La Fiscalía chilena hurga en la trama de financiación ilegal

El mayor caso de corrupción que se haya destapado en Chile, y el que hasta ahora ha llegado más lejos por la importancia de sus implicados, comienza hoy una etapa clave. Después de que la justicia chilena determinara el sábado la prisión preventiva para los dos dueños del grupo Penta, acusados de delitos tributarios y soborno, la Fiscalía se centrará en la arista política de la causa y prepara interrogatorios a los cerca de 10 dirigentes, sobre todo del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), involucrados en esta trama de fraude al fisco y de financiamiento ilegal de campañas políticas que ha causado una amplia expectación pública.

“Hay una serie de diligencias que vamos a hacer y no descartamos formalizar si es que es procedente”, indicó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. Después de tres días de formalizaciones a los dueños del grupo, ejecutivos de primera línea de la empresa y exfuncionarios públicos, el magistrado Juan Escobar realizó el sábado una detallada justificación respecto de las medidas cautelares solicitadas por los acusadores y envió a prisión a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, empresarios de primera línea del sector privado, con redes políticas y de amistad con el conglomerado de derecha. Con el argumento de que su libertad resulta peligrosa para la sociedad, “por haber actuado en grupo o pandilla”, el juez también decretó el encarcelamiento de otros cuatro implicados: los exgerentes de la compañía Marcos Castro y Hugo Bravo, el exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner, y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez, que se encuentra privado de libertad desde septiembre pasado.

Además de criticar las bajas sanciones de los delitos por corrupción en Chile, el magistrado también decretó que la Fiscalía tiene un plazo de cuatro meses para investigar la máquina para defraudar al fisco que Penta puso en marcha. Luego comenzará el juicio. En estos 120 días, sin embargo, el Ministerio Público también tiene contemplado dedicarse de lleno a la arista política de este caso, que es la de mayor sensibilidad pública. En las jornadas de formalización que arrancaron el miércoles, han sido nombrados al menos 10 dirigentes a los que Penta financió durante la campaña presidencial y parlamentaria de 2013, generalmente a cambio de honorarios por trabajos que no fueron realizados. De los involucrados, ocho son militantes de la UDI, de los cuales tres resultaron electos y conforman actualmente el Parlamento chileno. Entre los nombrados también se encuentra un dirigente histórico del otro partido de derecha, Renovación Nacional (RN), y un precandidato presidencial de centroizquierda, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

La resolución de los tribunales chilenos de enviar a prisión a seis involucrados en el caso Penta generó inmediatas reacciones políticas y del mundo empresarial. La presidenta Michelle Bachelet, afectada en las últimas semanas por los polémicos negocios de su hijo y de su nuera, que también son investigados por la Fiscalía, señaló que la determinación del Poder Judicial demuestra que en Chile “las instituciones funcionan y funcionan para todos”. Desde el sector privado, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Sofofa, una de las principales agrupaciones de empresarios, que señaló que los hechos investigados “revisten la máxima gravedad para el país”. “Suponen graves faltas contra la ley y la ética, que dañan la confianza pública y no se pueden volver a repetir”, indicó el líder del organismo, Hermann von Mühlenbrock.

Inmediatamente después del anuncio del magistrado Escobar, los implicados en el caso Penta ingresaron en la Cárcel de Alta Seguridad de la capital chilena, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre los recursos presentados por las defensas. La detención de los controladores de la compañía, que podrían estar encarcelados los cuatro meses de investigación y que se arriesgan hasta a 15 años de cárcel, ha representado una señal inédita de la Justicia. Según los abogados defensores, la medida esconde un mensaje contra los poderosos: el grupo tiene una malla de negocios relacionados con la salud, el área financiera, inmobiliaria, de desarrollo y de la tecnología que lo posiciona entre los principales holding de este país sudamericano.

“Emitían boletas o facturas que daban cuenta de servicios que no fueron realizados, en algunos casos por familiares de los imputados, en otras por secretarias de los mismos, dineros que eran defraudados y utilizados en algunos casos para campañas políticas de cargos de elección popular”, argumentó el fiscal.