El Gobierno dice que ha reaccionado “con diligencia” ante el espionaje de EE UU

El Gobierno español “ha reaccionado de forma diligente, en el marco de las excelentes relaciones con EE UU” a las informaciones sobre la presunta vulneración del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de millones de ciudadanos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. Así lo asegura, al menos, el propio Gobierno en una respuesta escrita al diputado de La Izquierda Plural Gapar Llamazares, quien ya en julio pasado, cuando estalló este escándalo, se interesó por las gestiones realizadas por el Gobierno español. Tras recordar los contactos mantenidos en julio en Washington por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el Gobierno expresa su respaldo a las acciones realizadas por la UE y estima que la rápida puesta en marcha de un grupo de trabajo conjunto con EE UU “demuestra la importancia que ambas partes conceden a la satisfactoria resolución de este asunto”. El grupo parlamentario de La Izquierda Plural ha pedido las comparecencias en el Congreso de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, José Manuel García-Margallo y Pedro Morenés, para informar sobre este caso.

El miércoles por la mañana, a su llegada a una reunión de la OTAN en Bruselas, Morenés ha subrayado que “al Gobierno español no le consta [que ciudadanos españoles hayan sido espiados por la NSA] ni se nos ha comunicado oficialmente”. Morenés ha admitido, no obstante, que, si llegara a tener constancia de estos hechos, “pediría las explicaciones y el cese inmediato de cualquier actividad que sea parecida”, al igual que Francia. Tras subrayar que "Francia debe tener una constancia mayor” de las realización de estas actividades en su territorio de la que tiene España, se ha mostrado convencido de que las autoridades estadounidenses “les darán [las] explicaciones” que las francesas han pedido.

Lo cierto es que si el Gobierno tuviera evidencia de las interceptación de las comunicaciones o del acceso a datos sobre las mismas (identidad del emisor y receptor de llamadas, SMS y correos electrónicos; fecha, hora y duración, etc) sin el preceptivo control judicial, no solo debería quejarse, sino también denunciarlo, ya que según la legislación española constituye delito. Así lo ha recordado el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha advertido que el Ministerio Público podría actuar de oficio.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) ha advertido de “la posible vulneración de los derechos fundamentales” por los servicios de inteligencia estadounidenses y ha exigido que “las actividades de los gobiernos estén siempre sometidas a la ley” y “que se adopten las medidas precisas para evitar estas actuaciones y sus perniciosos efectos”. Los letrados piden que se proteja en especial “la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, pues su vulneración atenta contra el derecho a la defensa, uno de los pilares del Estado de Derecho”.