ser el caos. Incumpliremos la ley y nos iremos del Gobierno”.

Un comité parlamentario, presidido por Yohanan Plesner, miembro de Kadima, fue el encargado de poner sobre la mesa la propuesta que debía adoptar el Gobierno y que se enfrenta ahora a todo tipo de obstáculos. Yedidia Stern, miembro del comité y vicepresidente del Israel Democracy Institute, piensa que “esta crisis es muy seria. Los haredim y el resto de la sociedad hablan dos lenguajes diferentes”. Y añade: “Si no llegamos a un acuerdo, anticipo desórdenes sociales”.

Unos 20.000 israelíes salieron a la calle el fin de semana para pedir un reparto equitativo de las “cargas” entre todos los ciudadanos. A Mofaz se le ocurrió presentarse en la manifestación y salió escaldado. Le abuchearon y tuvo que salir corriendo. Itay y Sigal Geffen acudieron a la marcha con sus tres hijos, porque no aceptan que sus hijos tengan que arriesgarse a morir en el Ejército, mientras los religiosos estudian los textos sagrados. “Somos la mayoría silenciosa. No tenemos nada en contra de los religiosos, pero nosotros, la clase media, somos los que soportamos la carga del Estado, los que pagamos, los que vamos al Ejército”, decía Sigal. Opiniones como la de Sigal se escuchan a menudo por todo el país y reflejan la profundidad de la creciente brecha que separa a religiosos y laicos en el país.