China combina represión y ayudas para frenar el separatismo uigur

La Ruta de la Seda. Una tierra de oportunidades. Un territorio rico en recursos naturales. A estos estereotipos de los ciudadanos chinos sobre la provincia fronteriza china de Xinjiang, habitada mayoritariamente por la etnia uigur, vino a sumarse otra imagen muy diferente el 5 de julio de 2009: la de la violencia. Hoy, Xinjiang cumple el quinto aniversario de los disturbios más graves de su historia reciente en una situación más tensa que nunca.

Cinco años más tarde, la situación ha empeorado. En los últimos meses la violencia se ha extendido fuera de la provincia. Si en octubre morían tres personas en el incendio de un vehículo frente al retrato de Mao Zedong en la emblemática plaza pequinesa de Tiananmen en lo que las autoridades calificaron de "ataque terrorista", en marzo 29 personas morían acuchilladas en una estación de tren en la ciudad de Kunming, en el suroeste de China. El Gobierno chino ha atribuido estos incidentes a grupos extremistas procedentes de Xinjiang.

En la propia provincia también han aumentado la violencia. En mayo una explosión en un mercado de Urumqi dejó 39 muertos y más de 90 heridos. Cerca de 200 personas han fallecido en incidentes violentos en el último año, según las cifras oficiales.

El 5 de julio de 2009 un grupo de uigures se lanzó a la calle en Urumqi, la capital de Xinjiang, para protestar por la muerte en una fábrica del sur chino de dos trabajadores de esta etnia, de religión musulmana y emparentada con los pueblos turcomanos de Asia Central. La manifestación degeneró en enfrentamientos entre uigures, miembros de la etnia han -mayoritaria en China, y que se ha implantado rápidamente en Xinjiang en los últimos veinte años atraída por el crecimiento económico- y personal de las fuerzas de seguridad. Cuando la situación quedó bajo control el balance oficial de víctimas era de 197 muertos y más de 1.700 heridos.

Disturbios de aquellas dimensiones no se han vuelto a repetir desde entonces. Pero marcaron un antes y un después. “El 5 de julio representó el punto de inicio de una nueva etapa histórica, que se puede clasificar como ´nueva etapa de conflictos”, señala el periodista y experto en Xinjiang Ouyang Hongliang.

Los uigures denuncian factores como la desigualdad económica o lo que consideran discriminación han en el ámbito laboral, o contra su cultura, religión y su lengua. Mencionan, como ejemplo, la prohibición que cada año impone Pekín a los funcionarios, miembros del partido, estudiantes o profesores de ayunar durante el mes musulmán del Ramadán, que este año coincide con el aniversario de los disturbios. El Gobierno chino asegura que sus políticas buscan beneficiar a los uigures y culpa de la violencia a lo que considera injerencias del extremismo extranjero.

Según la organización Congreso Mundial Uigur, que agrupa a los representantes de esta etnia en el exilio, el aniversario “revela cómo las relaciones entre uigures y han se han deteriorado a raíz del gran influjo de colonos chinos en la región en las últimas dos décadas (...) Como el Estado sigue siendo el árbitro principal de la situación actual, también tiene la capacidad de lograr una solución pacífica al conflicto y reconocer el padecimiento del pueblo uigur. La paz sólo se puede alcanzar mediante el diálogo constructivo y colaborador entre las dos partes”.

Por su parte, la agencia oficial china Xinhua -el único medio estatal que se ha hecho eco de la conmemoración- asegura que “son los terroristas y extremistas los que llevan a la ancestral cultura uigur al peligro de la extinción”. “La batalla de China contra el terrorismo en Xinjiang es parte de la guerra mundial contra el terrorismo. Ganar esta batalla es proteger la cultura uigur”, agrega.

Pekín ha respondido a la violencia con una “mano de hierro” en la región. En los últimos meses se han producido centenares de detenciones, numerosas ejecuciones y condenas y juicios masivos. Las autoridades ofrecen suculentas recompensas, que pueden llegar a los 5.000 euros en una provincia donde el salario mínimo mensual no supera los 200 euros, por informaciones que permitan la detención de sospechosos.

Al mismo tiempo, ha aumentado su asignación de recursos a la provincia, para tratar de combatir la pobreza -mucho mayor entre los uigur que entre los han- que considera cuna del terrorismo.

Las medidas económicas que ha puesto en marcha Pekín son variopintas. Abarcan desde subsidios a los uigur hasta la construcción de viviendas o infraestructuras como el tendido de tren de alta velocidad entre Urumqi y Lanzhou, en el oeste chino. Incluso la oficina de turismo de Xinjiang llegó a ofrecer 500 yuanes, unos 70 euros, a quienes viajaran a la región.

Pero por el momento, persiste la desconfianza mutua entre las dos comunidades. Y la presencia policial sigue siendo más visible en las calles durante el aniversario.