Crece la presión sobre Obama en torno a su política de deportaciones

“Necesito a mi marido. Mi hija no lo ha visto desde que nació”. Quien así se queja es Naira Zapata, cuyo marido, Ardany Rosales, fue deportado de Estados Unidos hace varios años. Zapata uno de los miles de inmigrantes que el sábado se manifestó en las principales ciudades de Estados Unidos para exigir al presidente Barack Obama que suspenda las expulsiones de los ciudadanos indocumentados en tanto se aprueba la ansiada reforma migratoria. La parálisis en la que está sumida esta legislación, desde que llegara a la Cámara de Representantes a mediados del año pasado, ha incrementado la presión política y social sobre el presidente a quien se le señala como principal responsable del incremento de las deportaciones y al que se le pide que apele a su poder ejecutivo para detenerlas temporalmente. Una crítica a la que se ha sumado este domingo The New York Times en un duro editorial.

“Ha sido frustrante contemplar cómo sus promesas en materia de reforma migratoria se han desvanecido entre alegatos de impotencia y culpas a otras”, señala el Times. “La Administración Obama está deportando personas a un ritmo más alto que el de cualquier otro presidente”. El periódico se hace eco de la cifra de dos millones de deportados que tiene previsto alcanzar esta primavera, tras cinco años en el poder, el actual Gobierno estadounidense, un número  superior del que registraron a lo largo de sus dos legislaturas, George W. Bush -dos millones en ocho años- y Bill Clinton -no llegó al millón-. El diario neoyorquino se suma a las peticiones de las asociaciones de inmigrantes y de derechos civiles a favor de que el presidente emplee las prerrogativas que le brinda el poder Ejecutivo para suspender temporalmente las expulsiones de aquellos que, de haberse aprobado ya la ley en materia de inmigración, entrarían dentro de los parámetros para obtener la ciudadanía.

“Hay un poder del Gobierno, el Ejecutivo, que tiene autoridad para hacer mucho más ante la falta de una reforma migratoria”, puntualizan desde United We Dream, una de las organizaciones que promovieron las manifestaciones de este sábado. En 2012, a las puertas de la campaña electoral, Obama suspendió durante dos años las deportaciones de los llamados dreamers, los jóvenes que llegaron a EE UU con sus padres sin documentación alguna pero que han crecido y estudiado en este país, una medida que contemplaba a 1,8 millones de personas, de acuerdo con el Gobierno. Ahora, al presidente se le exige que, si no puede hacer algo similar con el resto de indocumentados, prorrogue la vigencia de la orden ejecutiva que dictó hace dos años.

La Casa Blanca, sin embargo, se ha mostrado reacia a recurrir de nuevo a las órdenes ejecutivas alegando que esa estrategia podría exponer al presidente a más críticas por parte del Partido Republicano sobre el abuso de su poder, perjudicando, además, un potencial acuerdo para aprobar la reforma. Muchos analistas han visto en el implacable proceso de deportaciones seguido por la Administración Obama otra concesión hacia los conservadores para arrancarles el compromiso para avanzar en la legislación migratoria, una estrategia que el The New York Times reprocha en su editorial: “Obama podrá argüir que no puede ser demasiado enérgico a la hora de paralizar las deportaciones porque eso enfurecería a los republicanos y que siempre hay espacio para una solución legislativa. Él ha aparecido a menudo como un simple espectador del bloqueo de la reforma limitándose a ver girar la rueda, ofrecer discursos y esperar lo mejor”.

Como las asociaciones de inmigrantes, el diario exige una política más activa y una reforma de la política actual de deportaciones que ponga el énfasis en expulsar a los miembros de grupos criminales y mafias –“los que constituyen verdaderas amenazas”, dice The Times- en lugar “aumentar el miedo y la ruptura de familias”. Para los inmigrantes hispanos en EE UU el temor a la deportación es su principal problema, muy por encima de la obtención de la ciudadanía (55% frente al 35%), de acuerdo con el último informe del Centro Pew que se publicó en diciembre del año pasado.

Hace unas semanas, el presidente Obama dio orden al Departamento de Seguridad Nacional de revisar la política de deportaciones para buscar formas de aplicarla de manera más humana. La promesa de mandatario, sin embargo, no ha aplacado a la comunidad hispana, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Esta frustración puede poner en jaque el apoyo de este sector de la población a los candidatos demócratas. “El presidente es directamente responsable de las deportaciones. Le estamos diciendo que puede estar con nosotros o no, pero que no nos dé nuestro apoyo como algo descontado”, advirtió hace unos meses Gaby Pacheco, director de Bridge Project, una organización de asesoría en derechos civiles.

La familia de Zapata es una de las miles que ha sido desmembrada por los efectos de la política migratoria de este país. Ella, junto a otras víctimas, tiene previsto mantenerse frente a la Casa Blanca para recordar a su inquilino el drama que rodea a las deportaciones.