El Pacto por México, historia de un acuerdo tocado de muerte

El 2 de diciembre de 2012 una pomposa ceremonia reunió a políticos antagónicos en el alcázar del Castillo de Chapultepec. El acto se celebró el día siguiente de la investidura de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como presidente de México. Era el anuncio de que el Pacto por México había nacido. En los meses siguientes este acuerdo, quizá el más importante en los escasos años de la democracia mexicana, unió a las fuerzas de izquierda y derecha con el partido en el Gobierno para sacar adelante reformas constitucionales en materia educativa y de telecomunicaciones, además de leyes financieras y hacendarias. Es un acuerdo que ha vivido muchas crisis en su año de vida. Hoy encara la más grave de ellas después de que la izquierda abandonara ayer la mesa de negociación que discute ambiciosas reformas políticas y energéticas.

El acuerdo fue urdido en una serie de reuniones secretas que comenzaron a darse dos meses después de las elecciones de julio de 2012. Peña Nieto había ganado los comicios con el respaldo del 38 por ciento de los sufragios. El escenario después del 1 de julio, día de las votaciones, era de acusaciones y señalamientos. “El PRI ganó a billetazos y con engaños”, había dicho Gustavo Madero, líder del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha). La izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo el segundo lugar, desconoció la elección e impugnó los resultados. “Nos quedó clarísimo que necesitábamos acuerdos políticos. Era indispensable tener diálogos y puentes de comunicación”, señaló Luis Videgaray, ex coordinador de la campaña del PRI y hoy ministro de Hacienda, a la periodista Denise Marker en agosto pasado.

Los encuentros que dieron forma a los 95 puntos que conforman el acuerdo (que tocan temas de gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción y medidas para el crecimiento económico) fueron celebrados durante tres meses en una casa particular de un exclusivo barrio al oeste de la Ciudad de México. Cada partido envió a tres representantes que propusieron y negociaron cada punto. Peña Nieto únicamente acudió a uno. No todo fue terso. Los temas más polémicos, el energético y de telecomunicaciones, fueron dejados al final. Desde ese entonces ya se perfilaban cuáles iban a ser los problemas en el futuro. “Surgió el dolmen del artículo 27”, explica Juan Molinar, uno de los representantes del PAN en la mesa de negociaciones, sobre el artículo constitucional que indica que el petróleo es propiedad de la nación y su explotación una facultad exclusiva del Estado. “Por ahí se habían colado que se aceptaban reformas al 27 y 28 constitucional”, recuerda Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Los tres enviados del PRI, hoy ministros del Interior, Hacienda y el encargado de la oficina de la Presidencia dijeron que “si no entra eso no había Pacto”, según Zambrano. La izquierda amagó con retirarse del acuerdo si eso se incluía. Un año después ese continúa siendo el tema que amenaza con terminar el Pacto por México.

No es la primera vez que el Pacto está tocado de muerte. En 12 meses ha sorteado diversos episodios de crisis. Algunos provocados desde el interior de los partidos, que han reprobado las alianzas de sus dirigentes con el Gobierno. El más severo, sin embargo, se presentó después de las elecciones locales celebradas en julio de este año en el estado de Veracruz (este de México), donde se desvelaron una serie de irregularidades orquestadas por el PRI, que gobierna la entidad, y la Secretaría de Desarrollo Social para favorecer a candidatos priistas. Después de esto, el PAN dejó de asistir a reuniones del Pacto, incluida la presentación de la reforma financiera. Esto forzó al Gobierno a corregir su discurso y ofrecer un acuerdo de limpieza en las elecciones.

La autoría del Pacto no es clara, pero algunos de los que estuvieron en las reuniones se la atribuyen a Jesús Ortega, ex dirigente del PRD. “Él plantea la necesidad de un acuerdo político amplio, que no fuera un acuerdito o pactos coyunturales”, explicó Videgaray. Ortega, con el Pacto de la Moncloa en la mente, buscó diálogo con el Gobierno. Representaba a un sector de la izquierda moderada que se desmarcaba de los más radicales, que en 2006 tomaron la Ciudad de México para manifestarse contra un supuesto fraude electoral. Hoy es la propia izquierda quien abandona el Pacto. Lo hacen después de señalar que han sido orillados de la discusión de la reforma energética. El presidente Peña Nieto admitió ayer que las iniciativas pendientes podrán ser aprobadas con las mayorías del PAN y el PRI en el Congreso. “El Gobierno estará en la defensa y promoción de los temas que le resulten importantes y trascendentes, cediendo en aras de construir mayorías o consensos con las otras partes”, señaló el propio Peña en julio pasado.