HRW pide a la ONU que se pronuncie sobre la violencia electoral en Venezuela

La impugnación de las recientes elecciones presidenciales venezolanas duerme en una gaveta del Tribunal Supremo de Justicia, pero fuera del país siguen los intentos por sumar razones para desconfiar del resultado. La organización Human Rights Watch envió una comunicación a seis relatorías de Naciones Unidas para que se pronuncien sobre los hechos de violencia ocurridos tras la victoria de Nicolás Maduro.

“Nos preocupa que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones a los derechos humanos”, se lee en la carta firmada por el director ejecutivo José Miguel Vivanco.

La organización elaboró su comunicación a partir de reportes de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, que han señalado las torturas y vejaciones cometidas por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra los partidarios del ex candidato presidencial Henrique Capriles en los estados de Lara, Carabobo y Barinas. En el estado de Lara, por ejemplo, el 15 y el 16 de abril las fuerzas de seguridad detuvieron a 62 personas “que participaban pacíficamente” en una manifestación e hirieron a otras 38. Dice Human Rights Watch: “Los detenidos indicaron haber sido amenazados con sufrir violencia sexual y privados de alimentos durante más de 24 horas. Según las organizaciones que entrevistaron a las víctimas, se preguntó a los detenidos ‘¿Quién es tu presidente?’ Y si no respondían ‘Nicolás Maduro’ les propinaban golpes en distintas partes del cuerpo. Varios testigos señalan que se aplicaron descargas eléctricas contra una de las personas”.

La Fiscalía General de la República ha investigado por encima estas denuncias. En cambio, ha sido más diligente en ahondar en las muertes de nueve personas y las heridas de otras 78, reivindicadas por el oficialismo como sus víctimas. Según la oposición, esos homicidios no tienen relación con el proceso electoral. El Gobierno afirma que Capriles es el presunto responsable de esas muertes y ha amenazado con encarcelarlo. En ese sentido destacan las declaraciones de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien dijo tener una celda preparada para recibir el gobernador del Estado de Miranda en las tenebrosas cárceles venezolanas.

Esa misiva se suma al informe preliminar que la semana pasada dio a conocer el Centro Carter en el que también señala las inequidades del proceso electoral venezolano, que son la base de la violencia descrita en la carta de Human Rights Watch. El informe encontró que aunque los venezolanos tienen confianza en el desempeño e integridad de las máquinas automatizadas de votación, no hay una opinión unánime en la calidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los comicios, ni acerca de las garantías para asegurar que cada elector registrado pueda votar sólo una vez.

La organización concluye que las elecciones venezolanas no son competitivas. No es el juicio de cualquiera. Proviene de uno de los valedores del chavismo en América, el ex presidente de EE.UU, Jimmy Carter, y de la pulcritud de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral en el pasado.