El comisionado de Michoacán: “Que nadie lo dude: haremos valer la ley”

La figura del cirujano José Manuel Mireles, que en su día brilló mundialmente como líder de las autodefensas de Michoacán, baila ahora sobre el filo de la navaja. Su intento de resucitar el levantamiento armado, en clara confrontación con el Gobierno federal, le ha acarreado su encarcelamiento en la prisión de Sonora, a más de 1.500 kilómetros de su lugar de apresamiento. El gesto supone un mensaje claro del presidente Enrique Peña Nieto: en Tierra Caliente, el epicentro de las protestas, no mandan las autodefensas, ni el cartel de Los Caballeros Templarios ni siquiera los poderes locales; en ese volcánico territorio la autoridad reside en el todopoderoso comisionado Alfredo Castillo Cervantes, el hombre enviado por el presidente para apaciguar la zona y aplastar al narco. “Que nadie dude de que haremos valer la ley”, afirmó este lunes Castillo flanqueado por militares del alta gradación.

Mireles fue detenido el viernes pasado junto a otras 83 personas en el pueblo de La Mira, en la costa del Pacífico, donde había irrumpido unos días antes con un pequeño ejército para hacerse con el control de la localidad. La toma, que emulaba los días de esplendor de las autodefensas en su lucha contra Los Templarios, marcaba el inicio de una ofensiva mayor. Mireles había declarado públicamente que su objetivo era alcanzar Morelia, la capital del Estado. Lo que hasta entonces era un juego dialéctico, se había convertido en un desafío abierto. Las alarmas saltaron. Apenas 36 horas después eran apresados Mireles y sus seguidores bajo los cargos de portar armas de fuego prohibidas, entre ellas 40 fusiles de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército. A esta infracción penal se añadió en el caso del cirujano una guinda venenosa: un delito contra la salud por el supuesto hallazgo de una bolsa de marihuana y otra de cocaína en su jeep Cherokee blanco. “No hablamos de tráfico, ni de venta de droga, solo de posesión; el juez tendrá que estimar si lo envía a un centro de adicciones para su tratamiento”, aprovechó para señalar el comisionado.

La contundente acción federal contra Mireles muestra cómo han cambiado las tornas en pocos meses. Las autodefensas surgieron en 2013 como reacción popular ante el fracaso de la autoridad estatal en Michoacán. Las partidas armadas iniciaron una sangrienta lucha contra los Templarios, un cártel con ínfulas pseudoreligiosas, que tras desembarazarse de los temibles zetas, había sometido a vasallaje a amplias zonas del Estado. La guerra alcanzó tales proporciones que el Gobierno de Peña Nieta decidió intervenir y a principios de años envió un ejército de casi 10.000 policías federales y militares, bajo las órdenes del comisionado Castillo. La persecución a Los Templarios se combinó con un fuerte plan de inversiones públicas y un acuerdo con las autodefensas para absorberlas en la guardia rural, un cuerpo bajo control federal. La mayoría de los cabecillas de las partidas populares se sumaron a este pacto que implicaba el registro de armas y la prohibición de portarlas para aquellos que no se integrasen.

Mireles, que en un principio se mostró favorable, se fue distanciando paulatinamente hasta que decidió tomar su propio camino, no sin antes lanzar fuertes acusaciones de connivencia con el narco contra quienes se habían acogido al plan de paz.

Para justificar el apresamiento, el comisionado Castillo, que durante meses hizo la vista gorda ante el hecho de miles de personas portasen armas ilegales en su lucha contra el cartel, enfatizó que “las condiciones en Michoacán habían cambiado” y que Mireles había roto los acuerdos de pacificación. Citó como ejemplo de los progresos logrados que se había sustituido a la práctica totalidad de la policía municipal de Tierra Caliente por su conexión con Los Templarios, y que la nueva guardia rural ya contaba con casi 900 efectivos, con un sueldo de 8.000 pesos al mes, el triple que los anteriores agentes. “No podemos permitir que personas por la libre confronten flagrantemente al Estado”, remachó Castillo.

La detención de Mireles no ha generado grandes olas de apoyo, pero sí que ha vuelto a poner sobre el tapete uno de los compromisos incumplidos del Gobierno central: la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de Los Templarios. Su captura es una reclamación general en Michoacán. Y el hecho de que siga libre y mostrando su poder a diario da argumentos a los partidarios de Mireles. “Yo no sé el señor Castillo con qué autoridad habla de romper acuerdos, si él ha roto todos y cada uno de los que ha hecho en Michoacán desde que llegó, empezando por la soberanía del Estado”, señaló la abogada de Mireles.

Esta no es la primera vez que el Gobierno federal pone entre rejas a un líder de la revuelta popular michoacana. El mes pasado quedó en libertad el levantisco Hipólito Mora, fundador de las autodefensas y cabecilla de la policía comunitaria de La Ruana. Había sido arrestado en marzo bajo la acusación de planear el asesinato de dos miembros de las milicias. Ambos fueron emboscados y quemados. El caso contra Mora, cuya rivalidad con los fallecidos era conocida, se sustentaba en confusas declaraciones de allegados de las víctimas. El acusado siempre negó las imputaciones. Finalmente se le puso en libertad por falta de pruebas. Mora defiende ahora la vía de pacificación ofrecida por el Gobierno.