Cuba dejará de exigir el permiso para salir del país

Después de años de expectativas y espera, los cubanos amanecieron ayer con el anuncio de una reforma a la Ley Migratoria imperante desde 1976. La noticia ha estado en el centro de los comentarios callejeros y también de los foros digitales que abordan la cotidianidad de la isla. La Gaceta oficial publicó el decreto ley no. 302 que, entre otras modificaciones, elimina el permiso de salida también conocido popularmente como “tarjeta blanca”. Las nuevas flexibilizaciones entrarán en vigor el próximo 14 de enero de 2013.

Según publicó el oficialista periódico Granma esta decisión forma parte de un “trabajo que se está realizando para actualizar la política migratoria vigente y ajustarla a las condiciones del presente y del futuro”. Sin embargo, aclaró que “se mantendrán las medidas para preservar el capital humano creado por la Revolución, frente al robo de talentos que aplican los poderosos”. En evidente alusión a ciertos profesionales, especialmente los del sector de Salud Pública, que seguirán necesitando una autorización especial para salir del país.

El Gobierno cubano ha considerado durante muchos años traidores a los cubanos que pedían abandonar el país

Las flexibilizaciones que trae el nuevo decreto ley incluyen la erradicación de la llamada carta de invitación que el viajero debía recibir desde el país de destino. También se pone fin al permiso de salida y se extiende a 24 meses el tiempo que un residente nacional puede pasar en el extranjero. Se deja sin efecto también una resolución dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores que obligaba a pagar un arancel consular por cada mes que se permanecía fuera de la Isla.

Los cambios anunciados reducen significativamente los costos de los trámites migratorios. Con la vieja legislación debía pagarse unos 150 CUC (un euro equivale a 1,22 pesos convertibles cubanos) por el permiso de salida y alrededor de unos 200 CUC para confeccionar la carta de invitación. Pero con la aplicación del decreto ley 302 sólo será necesario pagar por la confección del pasaporte, que sí ha subido de 55 CUC a 100 CUC. Aunque los precios han disminuido, todavía siguen siendo inalcanzables para esos cubanos que viven solo del salario medio mensual que no supera los 20 CUC.

Otro elemento positivo es la derogación de la Ley del 5 de diciembre de 1961 que disponía “la nacionalización mediante confiscación a favor del Estado cubano, de los bienes, derechos y acciones de los que se ausenten con carácter definitivo del país”. Sin embargo, para quienes emigran se mantiene la necesidad de solicitar una habilitación del pasaporte para entrar a la isla y sólo podrán permanecer en ella unos 90 días.

Una de cal y otra de arena parece querer decir cada artículo de estas nuevas directrices migratorias.

En ausencia del permiso de salida y de la carta de invitación, el elemento decisivo pasa a ser el propio pasaporte. En el momento de la confección del mismo ya la persona podrá tener una idea de si se le permitirá o no viajar fuera del país. El nuevo decreto deja un extenso margen para que las autoridades nieguen la entrega de este documento al solicitante. En el artículo 23 se incluyen varios supuestos que de cumplirse impedirían la obtención del pasaporte cubano para un residente en territorio nacional. El más criticado hasta ahora es el inciso “h” bajo el cual se advierte que se recibirá una negativa a ese trámite “cuando por otras razones de interés publico lo determinen las autoridades facultadas”.

Los disidentes y demás activistas tienen razones para sospechar que amparadas en ese artículo, las autoridades les imposibilitarán viajar al exterior. En similares términos se destina el artículo 24.1 a los exiliados cubanos. Quienes no recibirán la autorización para entrar en el país, en caso de “organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano”. Las lecturas pueden ser muy amplias y el régimen de La Habana ha utilizado frecuentemente el tema migratorio como mecanismo para silenciar las críticas dentro y fuera de la isla.

Por su parte, los “atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano” continuarán necesitando una autorización adicional para realizar un viaje con motivos personales. Lo mismo ocurre con los médicos y otros profesionales que para emigrar deberán esperar hasta cinco años por la llamada “liberación” laboral. Según ha explicado Granma en un editorial publicado también ayer “Cuba estará obligada a mantener medidas para defenderse” de las políticas “dirigidas a despojarnos de los recursos humanos imprescindibles para el desarrollo económico, social y científico del país”. La noticia ha caído como un balde de agua fría sobre los deportistas y profesionales de la salud, sectores que habían aguardado con esperanza la reforma migratoria.

El pasaporte será válido por dos años, prorrogable en dos ocasiones hasta un total de seis años. En cada proceso de actualización el Ministerio del Interior tendrá la potestad de denegar la prórroga. De manera que salir una vez no garantiza que se podrá volver a viajar en la siguiente ocasión.

Los cubanos tienen motivos para sentirse esperanzados con las nuevas flexibilizaciones en la política migratoria. Pero esta no parece ser ni de la envergadura ni de la profundidad con la que habían soñado muchos de ellos.