La Haya estudia supuestos crímenes contra la humanidad en Ucrania

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto este viernes una investigación preliminar sobre los supuestos crímenes contra la humanidad perpetrados en Ucrania entre el 21 de noviembre y el 22 de febrero pasados. A partir de ahora, la fiscalía examinará lo ocurrido cuando las tropas del depuesto presidente Víctor Yanukóvich fueron enviadas a sofocar las manifestaciones en su contra, desatadas en Kiev y en otras ciudades del país. Según el nuevo Gobierno, los choques entre uniformados y civiles derivaron en un ataque en toda regla donde murieron centenares de personas. Las fechas presentadas a la Corte no incluyen la anexión de Crimea por parte de Rusia, ocurrida a partir del 27 de febrero. Ello significa que su Ejército no figura en las pesquisas.

Las investigaciones preliminares son un trámite obligatorio para que los fiscales decidan si procede abrir una causa sobre Ucrania. El país no es miembro de la CPI, pero el pasado 17 de abril aceptó su jurisdicción para que estudiara la naturaleza de los delitos. Rusia tampoco forma parte del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte (rechazado también por Estados Unidos, China e India), y no ha reconocido nunca su competencia.

Según las autoridades ucranias, las instituciones y tropas a las órdenes de Yanukóvich “ejercieron toda clase de presiones, físicas y morales”, contra los civiles durante las manifestaciones antigubernamentales. Entre las torturas policiales denunciadas por los detenidos figura la de mantenerlos desnudos a temperaturas bajo cero. El pasado 25 de febrero, la nueva mayoría parlamentaria acordó pedir a la propia Corte Penal que el depuesto presidente sea juzgado por los mismos delitos ahora analizados, “en cuanto sea capturado”. La resolución aprobada por la Cámara añadía que la misma suerte deberían correr dos de sus mayores aliados, el exfiscal general, Víctor Pshonka, y el exministro de Interior, Vitaly Zakharchenko.

La Corte Penal Internacional abrió sus puertas en 2002 y solo puede estudiar casos de genocidio y crímenes de guerra contra la humanidad a partir de esa fecha. Es la única instancia permanente para juzgar dichos delitos y no pertenece a la familia de Naciones Unidas. De todos modos, aunque funciona con autonomía, el Consejo de Seguridad puede solicitar que investigue la comisión de los peores crímenes internacionales. El fiscal actúa también de oficio, o bien a petición de un Estado miembro. Cuando no lo son, deben aceptar antes su competencia, como ha hecho Ucrania.