Giffords pide al Congreso coraje para actuar en el control de las armas
La superviviente de la matanza de 2011 en Tucson (Arizona) abre con un emotivo discurso la primera audiencia en el Senado dedicada a la violencia de las armas
Lo dijo su marido: “El don de Gabby para los discursos es un recuerdo muy lejano”. “Tiene graves problemas para andar y está parcialmente ciega”, declaró Mark Kelly, casado con Gabrielle Giffords, la congresista demócrata que en enero de 2011 recibió un tiro en la cabeza durante un tiroteo en Tucson (Arizona) en el que murieron seis personas y 12 resultaron heridas.
Aún así —o precisamente por ello—, el testimonio de Giffords en la apertura de las audiencias en el Senado dedicadas al control de las armas de fuego fue emotivo y poderoso. “Me cuesta hablar”, comenzó a pronunciar Giffords titubeante, “pero tengo algo importante que decir”, declaró. “Tenemos que hacer algo”, se esforzó por pronunciar la hoy ya excongresista, que renunció a su escaño para poder dedicarse por completo a su recuperación. “Están muriendo muchos niños, demasiados niños”, dijo Giffords mirando a los senadores que componían el panel. La comparecencia de Giffords no estaba prevista en la agenda y su aparición fue una sorpresa. A Giffords no se le hicieron preguntas. Solo se le escuchó.
Lo que tenía que decir, lo dijo y lo dijo claro. Giffords pidió al Congreso que fuera “audaz” y “valiente” y actuara “ahora”, con premura, para acabar con la epidemia de violencia armada que consume a Estados Unidos. “Esta es una conversación importante para nuestros niños, para nuestras comunidades, para demócratas y republicanos”. Acompañada por su esposo, astronauta de profesión dedicado ahora a la causa del control de las armas, la excongresista finalizó reconociendo que la tarea no es fácil. “Pero el momento ha llegado, tienen que actuar”, pidió Giffords al Congreso.
Justo ayer se informaba de que una majorette de 15 años que participó en los actos de inauguración de la toma de posesión del presidente Barack Obama había muerto en el hospital de Chicago al que fue trasladada tras recibir un tiro en la espalda el martes por la tarde en un parque del South Side. Hadiya Pendleton se refugiaba de la lluvia con otra docena de adolescentes cuando un hombre se acercó a ellos disparando para luego subirse en un coche y darse a la fuga. No hay detenidos. En lo que va de año, casi 50 personas han muerto en Chicago en tiroteos. Durante la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, el portavoz de Obama fue preguntado sobre cómo se sentía el presidente. “Es una terrible tragedia”, dijo Jay Carney.
La audiencia de hoy en el Senado ha sido la primera de lo que será una larga serie para lograr dar respuesta a la necesidad de reducir la violencia que provocan las armas de fuego y ha tenido lugar casi dos meses después de la masacre de Connecticut que propició el debate nacional, cuando un joven armado con un rifle de asalto acabó con la vida de 26 personas en un colegio, entre ellas 20 niños. También ha sido la prueba más contundente de que la tarea es titánica ya que las posiciones no pueden ser más opuestas, como en casi todos los temas importantes, el país está dividido en dos.
Entre quienes han comparecido ante el Comité Judicial del Senado estaba el vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, siglas en inglés), Wayne LaPierre, quien argumentó que la respuesta a la violencia de las armas era más seguridad y más agentes uniformados pero no nuevas leyes. LaPierre también dejó clara la oposición de su organización —que cuenta con más de cuatro millones y medio de afiliados— a la comprobación universal de antecedentes de los compradores de armas. “Cuando se trata de comprobar antecedentes, seamos honestos, nunca serán del todo universales porque los criminales no se someterán a ellos”, dijo.
Tres de las principales propuestas del presidente Obama —antecedentes, prohibir la venta de armas de asalto y limitar la capacidad de los cargadores— son enfrentadas con toda la artillería por parte de la NRA. “Los dueños de armas que cumplen con la ley no van a aceptar que se les culpe por actos de violencia o se les asocie a criminales enloquecidos”, dijo LaPierre. “Tampoco creemos que el Gobierno deba dictar qué podemos poseer y qué podamos usar para proteger a nuestras familias”.
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