La cruzada gay gana voltaje en Costa Rica

No hay semana sin acontecimientos relacionados, sin una declaración fogosa de los conservadores o una respuesta frontal de quienes pujan por la validez legal de las parejas homosexuales. No hay noticieros sin ese debate, no hay candidato electoral que se libre de la pregunta ni actor político que se pueda desentender de la discusión. Manifestaciones callejeras, sermones, proyectos legislativos, el gesto del Gobierno o la interpretación de los jueces. ¿Romperá Costa Rica la línea centroamericana de reconocer solo las parejas de hombre y mujer?

Para los activistas pro derechos de los homosexuales, la respuesta será positiva y solo es cuestión de tiempo. Incluso algunos dirigentes opuestos lo creen así. Para otros líderes de movimientos conservadores, Costa Rica aún tiene cómo soportar la presión de ciertos grupos sociales, algunos medios de comunicación, de instituciones como la Defensoría de los Habitantes y hasta de fuerzas extranjeras, como el apoyo directo de la embajada de Estados Unidos.

El último intento llegó por vía indirecta, por accidente para unos, por disimulo de otros o por descuido de otros tantos. Una ley sobre juventud aprobada en junio incluyó en uno de los incisos de un artículo una norma que, según interpretaciones, posibilita reconocer legalmente uniones como la de Alberto y Lorenzo, que entonces corrieron a un juzgado de familia a presentar documentos, al igual que otras ocho parejas homosexuales. De la interpretación de los jueces depende aceptar tales uniones de hecho, todo un hito en el conservadurismo religioso de Centroamérica, o rechazarlas, como lo pidió de manera clara la cúpula de la Iglesia Católica de Costa Rica.

La ley la aprobaron los diputados con apenas discusión pública, mientras el debate ardía en otros frentes. Llegó a manos de la presidenta Laura Chinchilla para la ratificación y ella, una católica practicante reticente a dar valor legal a una pareja de homosexuales, la firmó con una velocidad que dejó sorprendidos a todos. Los obispos, aliados políticos suyos en un gobierno en que quedan pocos aliados, esperaban que ella vetara la ley, pero la mandataria prefirió evitarse una brasa más en su 2013 y le dio camino sin contemplaciones. En tres días la despachó, antes de que los prelados le pidieran “defender los principios constitucionales que rigen a los costarricenses”.

“Ella ha cambiado un poco”, concluyó Marco Castillo, vocero del Movimiento Diversidad, la principal asociación pro uniones homosexuales. Es quizá efecto de la presión en torno a un tema que le ha estorbado durante todo su gobierno, a pesar de que la decisión definitiva queda en manos de un Congreso donde ella tiene poco liderazgo y donde el poder de veto ha quedado hasta ahora en manos, sobre todo, de un diputado independiente evangélico llamado Justo Orozco, rostro político del más rígido conservadurismo cristiano.

Ahora es también candidato presidencial y admite que solo “un milagro” lo haría ganar en las elecciones del 2014, pues no pertenece a la mayoría católica de este país donde el catolicismo está escrito en la Constitución. Es este el país que negocia un concordato con el Vaticano, que aloja a la mujer cuya curación sirvió a la Iglesia para declarar santo a Juan Pablo II y donde uno de cada tres ciudadanos cree que los candidatos presidenciales están obligados a decantarse a favor o en contra de las uniones homosexuales, según una encuesta reciente. Es también un país condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no permitir la fertilización in vitro (FIV).

Orozco y los sacerdotes coinciden en esta lucha; saben que la presión del frente pro derechos gais es fuerte. Él busca un recurso legal para frenar la nueva ley mientras los curas en las misas ponen a los feligreses a firmar un documento con el que pretenden lo mismo. Lo hacen mientras sus jerarcas obispales dicen que la nueva ley no da lugar a interpretaciones reformistas, que no permite las uniones homosexuales, que no anula otras leyes, que está por debajo de la Constitución, que no y no. Y mientras, intentan eliminar el portillo, por si acaso, al tiempo que unen esfuerzos para realizar el 10 de agosto una manifestación que han llamado “Marcha Nacional por los Derechos de la Familia”.

“No van a lograr detenerlo”, contestó el activista Castillo, optimista por la respuesta que, cree, tendrán las nueve parejas homosexuales de parte de los juzgados adonde corrieron a intentar legalizar su relación. En paralelo, los activistas intentan recolectar 165.000 firmas (5% del padrón electoral) para presentar como iniciativa popular un proyecto que legalizaría el “matrimonio igualitario”, un concepto que asusta más a los opositores. Además, en la corriente legislativa hay otros planteamientos para buscar formas atenuadas (“sociedades de convivencia”, por ejemplo). Tienen el apoyo notable de la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum (judía y miembro del partido oficialista) y de la congresista opositora Carmen Muñoz, primera hablar públicamente de su homosexualidad.

Para Muñoz, es una cuestión de tiempo. La reforma legal llegará en algún momento en esta sociedad, aunque sea por atajos indirectos como la nueva ley de la Persona Joven, a fuerza de la presión que obliga a incluir un tema de minorías en la agenda política nacional. Los activistas no dejarán de reclamar su atención en la campaña electoral entre partidos políticos que también reflejan disensos internos. Conscientes de que su causa no es aislada, colectivos de Nicaragua, el Salvador y Honduras están en contacto frecuente con sus pares costarricenses para incluir a Centroamérica en la lista de 16 países en el mundo que reconocen a las parejas homosexuales.

Así lo asumen Alberto y Lorenzo, una de las parejas que esperan la decisión del juzgado de familia. “Sabemos que estamos haciendo algo por nosotros, claro, pero más por tantas personas que no pueden heredar a su pareja sin un testamento, que no pueden acceder a créditos bancarios conjuntos o que no pueden visitar a su pareja en el hospital porque el permiso lo tiene un familiar. Mi pareja hace un tiempo se enfermó y yo no pude cubrirla con mi seguro social. Tuvimos que ir a un hospital privado y pagar, como si nosotros no aportáramos al sistema igual que los heterosexuales”, contó Alberto, quien prefiere abstenerse de mencionar su verdadero trabajo. Así tanto.