La Asamblea Nacional francesa aprueba un recorte histórico

Con mano de hierro y sin guante de seda, apelando a la legitimidad del Gobierno y a la responsabilidad y la credibilidad internacional de la segunda potencia de la zona euro, el primer ministro francés, Manuel Valls, defendió este martes los mayores recortes del gasto público de la moderna historia francesa ante una Asamblea Nacional dividida y un Partido Socialista (PS) fracturado. Finalmente, sacó adelante la votación con 265 síes frente a 232 noes y 41 abstenciones en las filas del PS.

Valls presentó el Programa de Estabilidad trienal exigido a París por la Comisión Europea para reducir el déficit de Francia como una “decisión soberana”, imprescindible para crear empleo, mejorar la competitividad de las empresas, volver a crecer, rebajar el déficit —“que nos asfixia”, enfatizó—, y garantizar “la justicia social y el poder adquisitivo de los más débiles”.

“No podemos vivir más tiempo por encima de nuestras posibilidades”, proclamó Valls, que pidió con vehemencia el apoyo simbólico de los diputados socialistas —el Gobierno, desbordado por la contestación interna, decidió que el voto no fuera vinculante— reclamándoles “coherencia, coraje y responsabilidad”.

El primer ministro adoptó un tono casi apocalíptico para llamar a una mayoría devastada por la derrota en las recientes municipales a cerrar filas: “No se trata de un voto cualquiera, es un voto decisivo que marcará profundamente la evolución de este país. El resultado condiciona a la vez la legitimidad del Gobierno, su capacidad de gobernar y, sobre todo, la credibilidad de Francia”.

Valls fue ovacionado por la bancada de la mayoría al final de su discurso. Negó que el tijeretazo de 50.000 millones en el periodo 2014-2017 sea “un plan de austeridad”; afirmó que la prioridad sigue siendo invertir en educación y en crear empleo juvenil; añadió que la bajada de 30.000 millones de impuestos y de cargas laborales a las empresas “debe servir” para crear empleo —aunque no precisó cuánto, cuándo ni cómo— “y no para aumentar los dividendos y los sueldos de los directivos”— y animó a los sindicatos y a los “representantes del pueblo” a vigilar que la patronal cumple su parte.

El primer ministro trató de dar un barniz social a las recetas neoliberales abrazadas en enero por François Hollande, cuando anunció los recortes masivos del gasto y ofreció a la patronal MEDEF un pacto de responsabilidad sin contrapartidas que el presidente trató de compensar más tarde con un pacto de solidaridad: “La riqueza la crean las empresas, y el empleo, también”, dijo Valls, que recordó que Francia ha perdido decenas de miles de empleos en los últimos años —hoy a 3,6 millones de personas no realizan ninguna actividad— y que es preciso “reducir la desventaja competitiva entre Francia y Alemania”.

“La bajada de los costes laborales se va a intensificar. Cero cargas para los trabajadores que cobran el salario mínimo desde el 1 de enero de 2015 es una incitación importante para los empresarios”, aseguró Valls, que reconoció que el pacto ha generado “dudas” entre los grupos políticos, incluido el socialista, pero defendió que el ajuste fiscal “es justo, bien repartido, y no es duro ni blando, sino calibrado para asegurar la recuperación económica”.

Luego, prometió que Hollande exigirá a partir de junio en Bruselas una nueva política monetaria y de inversiones para estimular el empleo y “reducir el elevado precio del euro”, y justificó las medidas con algunos tópicos reales: “Hace 40 años que gastamos más de lo que producimos. La deuda nos cuesta 45.000 millones de euros anuales. Hemos remoloneado al tomar las medidas que hacía falta tomar. Nunca era el momento de hacerlo”.

“Francia es un gran país”, añadió Valls recurriendo a la infalible mención de la grandeur. “Pero debe garantizar su independencia financiera y su soberanía, es decir, no depender de los mercados financieros y no hacer pesar la deuda sobre las futuras generaciones”. Francia paga hoy en torno a un 2% por financiar su deuda soberana, la cantidad más baja en algunas décadas. Pero arrastra un fardo de deuda pública equivalente al 96% del PIB.

“En estos años nos hemos empobrecido colectivamente. Y los franceses no pueden más de subidas de impuestos”, dijo también el exministro del Interior, que evitó recordar que el ajuste incluye un ulterior aumento impositivo valorado en 10.000 millones de euros para los contribuyentes que pagan IRPF.

El programa de estabilidad comprometido por el Gobierno con Bruselas reducirá en 18.000 millones los gastos del Estado, y en 11.000 millones el tren de vida de los organismos locales y regionales. Además, recortará 10.000 millones en sanidad y 11.000 millones más en otras prestaciones. Pero Valls convirtió la contestación de los diputados socialistas hacia los ajustes en una oportunidad y un mérito personal. Presumió de haber instaurado un nuevo método de diálogo con el parlamento, y aventó las concesiones hechas a la mayoría socialista tras el pulso sin precedentes vivido en las últimas semanas entre el jefe de Gobierno y más de un centenar de los 291 parlamentarios del PS.

El primer ministro citó el aumento de media paga extraordinaria —440 euros brutos anuales— para los funcionarios que cobran el salario mínimo a partir de 2015 y la actualización con el IPC de las ayudas sociales y las pensiones menores de 1.200 euros desde otoño de este año. Según afirmó la oposición, ese aumento de media paga tendrá un efecto nulo, ya que los afectados tendrán menos prestaciones sociales y pagarán más IRPF.

Los recortes tocarán en los próximos dos años y medio a 6,6 millones de empleados públicos y a casi 15 millones de pensionistas. Casi todas las pagas estatales se congelarán durante un año. Los sueldos de los funcionarios —congelados desde 2010—, las pensiones y las ayudas familiares y a la vivienda solo se actualizarán el 1 de octubre de 2015, lo que permitirá ahorrar 2.000 millones de euros, o 4.000 millones si el diálogo social permite congelar también las pensiones complementarias.

Valls confirmó que el Gobierno creará en los próximos años 30.000 puestos de trabajo adicionales en educación, como estaba previsto, y otros cuya cifra no precisó en la policía y la justicia, mientras los efectivos de todos los demás ministerios seguirán disminuyendo. La dieta de adelgazamiento del Estado francés, el mejor dotado, el más protector y también el más caro de Europa —mantenerlo cuesta un 56% del PIB—, ha echado a andar.