Los líderes de la revuelta estudiantil chilena buscan escaños en el Congreso

Los principales dirigentes del movimiento estudiantil chileno han emprendido una de las batalladas de mayor complejidad desde que en 2011 removieron el tablero político del país sudamericano: convertirse en parlamentarios en las elecciones del 17 de noviembre y, pese a su postura inicial, de desconfianza ante el sistema institucional, apostar a las transformaciones desde dentro del Congreso.

La geógrafa Camila Vallejo, de 25 años, principal rostro de la revuelta de los estudiantes, pretende convertirse en diputada por La Florida, una zona de clase media de la Santiago de Chile. La líder comunista, una de las figuras políticas chilenas de mayor fama internacional, con sus cinco meses de embarazo recorre las calles de la comuna pidiendo el voto a la ciudadanía para llegar al Parlamento con el apoyo de su partido y el centrozquierda.

Giorgio Jackson, otro de los dirigentes que protagonizaron las protestas callejeras hace dos años, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), ha desafiado a los partidos políticos tradicionales y, con el apoyo de los independientes, quiere ser diputado por Santiago. Líder de Revolución Democrática, un movimiento que ha logrado influencia desde 2011, recoleta firmas para lanzar su postulación y quedarse con una de las comunas de mayor relevancia en el país.

“Llegamos a la conclusión de que no podíamos esconder la cabeza frente a las elecciones este año y que era importante que los movimientos sociales también tuvieran una expresión política en los comicios”, señala dirigente del movimiento Izquierda Autónoma, Gabriel Boric. El expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), crítico del establishment político, del Partido Comunista y de la exmandataria Michelle Bachelet, informó el lunes su candidatura por Magallanes, en el extremo sur del país: “Si resulto electo, apoyaré las marchas, los paros y las movilizaciones. El sistema hay que cambiarlo desde dentro y desde fuera”.

Francisco Figueroa, el exvicepresidente de la FECh, militante de la Izquierda Autónoma, es otro de los dirigentes que se ha animado a disputar un cupo en el Congreso, y señala que “es un triunfo que exdirigentes de 2011 sean hoy candidatos”.

El movimiento desde sus inicios desconfió profundamente que la política se hiciera desde el Estado y, por el contrario, propugnaban que la vida pública transitaba por la sociedad y no por las instituciones de la democracia representativa. Desde 2011, sin embargo, los principales dirigentes han transitado hacia una posición de pragmatismo y, para evitar que su fuerza se diluya, como le ocurrió a los indignados españoles, han apostado por tener presencia en el Poder Legislativo.

El camino que han tomado los estudiantes, sin embargo, para algunos es un error estratégico. “Debieron insistir con el movimiento social y no pasarse a la política”, afirma Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y reconocido intelectual de izquierda. El docente, que para muchos inspiró el movimiento estudiantil, piensa que los jóvenes están estancados. “Proponen consignas y no han planteado un nuevo sistema educativo que responda a las necesidades actuales”, asegura Salazar, quien cree que los jóvenes influirán poco en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre noviembre.

El movimiento estudiantil pretende que el sistema educativo, que carece de reglas y está entregado a las leyes del mercado, debe corregirse. Los jóvenes, que pese a todos los pronósticos han logrado mantener vigentes sus demandas e instalado la educación en el seno del debate político, quieren un modelo gratuito y de calidad y recuperar el dominio público tanto en la educación escolar como universitaria. De acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la enseñanza de los niños y jóvenes encabeza la lista de prioridades de la población.

La educación es una de las áreas peor evaluadas de la Administración del presidente Sebastián Piñera y, según la última encuesta Adimark, un 71% de la población desaprueba su desempeño en el área. El 21 de mayo pasado, en su última cuenta pública antes de dejar la presidencia en marzo de 2014, el jefe de Estado destacó el aumento de créditos y becas: “Si en 2009 el Estado invertía 8.900 millones de dólares en educación, este año invertiremos casi 14 mil millones de dólares, lo que representa más de un 50% de incremento”, dijo el mandatario que tiene un 34% de popularidad.

Los estudiantes rechazaron sus palabras argumentando que las iniciativas que ha impulsado el Gobierno no satisfacen su principal objetivo: un cambio radical del sistema educativo que impera en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El movimiento tiene sus raíces en las protestas de los secundarios de 2006. La llamada Revolución pingüina –nombre que recibió debido a los colores del uniforme de los escolares– exigió ese año al gobierno de Michelle Bachelet que los liceos no sean administrados por los municipios locales, que los administradores de los colegios públicos no lucraran con la educación y que eliminara la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que promulgó Pinochet un día antes de dejar La Moneda. La médico socialista la reemplazó en 2009 por la Ley General de Educación (LGE), con acuerdo de todos los sectores políticos.

