Afganistán afronta el dilema de dar inmunidad a EE UU o perder su ayuda

El presidente afgano, Hamid Karzai, y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, aparecen sonrientes en la foto tras anunciar que han alcanzado “un acuerdo parcial”. Se refieren al Convenio de Seguridad Bilateral (BSA en sus siglas inglesas) que debería regir la presencia militar estadounidense en Afganistán tras la retirada de sus tropas cuando concluya el mandato de Naciones Unidas en diciembre de 2014. Sin embargo, el mayor escollo para ese pacto sigue abierto: la inmunidad de los soldados de EEUU frente a la ley afgana. Con la insurgencia talibán en ascenso, el dilema pone de relieve la fragilidad del país doce años después de la intervención extranjera.

El BSA debe fijar el número de tropas que permanecerán en Afganistán y cuál será su misión. Aunque los términos concretos no se han hecho públicos, Karzai parece haber conseguido que Estados Unidos se comprometa a no llevar a cabo ataques dentro de territorio afgano sin consultar antes a las autoridades del país.

La Loya Jirga, definida en la Constitución como representante de la voluntad de los afganos, permite dar respetabilidad a decisiones delicadas

“Hemos alcanzado un acuerdo sobre el respeto a la soberanía nacional”, anunció el presidente durante la comparecencia conjunta ante los periodistas la semana pasada. “Sin embargo, el asunto de la jurisdicción de las fuerzas extranjeras está por encima del Gobierno afgano y es algo que deben decidir los afganos, [a través de] la Loya Jirga”, añadió en referencia a la gran asamblea tradicional.

“El Gobierno afgano tiene autoridad para decidir sobre la inmunidad. Karzai sólo busca protegerse de las críticas”, asegura Thomas Ruttig, codirector del Afghanistan Analysts Network (AAN). La Loya Jirga, definida en la Constitución como representante de la voluntad de los afganos, permite dar respetabilidad a decisiones delicadas a la vez que la designación de sus miembros por parte del Gobierno asegura que toman la opción deseada. No obstante, Ruttig recuerda que “siempre existe un grado de incertidumbre, en especial si ocurre algún incidente con víctimas civiles poco antes de su reunión”.

En juego están 4.000 millones de dólares en ayudas de la OTAN

Episodios de ese tipo son los que han llevado al presidente afgano a declarar hace unos días que la intervención extranjera ha causado “mucho sufrimiento, muchos muertos y ningún beneficio porque el país no es seguro”. Por su parte, EEUU y sus aliados consideran que son ellos quienes han mantenido a Karzai en el poder, defendiéndole de la amenaza talibán y financiando su Gobierno.

Estados Unidos tiene 52.000 soldados en Afganistán y distintos portavoces han expresado el deseo de mantener al menos 10.000 tras el repliegue de las fuerzas de combate a finales del año que viene. Kerry señaló sin embargo que no es posible un acuerdo de seguridad a no ser que se resuelva el asunto de la inmunidad. Washington se reserva el derecho de juzgar a sus uniformados de acuerdo con sus leyes. De no firmarse el BSA, todas sus tropas abandonarán el país asiático. Ya sucedió antes en Irak, donde el Gobierno de Nuri al Maliki recién salido de las elecciones de 2010 se negó a aceptar ese extremo.

La situación es distinta en Afganistán donde Karzai está a punto de concluir su segundo mandato y no puede presentarse a un tercero por imperativo constitucional. Varios de los candidatos a las presidenciales del próximo abril opinan que sería más creíble que la decisión se tomara en el Parlamento.

Ofrecer inmunidad a unas tropas extranjeras es peliagudo en cualquier contexto, pero en el caso afgano pone de relieve la fragilidad del Estado. El líder de los talibanes, el clérigo Mohamed Omar, ha advertido que esa milicia continuara atacando al Gobierno de Kabul si firma el acuerdo de seguridad con EEUU. Pero de no hacerlo, y dado que los intentos de negociar con los talibanes han fracasado, cualquiera que sea el nuevo presidente tendrá serias dificultades para controlar el país.

“En realidad, ni siquiera ahora es posible con las tropas estadounidenses”, apunta Ruttig para quien el asunto es más bien “si podrá mantener lo que se controla en este momento: la capital, las grandes ciudades y casi todas las cabezas de distrito”. Este analista, con más de tres décadas de experiencia en Afganistán, señala que “incluso las principales carreteras se han vuelto más vulnerables, con un creciente número de incidentes en todas ellas”.

El rechazo al BSA no sólo significa la salida de los soldados estadounidenses. La OTAN también ha condicionado a ese pacto la permanencia de su misión encargada de entrenar a las fuerzas afganas. En consecuencia, se quedarán en el tintero los 4.000 millones de dólares anuales prometidos para equiparlas y financiarlas, y desaparecerán los negocios vinculados a esos gastos, como logística, transportes, vigilantes o protección. Lo que es más preocupante, sin el gesto político que indica el acuerdo, algunos donantes pueden retirar su ayuda no militar. De hecho, Noruega ya ha empezado a recortar su contribución debido a la falta de avances en derechos humanos.