Los desplazados de Colombia sufren la violencia de nuevo al volver a sus casas

No son pocos los colombianos desplazados por el conflicto armado que han intentado recuperar las tierras de las que fueron despojados y mucho más desde que se puso en marcha la ambiciosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el talón de Aquiles de este proceso que ya lleva dos años han sido las amenazas y en muchos casos, asesinatos, a los reclamantes, a lo que se suma, que estos casos siguen en la impunidad.

Así se desprende del informe El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia, divulgado hoy por Human Rights Watch y que documenta numerosos asesinatos, amenazas de muerte y nuevos casos de desplazamiento forzado que sufren quienes le han apostado a la restitución, no solo desde que empezó aplicarse la Ley de Víctimas, sino con otras políticas vigentes en materia de tierras.

“Es probable que el legado en derechos humanos del gobierno del presidente Santos se vaya a medir en función del éxito o no de la aplicación de esta norma (la Ley de Víctimas), pero para que tenga éxito se requiere abordar una serie de obstáculos serios, muchos vinculados a problemas de seguridad”, dijo a EL PAÍS, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, con más 4,8 millones de víctimas, y a esta cifra se suma que la tierra abandonada podría alcanzar las seis millones de hectáreas, el equivalente a los territorios de Massachusetts y Maryland, según HRW.

La ONG de derechos humanos documentó 17 casos de reclamantes de tierra asesinados desde 2008 donde murieron 21 personas, pero también reseña otros informes como uno de la Fiscalía que investiga 49 casos en los que murieron 56 personas desde 2000, y otro de la Defensoría del Pueblo, que ha dicho que al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurrieron entre 2006 y 2011. HRW también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que han recibido graves amenazas, y otros 30 han sido desplazados.

Pero esto es tan solo una muestra de lo que ocurre. Según cifras de la Unidad de Restitución del Gobierno, desde enero de 2012 más de 700 reclamantes y líderes de restitución han informado que recibieron amenazas. “Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de ‘riesgo extraordinario’”, dice el informe.

Para HRW, los ataques a los reclamantes son previsibles ya que la gran mayoría de los responsables de los desplazamientos y ulterior despojo de las tierras no han sido castigados. “Muchos de ellos u otros terceros, actúan con total impunidad, involucrados en amenazas en contra de estas personas, en algunos casos hasta asesinatos, sin ser realmente objeto de investigaciones penales serias”, dijo Vivanco, quien cree que la Unidad de Restitución ha trabajado muy sola. “Si llevamos ya a 700 amenazados, si no se hacen las correcciones, el número va a seguir subiendo al punto que sabotea la propia Ley (de Víctimas)”, añadió.

Según el informe de la ONG, de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la Fiscalía, solo en el 1% hay condenados. Y sobre las investigaciones por amenazas a reclamantes no se han imputado cargos en ninguna. El informe concluye que la impunidad es una de las causas principales de los abusos contra los que buscan regresar a sus tierras.

Para Vivanco, la restitución debe ir acompañada de sanciones penales contra los despojadores. Esta es la principal recomendación que HRV le hace al Gobierno colombiano. “Si la Fiscalía coordinara con la Unidad de Tierras, para avanzar en algunas regiones, no solo desde la restitución sino con investigaciones penales, facilitaría la implementación de estas normas. Las familias están muy indefensas, muchas cuentan con un título y con algunos derechos que no pueden ejercer porque están atemorizadas por grupos mafiosos que siguen operando con total impunidad”, dijo.

Se suma, según la ONG, que persiste el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo que se convierte en otra amenaza. Hasta el momento, los grupos llamados en Colombia, BACRIM, han sido los responsables de gran parte de las amenazas y los ataques contra los reclamantes de tierras, asegura HRW. En particular Los Urabeños, la banda criminal más grande que hay en Colombia. HRW señala también como responsables a ganaderos, empresarios y desmovilizados que ocuparon las tierras después del despojo y, en ciertas zonas, a la guerrilla de las FARC.

El miedo es el común denominador. “Basta con el asesinato de un líder de una comunidad para atemorizar a los reclamantes y sus familias”, dice Max Schoening, el autor del informe. Así ocurrió tras el asesinato de Ermes Vidal y Éver Cordero entre marzo y abril de este año, dos líderes de desplazados en Córdoba. “34 de sus familiares abandonaran sus hogares”, cuenta Schoening, quien agregó que hasta junio de este año, solamente una familia regresó a sus tierras como resultado de sentencias dictadas por la jurisdicción de tierras. “Muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas”.

La estrategia de protección del Gobierno ha sido entregarle chalecos antibalas y escoltas a los amenazados. Para HRW, aunque estas medidas son importantes, resultan paliativas. “La utilidad de un chaleco antibalas es limitada cuando un reclamante amenazado tiene que vivir en una zona donde siguen activos nuevos grupos paramilitares, recibe amenazas y teme por su familia”, dice Schoening.

Desde enero de 2012, el programa de protección ha reubicado a más de 90 reclamantes de tierras amenazados en nuevas zonas. “Está muy bien en el corto plazo, porque el Estado no los ha dejado a su suerte, pero a mediano y largo plazo, va contra el fin de la Ley que es regularizar el retorno y no alejar a las familias de las tierras que les pertenecen”, concluye Vivanco.