Los profesores y los estudiantes, sin embargo, se resistieron y hasta la fecha esta iniciativa genera anticuerpos. “Para ser honesto, no creo que vaya perdonar alguna vez a Michelle Bachelet la aprobación de la LGE y la imagen de los presidentes de la Concertación y la derecha con las manos arriba celebrando su acuerdo”, escribió a comienzos de abril el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Nicolás Grau. El exdirigente criticó los anuncios que la ex directora de ONU Mujeres lanzó en materia educativa apenas comenzó su campaña por la reelección a fines de marzo: “Hay buenas razones para dudar”, indicó el economista.

Los estudiantes no encontraron soluciones durante el último Gobierno de la centroizquierda y en 2011, con los universitario a la cabeza, su malestar fue la punta de lanza de la indignación de la sociedad por los altos niveles de desigualdad. “Cuando hay una clase media nueva, que tiene altas exigencias y expectativas, las manifestaciones sociales son ineludibles”, explicó el editor de América Latina del semanario The Economist, Michael Reid, en el periódico chileno La Tercera en abril de 2012.

De acuerdo a diferentes analistas y dirigentes, entre ellos el expresidente socialista Ricardo Lagos, Chile cambió de ciclo político, económico y social después de las protestas de 2011. Las movilizaciones de los jóvenes, cuyas demandas llegaron a conseguir el apoyo de un 80% de la ciudadanía, pusieron en jaque a la clase política en su conjunto. Las instituciones democráticas, entre ellas el Congreso y los partidos, se instalaron entre las menos confiables del país.

Pero, ¿qué han conseguido desde entonces?

Los estudiantes han logrado instalar la crisis de la educación pública en la agenda nacional y abrir la discusión sobre los perjuicios que, en diferentes áreas, ha causado el modelo de mercado con poca regulación. El año pasado, por ejemplo, la justicia abrió una investigación en tribunales contra diferentes instituciones de educación superior que ganaban dinero, lo que está prohibido por la ley chilena.

Los estudiantes, pese a haber tenido un 2012 bastante débil, mostraron este año su fuerza en la calle: congregaron a 150 mil personas el 11 de abril en Santiago, en la primera movilización de 2013 y una de las más masivas desde el retorno a la democracia en 1990. En su última marcha, el 28 de mayo pasado, sin embargo, sufrieron un traspié y solamente mil alumnos llegaron a la convocatoria en el centro de la capital, en gran parte por culpa de la lluvia. “No fue lo que nos hubiera gustado, pero estamos trabajando para que junio sea un mes movilizado”, anuncia Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

Hoy 19 universidades –15 suscritas al Consejo de Rectores (CRUCh) y cuatro privadas– están movilizadas. Según cálculos de dirigentes, significa que al menos un 50% de los universitarios se encuentran en tomas, paros o asambleas. De acuerdo a las mismas fuentes, 26 colegios públicos están en paro o ocupados por secundarios.

A medidos de abril pasado los jóvenes ya obtuvieron un logro político: la caída del tercer ministro de Educación de Piñera, Harald Beyer, quien después de 16 meses fue destituido por el Congreso gracias a la presión de los estudiantes. Además, la actual carrera presidencial está marcada por los petitorios del movimiento. “Es una campaña inédita porque por primera vez los candidatos van a tener que discutir sobre el modelo”, dice Fernando Atria, abogado y miembro del equipo dedicado a evaluar una nueva Constitución del comando de campaña de Michelle Bachelet, la gran favorita según las encuestas.

Eugenio Guzmán, miembro del centro de estudios de derecha Libertad y Desarrollo, prevé que no será fácil para los estudiantes seguir imponiendo sus temas en la agenda cuando la recta final de la carrera presidencial comience después de las primarias del día 30. El sociólogo señala que “la calidad de los liderazgos” ha decaído, tanto por el desgaste natural del proceso como por las características propias de los dirigentes actuales. “Lo fundacional les otorgó a Camila Vallejo y Giorgio Jackson una fuerza y carisma que los líderes de 2013 no tienen”, indica el académico.

Los dirigentes estudiantiles apuestan por radicalizar sus movilizaciones en los próximo meses y ya hablan de que en 2014 saldrán a las calles para exigir que se concreten las promesas de quien llegue a La Moneda. “La pelea por la educación es de largo aliento”, dice Andrés Faulbaum de la FECH, quien en el corto plazo anticipa una mayor articulación con otros actores sociales. En esa línea, los estudiantes se sumarán al paro productivo convocado para el 11 de julio por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el organismo multisindical más importante del país.

El 13 de julio será la próxima marcha: los estudiantes ya pidieron autorización para caminar por la Alameda, la avenida principal de Santiago, y lo harán con sus pancartas de “Educación gratuita” y “No al lucro”.