Rousseff cede ante las demandas de la calle

Brasil vive estos días un ritmo vertiginoso. No sólo los periódicos de papel, sino los titulares de Internet pierden vigencia en cuestión de horas. Pero todos apuntan en el mismo sentido: el Estado cede ante la presión de la calle. Y la presidenta, Dilma Rousseff, ha vuelto a marcar la agenda política. La calle pedía mejoras en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, ante la corrupción. Y Rousseff ofreció el lunes todo eso y algo más: cinco grandes pactos envueltos en un gran proceso de transformación de la Constitución. Gran sorpresa. Pero la oposición, parte del poder judicial y los grandes medios de Brasil se le echaron encima alegando que era imposible e innecesario convocar una Asamblea constituyente que solo se encargara de diseñar la reforma política, porque una vez que se convoca esa Asamblea tiene plenos poderes para cambiar la Constitución de arriba a abajo. Además, la potestad de convocarla depende exclusivamente del Congreso, no de la presidencia.

Rousseff escuchó y rectificó sobre la marcha. En vez de impulsar la Asamblea constituyente, promoverá un plebiscito donde el pueblo votase directamente las medidas de la reforma política. Y lo hará antes de octubre. Para que esas medidas entren en vigor a partir de las presidenciales de octubre de 2014 tienen que haber sido aprobadas un año antes.

Ahora —si es que tiene algún valor la palabra ahora en este contexto político vertiginoso— el debate gira en torno a los pros y los contras de un referéndum específico y cerrado o de un plebiscito amplio y abierto. El referéndum demandaría de la población un sí o un no a una reforma política que ya habría sido analizada, debatida y aprobada en el Congreso. En cambio, el plebiscito plantearía directamente al pueblo una serie de preguntas concretas sobre la reforma política. Algunos diputados creen que la reforma es algo demasiado complejo como para que sea sometida a una votación directa. Sin embargo, el Gobierno es partidario de la reforma, de que el pueblo participe de la forma más directa posible.

Y en medio de ese frenesí, la calle sigue apuntándose victorias. En la noche del martes se produjo un resultado en la Cámara de Diputados de Brasil que habría sido impensable sin las protestas que comenzaron el 6 de junio. La propuesta que en las manifestaciones se asociaba con la impunidad ante la corrupción; el proyecto que limitaba los poderes de investigación del Ministerio Público; la famosa PEC-37 (Propuesta de Enmienda Constitucional 37); la misma que en junio de 2011 consiguió el respaldo de 207 diputados; la que fue aprobada seis meses después por la Comisión de Constitución y Justicia y en noviembre de 2012 por la comisión especial que la analizó; la norma que sólo esperaba el aldabonazo de una Cámara controlada en un 80% por el Partido de los Trabajadores y sus aliados… Esa propuesta fue rechazada anoche por 430 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones.

El proyecto pretendía limitar la capacidad de investigación de los fiscales y potenciar las atribuciones de la policía. Los detractores de la propuesta afirmaban que, si se hubiera aprobado esa ley, en el futuro jamás se habría avanzado en las investigación de casos como el mensalão, un escándalo de sobornos parlamentarios y financiación ilegal de campañas ocurrido durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Con cada voto en contra, la zona de la Cámara habilitada para invitados, tomada por activistas, estallaba en ovaciones hacia el diputado que rechazaba el proyecto. Fue otro golazo de la calle. Después de casi tres semanas de movilizaciones, el aire fresco de las protestas irrumpió en el Congreso. El presidente de la Cámara, el conservador Henrique Eduardo Alves, se dirigió así a los diputados: “Tengo el deber y la sensibilidad de decirle a esta casa que todo Brasil acompaña la votación de esta materia esta noche en el plenario. Y por eso, tengo el deber y la sensibilidad de declarar, perdonen la osadía, que sería un gesto importante derrotar esa PEC por unanimidad”.

Tras rechazar la propuesta de enmienda constitucional, la Cámara abordó a la una de la madrugada una propuesta que la presidenta Dilma Rousseff impulsó en mayo y trajo a colación el pasado viernes a raíz de las protestas. El proyecto original consistía en destinar el 100% de los recursos que el Estado obtiene del petróleo al sector de la educación. Finalmente, la Cámara decidió destinar el 75% a educación y el 25% a sanidad. Ahora, la propuesta deberá ser refrendada también en el Senado.

En ese contexto, el miércoles al mediodía llegó la noticia de que el Tribunal Supremo decretó por ocho votos a uno la prisión inmediata del diputado conservador Natan Donadon, que fue condenado en 2010 a 13 años, cuatro meses y 10 días de prisión por delitos de malversación de caudales públicos. Será el primer diputado en ejercicio en ingresar directamente en prisión desde que se promulgó la Constitución de 1988. Puede que la sentencia del Supremo no tenga nada que ver con las protestas de las últimas semanas. O puede que sí. Lo que es seguro es que la condena será muy bienvenida entre los miles de manifestantes.

La calle sigue ganando puntos. Desde que se inició el 6 de junio la primera manifestación en São Paulo, primero se derogó la subida de los 20 céntimos, después el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, suspendió por un año la subida del 6% prevista para el 1 de julio en los peajes de las autopistas; después, la presidenta anunció su propuesta de cinco pactos nacionales. Y al día siguiente, la Cámara rechazó la ley que más se asociaba con la impunidad y la corrupción. La clase política entendió que no se trataba sólo de 20 céntimos.