Rostros de los vuelos de la muerte

El tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los dos principales centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), ha comenzado hace dos semanas, pero aún no se ha acabado la lectura de las acusaciones contra los 68 imputados. Es el mayor proceso judicial que se ha hecho contra el régimen, en el que se juzgarán delitos de lesa humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Durará dos años y declararán casi 900 testigos.

Quien caía secuestrado por la dictadura podía tener tres destinos: que lo liberaran después de unos días o unos años, que lo fusilaran o que muriera en plena tortura o como punto final de esta. Los cuerpos eran enterrados como NN, o entregados a sus familiares como guerrilleros muertos en combate o arrojados al Río de la Plata, al Atlántico o al delta del río Paraná. Cuando un detenido salía de la ESMA con rumbo al vuelo final, se decía que era traslado, pero sus compañeros de cautiverio no sabían qué le iba a suceder. “El traslado era un enigma, había un silencio sepulcral”, cuenta Ana María Careaga, superviviente de otro centro clandestino de detención, El Atlético, e hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que estuvo en la ESMA y murió en uno de los vuelos de la muerte. Los marinos llevaban en camiones a los detenidos hasta el cercano aeropuerto de Buenos Aires para vuelos domésticos, el Jorge Newbery, u otras bases aéreas y desde allí partían vuelos pilotados por integrantes de la Armada o de la Prefectura Naval (policía de mares y ríos). Las víctimas eran drogadas con pentotal, un barbitúrico que las sedaba por completo pero por poco tiempo. Alguien los empujaba del avión desnudos, atados de manos y pies, encapuchados y golpeados.

Solo algunos cuerpos fueron encontrados e identificados, como el de la madre de Ana Careaga, Esther Ballestrino, y el de otras cuatro mujeres que con ella integraban el grupo de los 12, que se reunían en la iglesia porteña de Santa Cruz para organizar la búsqueda de desaparecidos y que fueron secuestrados después de que el marino Alfredo Astiz, El Ángel Rubio, se infiltrara entre ellos. Entre esos restos identificados en 2005 figuran los de otras dos fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y María Ponce, y el de una de las dos monjas francesas de aquel grupo, Leonnie Duquet. “Las monjitas voladoras”, bromeaban los marinos en la ESMA, orgullosos de haber inventado un nuevo método de exterminio.

En el segundo proceso de la ESMA se juzgó el secuestro y la tortura de los 12 fallecidos de la Santa Cruz, pero en este tercer proceso se juzgarán los vuelos en los que murieron. El hallazgo de aquellos cuerpos sirvió como prueba contundente de lo sucedido. A partir de ellos se descubrió que las víctimas morían al impactar en el agua. Se supone que la mayoría de los desaparecidos de la ESMA sufrieron el mismo destino, con algunas excepciones, como la del eximio periodista Rodolfo Walsh, militante de la guerrilla peronista Montoneros abatido a tiros en la calle. El cuerpo de Walsh fue mostrado a los prisioneros de la ESMA. Algunos de los responsables de su asesinato fueron condenados en el segundo juicio sobre este centro, pero otros acusados serán juzgados en el tercer proceso.

En el primer juicio de la ESMA solo había un acusado, que se suicidó en 2007. En el segundo, en cambio, fueron sentenciados 16 exmilitares y expolicías por 85 casos de terrorismo de Estado. En este tercer proceso se juzgarán todos los demás delitos cometidos en esa escuela del horror que aún no han sido condenados, como secuestros, torturas, homicidios, robos de hijos de desaparecidas y trabajo esclavo (algunos prisioneros eran obligados a cumplir tareas para el régimen, como en el gabinete de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores). Solo quedarán pendientes para otros juicios los robos de bienes de los secuestrados.

La mayoría de los condenados en el segundo juicio han vuelto al banquillo en el tercero. Están Jorge Acosta, alias El Tigre; Astiz; Juan Antonio Azic, que se adueñó de la hija de desaparecidos y actual diputada opositora Victoria Donda; Adolfo Donda, tío de esta dirigente política, y Ricardo Cavallo, que estuvo detenido en España entre 2001 y 2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Entre los nuevos imputados aparecen el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, acusado de presenciar tormentos contra un guerrillero que había atentado contra él; los presuntos pilotos de la muerte Enrique de Saint Georges, Mario Arru, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo que las víctimas “caían como hormiguitas”, y Julio Poch, que también admitió su autoría a compañeros de trabajo en una compañía aérea holandesa. También hay otros ya condenados en el juicio que este año se hizo por el plan sistemático de robo de niños, como el médico militar Jorge Magnacco.

Por la ESMA pasaron 5.000 secuestrados. Entre las desapariciones que se analizarán en este tercer juicio figuran las del hermano y la madre del actual diputado kirchnerista Dante Gullo —el primero militante peronista y la segunda, una italiana que perdió la vida buscando a presos políticos—, así como sus dos hijos; la joven militante peronista Alicia Alfonsín, que dió a luz en la ESMA al bebé robado Juan Cabandié, que recuperó su identidad en 2004 y es diputado del Parlamento de Buenos Aires por el kirchnerismo; Norma Arrostito, fundadora de Montoneros; el padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, que era fiscal y buscaba a un hijo desaparecido; el hermano de la exdiputada Liliana Chiernajowsky, que también fue detenida por el régimen; la adolescente Dagmar Hagelin, argentina de origen sueco cuyo caso llevó a que casi rompieran relaciones Buenos Aires y Estocolmo en 1977.

También se juzgará la desaparición de Elena Holmberg, una diplomática que había sido enviada a la Embajada argentina en París para contrarrestar la información en contra de la dictadura y cuya familia sospecha que se enteró de la corrupción del entonces jefe de la Armada, Emilio Massera —por eso debió de regresar a Buenos Aires—, y su cuerpo fue hallado en el delta del Paraná. Otras desapariciones son la de hija de uno de los principales dirigentes del organismo de derechos humanos, el fallecido Emilio Mignone, que era un catequista de un barrio pobre; los dos hermanos de la actual senadora opositora Norma Morandini, ambos militantes peronistas; María Hilda Pérez, montonera que dio a luz en cautiverio a Victoria Donda; los montoneros Orlando Ruiz y Silvia Dameri y sus tres hijos robados, una de las cuales también acabó apropiada por Azic; y la hija del periodista, poeta y montonero desaparecido Paco Urondo, que también era una militante de esa guerrilla.

Se juzgarán también casos de supervivientes de la ESMA, como Myriam Lewin, periodista de investigación del Grupo Clarín; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; Carlos Lordkipanidse, militante del peronismo revolucionario que en un interrogatorio bajo tortura vio cómo Azic sometía a su bebé a la picana eléctrica; y los sacerdotes jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio, este último ya fallecido, que en su momento acusaron al actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, de haberles tachado de guerrilleros ante las autoridades militares.