Venezuela detiene por conspirar a ocho ciudadanos de Trinidad y Tobago

Ocho ciudadanos de Trinidad y Tobago que profesan la religión musulmana permanecen detenidos desde hace tres semanas en la sede en Caracas de la policía política venezolana, Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia), acusados de participar en un complot para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Los hombres, en compañía de sus familias, estaban alojados en el hotel Plaza Palace de Las Delicias, cerca de la zona comercial de Sabana Grande y del edificio corporativo de la petrolera estatal Pdvsa. Según versiones posteriores, habían llegado al país para tramitar sus respectivos visados para Arabia Saudita, a donde se dirigirían para realizar una peregrinación religiosa.

El pasado 19 de marzo las autoridades venezolanos allanaron sus habitaciones. De acuerdo a los reportes oficiales, en la operación se incautaron uniformes militares, computadoras y teléfonos satelitales. Los agentes de seguridad venezolanos capturaron en la misma operación a un detective del Sebin, Rafael José Durán, y dos oficiales de la Policía Municipal de Chacao, José Gregorio Socorro y Hernán Molina, a quienes acusan de adiestrar en el manejo de armas al grupo de trinitarios, así como a otros dos ciudadanos venezolanos, Jules Joseph y Baches Imran, de origen guyanés y haitiano, respectivamente, ambos detenidos.

Una delegación diplomática de Trinidad, encabezada por el Contralmirante Richard Kelshall, viajó a Caracas para enterarse de la situación de sus ciudadanos. Como producto de esa gestión, Venezuela liberó y dejó marchar el 28 de marzo a las mujeres y niños del grupo.

En una breve declaración telefónica, el Embajador de Trinidad y Tobago en Caracas, Anthony Edghill, aseguró a EL PAÍS que su misión sigue siendo la de “hacer la labor de representación necesaria para que nuestros ciudadanos reciban en cautiverio un trato acorde con las normas internacionales que rigen esta materia”. Interrogado sobre si se espera que sus gestiones consigan una libertad plena de los imputados o su deportación de regreso a Trinidad, dijo no estar en condiciones de comentarlo. “Eso se determinará durante el proceso judicial venezolano”, se limitó a decir.

En el grupo figuran tres imanes musulmanes, que responden a los nombres de Salam Abdul, Hamza Mohammad y Sheikh Hamid Hassan. Ellos, junto a sus cinco compatriotas laicos, han sido acusados con cargos de Terrorismo y Asociación para Delinquir ante el Tribunal 36 de Control de Caracas, que encontró indicios para dejarlos en prisión

Los detenidos, de religión musulmana, estaban en Caracas tramitando un visado para Arabia Saudí, a donde iban a peregrinar

Grupos de activistas musulmanes protestan desde la semana pasada frente a la Embajada de Venezuela en Puerto España, en tanto el caso se prolonga. Militantes religiosos crearon en Facebook la página “Free our brothers in Venezuela” (Liberen a nuestros hermanos en Venezuela), mientras la Unión de Misiones Musulmanas del Caribe y América del Sur se ocupa del asunto.

Resultó significativo que la delegación ad hoc conformada por el gobierno trinitario para negociar con Caracas estuviera a cargo del Contralmirante Richard Kelshall, exdirector de los servicios secretos de Trinidad y Tobago (Strategic Services Agency-SSA). Se esperaba que sus gestiones consiguieran una pronta liberación de los tres religiosos, sobre cuyas conductas los servicios de inteligencia insulares no guardan sospecha alguna. En cambio, Kelshall declaró la semana pasada en un programa de la televisora local CNMG, que varias de las otras personas detenidas en Venezuela sí habían estado al menos “en el radar” de los cuerpos de inteligencia trinitarios.

De acuerdo a una nota del diario Trinidad Express, el SSA trinitario habría comprobado los antecedentes de sus naturales, información que compartió con el Sebin venezolano.

La captura de los ocho trinitarios ocurre en momentos en que Venezuela atraviesa una grave crisis política, cristalizada desde el 12 de febrero por una oleada de protestas y desórdenes que hasta la fecha han cobrado al menos 39 muertes, 500 heridos y cerca de 2.000 detenciones.

El gobierno de Nicolás Maduro –quien sucede desde hace un año al fallecido comandante Hugo Chávez en la presidencia– alega que se trata de la activación de un golpe de Estado de nuevo cuño que seguiría el formato de las revoluciones árabes, bajo control extranjero. Por ello se ha esforzado en mostrar a ciudadanos de otras nacionalidades –iraquí y china, en el estado de Aragua; colombiana, en Táchira– como partícipes en los disturbios y conspiraciones contrarrevolucionarias.

Caracas y Puerto España han mantenido por lo regular relaciones cordiales, exentas de diferendos limítrofes y polinizadas por un intercambio humano y comercial de larga data. A diferencia de otras naciones insulares del Caribe, Trinidad, un importante productor de petróleo y gas, conserva un amplio rango de autonomía con respecto a los dictados de Venezuela en materia de política internacional.