Derechos y deberes indígenas

El linchamiento en Bolivia de supuestos delincuentes por turbas que invocaron las prerrogativas otorgadas a la justicia indígena por la administración de Evo Morales, en detrimento de la justicia ordinaria, remite a uno de los dilemas todavía no resueltos en América Latina: el respeto de los usos y costumbres de las etnias o su sometimiento a las leyes promulgadas por las democracias parlamentarias.

Entre las comunidades indígena de Bolivia, Guatemala, México o Ecuador ajenas a la igualdad de género, se observa una violencia más profunda y enquistada que el linchamiento: la coerción ejercida por el machismo indígena contra la mujer, reducida frecuentemente a la condición de ciudadana de segunda. “Da vergüenza que las mujeres embarazadas estudien, pues sólo sirven para la cocina y para trabajar en el campo”, se despachó en su día Domingo Gómez, presidente del patronato de agua potable de San Juan Chamula, en Chiapas (México). Al amparo de la tradición, el líder de la etnia chamula se opuso a que 67 mujeres indígenas recibieran el diploma oficial de estudios secundarios. Y lo logró.

El presidente Morales, el subcomandante Marcos y los intelectuales afectos a la prevalencia de los códigos tradicionales citan los abusos y atrocidades cometidos por las oligarquías blancas y mestizas contra los pueblos amerindios para justificar la conveniencia de una discriminación positiva en los textos constitucionales. Nada que objetar a la vindicación, pues los pueblos indígenas han sufrido y sufren marginación y pobreza, pero la realidad demuestra que la devolución de los derechos históricos arrebatados es una cosa, y la integración y convivencia de comportamientos caciquiles y retrógrados con leyes concebidas para el siglo XXI, y para todos, es otra mucho más difícil.

Frecuentemente, los usos y costumbres reglamentan elecciones locales y comportamientos refractarios a los reglamentos promulgados por las leyes generales. En ese sentido, las reclamaciones indígenas de autodeterminación son tan respetables como denunciables los propósitos de quienes las exigen para seguir en un machismo ancestral, en la ignorancia y en la defensa a ultranza de privilegios y prebendas. Un ecuatoriano que violó a una menor y fue condenado a 16 años de cárcel se declaró indígena para burlar los rigores de la ley ordinaria, que aceptó su traslado a la jurisdicción indígena, pese a la oposición del fiscal. Fue condenado a una fuerte indemnización, trabajo comunitario durante seis años, baño de purificación, y seis latigazos.

Políticos, abogados, antropólogos, psicólogos y sociólogos trabajan en los países latinoamericanos de población indígena numerosa para tratar de armonizar sus ordenamientos jurídicos con los ordinarios, sin haberlo conseguido todavía pues a diario se publican noticias sobre abusos, carencias e incompatibilidades. La nueva ley promovida por el gobierno de Evo Morales establece el mismo rango para la justicia ordinaria y la indígena, cuyos fallos son inapelables ante instancia superiores. Peligrosamente ambigua, y necesitada de recorrido, no garantiza ni la paz, ni la equidad, ni tampoco precisa los delitos competencia de una u otra jurisdicción. Puede ocurrir que una autoridad indígena se declare competente para juzgar asuntos que afecten a la seguridad del estado.

A la espera de la difícil convivencia de códigos tan divergentes, los gobiernos de América Latina afrontan el reto de evitar que la protección de los usos y costumbres de las nacionalidades originarias no causen agravios comparativos, ni supongan la desprotección y el atraso de los indígenas, mayoritariamente mujeres, que los perciben sofocantes, opuestos a sus aspiraciones de libertad y progreso.