David Cameron defrauda a las víctimas de los tabloides
El primer ministro británico rechaza regular por ley el control del sector tras conocer las conclusiones de la Comisión Leveson, creada a raíz del escándalo de las escuchas ilegales
David Cameron se puso el listón muy alto: la prueba del algodón del informe Leveson sobre los abusos de la prensa británica sería qué opinan del informe las propias víctimas de esos abusos. El juez lord Brian Leveson ha pasado el examen con notable. El primer ministro, al oponerse a la propuesta más controvertida, lo ha suspendido. El suspenso ha supuesto para él la apertura de un frente de batalla en el que tiene que luchar no solo contra la oposición, sino con sus socios de coalición liberalesdemócratas y un amplio sector de su partido, a favor de que los nuevos mecanismos de control de la prensa estén sometidos a algún padrinazgo legal.
Sin embargo, Cameron cuenta con un poderosísimo aliado: la prensa. La de la derecha, con el Daily Mail, el Telegraph y el Times a la cabeza. Pero también los recelos del centrista Financial Times y de los izquierdistas The Independent e incluso The Guardian.
Las propuestas del juez Leveson culminan la investigación encargada por el primer ministro a raíz del escándalo de las escuchas ilegales del tabloide News of the World. Tras 16 meses de investigación y la declaración de más de 600 testigos en lo que ha sido un proceso a las legendarias malas prácticas de una gran parte de la prensa británica, el juez ha concluido que hace falta no solo poner en marcha un sistema de autorregulación de la prensa controlado de forma independiente, sino que este se ha de apoyar en algún tipo de legislación para que realmente funcione.
La mayoría de la prensa cree que esa es una manera de instaurar la censura, que funcionó hasta que en 1695 el Parlamento suprimió el sistema de licencias bajo el que operaban los diarios de la época, con el objetivo de garantizar así la libertad de prensa.
Varios periódicos tildan de censura las recomendaciones del 'informe Leveson'
Para Leveson, esa propuesta es “esencial” y si el Gobierno la rechaza es como si rechazara el conjunto del informe, de casi 2.000 páginas. Para Cameron, sin embargo, eso sería “cruzar el Rubicón”, un punto de no retorno semejante al que traspasó Julio César cuando en el año 49 antes de Cristo cruzó ese riachuelo al frente de 50.000 soldados para tomar Roma.
Al rechazar el núcleo duro de las recomendaciones del juez, Cameron arriesga mucho. Por encima de todo, el peligro de que su posición no sea percibida por la opinión pública como una defensa de la libertad de expresión, sino como su sometimiento a los grandes empresarios de prensa. Los afectados por las escuchas del News of the World y otros abusos de la prensa han reaccionado de inmediato. Si no hay ningún control legal, “las recomendaciones de Leveson no van a funcionar”, ha alertado la escritora J.K.Rowling, que un día se encontró un mensaje de un periodista en la ropa de su hija pequeña. “No acepto en absoluto el argumento de que el hecho de que la prensa esté regulada significa que no sean libres de escribir lo que quieran y lord Leveson ha sido muy claro al respecto”, opina la autora escocesa. “Me siento alarmada y consternada”, ha añadido.
Los afectados por ese tipo de abusos han dado la bienvenida a las recomendaciones a pesar de que echan en falta un mecanismo que permita paralizar al menos temporalmente una información. Ese es un aspecto que Leveson ha rechazado precisamente para evitar que pueda haber abusos que coarten la libertad de expresión. Lo que defiende es un código de conducta elaborado por la propia prensa pero aplicado por personas independientes, ajenas tanto a la industria mediática como al poder político. Esa regulación incluiría el poder de investigar por propia iniciativa los presuntos abusos y castigarlos con multas de hasta el 1% de la cifra de negocios de la empresa infractora, con un tope de 5.000 libras (6.200 euros).
Sería un sistema al que los periódicos se sumarían de forma voluntaria e incluiría la capacidad de resolver las denuncias del público sin acudir a los tribunales, abaratando todo el proceso. Los medios que no quisieran sumarse no tendrían esa ventaja y además Leveson sugiere que sean sometidos al control de Ofcom, el regulador de las telecomunicaciones. Algo que cuenta con un rechazo unánime, tanto de los medios como de los partidos, porque Ofcom rinde cuentas directamente al Gobierno y las televisiones tienen por ley la obligación de ser políticamente imparciales. “Eso sería dar un paso hacia el sistema de licencias”, advierte un editorial del Financial Times.
La vía de salida que promueve la prensa y que Cameron alienta sin disimulo es que la industria ponga en marcha de inmediato un sistema de autorregulación tan estricto y creíble que acabe haciendo innecesario reforzarlo por ley. Los diarios cuentan con la ventaja de que el proceso legislativo puede alargarse incluso hasta 2015. Los diarios reclaman una última oportunidad para vigilarse a sí mismos, pero esta ha sido la séptima investigación sobre sus abusos. La última, en 1991, acabó con la creación de la Comisión de Quejas de la Prensa (PCC). Entonces fue presentada como la panacea, pero ha acabado siendo dominada por los intereses de los diarios, no los de las víctimas de sus abusos.
Los puntos más controvertidos
Mientras la prensa británica alerta sobre el fin de la libertad de expresión y la llegada de la censura por primera vez desde el siglo XVII, las víctimas de sus abusos han puesto en marcha una petición en Internet para forzar al primer ministro a adoptar en su totalidad las recomendaciones del juez lord Brian Leveson. A las 48 horas de su puesta en marcha la habían firmado casi 63.000 personas.
Además de la polémica sobre si el nuevo sistema de autorregulación independiente de la prensa ha de estar reforzado con una ley, hay otros aspectos controvertidos:
» Voluntariedad. Leveson propone que la aceptación de un código de conducta de la prensa sea voluntario, pero al mismo tiempo sugiere una lista de premios y castigos para conseguir que sea aceptado. Los que se queden fuera no podrán beneficiarse de un nuevo sistema barato de arbitraje y deberían ser controlados por el regulador de las telecomunicaciones, Ofcom. Ese último punto es rechazado por todos, incluso quienes apoyan sin ambages a Leveson, como los laboristas, los liberales y el diario The Guardian.
» Periodistas desprotegidos. El juez propone que los periodistas dejen de estar exentos de la Ley de Policía y Evidencia Criminal y la ley de Protección de Dartos, lo que todos los diarios consideran que puede afectar al periodismo de investigación y facilitar a la policía la identificación de las fuentes de los periodistas.
» Independencia. El regulador ha de ser independiente pero algunos diarios cuestionan que pueda serlo si a sus miembros los nombra el Gobierno.
» Prensa y policía. La sugerencia de que la prensa no debe tener conversaciones confidenciales con policías se considera un absurdo y un indicio de que Leveson no entiende cómo funciona el oficio.
» Internet. Bastantes medios se quejan de que el juez proponga medidas para regular la prensa escrita pero no haga referencias al problema que supone la eclosión del periodismo en Internet.
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